La Federación Judicial Argentina (FJA), integrante de CLATE, rechazó la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de asumir la presidencia del Consejo de la Magistratura, órgano multisectorial que se encarga de designar y remover a los jueces, así como de administrar el presupuesto del Poder Judicial.
Para la organización que nuclea a los trabajadores y trabajadoras judiciales de Argentina, esta decisión “abre una profunda crisis institucional de consecuencias impredecibles”.
“La Corte contradice un fallo anterior propio, en el que disponía que el Consejo sólo debía funcionar luego de la integración de un representante de la Cámara de Diputados y otro de la de Senadores”, afirma la FJA mediante un comunicado. “Además, se toma la atribución de decidir en una cuestión de la que es parte directamente interesada, tal es la posibilidad de presidir el Consejo de la Magistratura”, añade.
Según la federación, esto podría configurarse incluso como “golpe institucional” ante “la evidente desmesura en la auto-atribución de facultades, que invade funciones propias de otros poderes y vulnera flagrantemente el orden constitucional”.
Para el secretario general de la FJA, Matías Fachal, esta situación “es de una gravedad institucional inusitada” y es suficiente causa para la apertura de juicio político a los altos magistrados y su inmediata remoción. “Urge democratizar el Poder Judicial”, destacó.
«La reforma del Consejo de la Magistratura que pretende imponer la Corte Suprema de Justicia de la Nación sólo profundiza la disputa entre corporaciones por el manejo presupuestario y las designaciones de magistrados/as y personal, porque no plantea la democratización del Poder Judicial como necesita nuestro pueblo”, expresó el dirigente, quien además es secretario alterno de Formación de la CLATE.
“Volver a darle la presidencia de ese órgano al presidente de la Corte es remontarse al oscurantismo de la mayoría automática. Ya vimos esta película hace más de 20 años y sabemos cómo termina», sostuvo Fachal.
«El Poder Judicial es el último reducto conservador del establishment en el Estado para impedir cualquier transformación de la realidad. Cada dos, tres o cuatro años, votamos a nuestros representantes en los legislativos y ejecutivos nacionales, provinciales y locales. A nuestros dirigentes sindicales, centros de estudiantes, consejeros escolares, hasta a las autoridades del club de barrio o del centro de jubilados. Pero, sin embargo, nos niegan la integración popular y democrática en la selección y designación de quienes, durante 30, 40 y 50 años definen con sus fallos cada detalle de nuestra vida cotidiana», finalizó el titular de la FJA.
