La concejal brasileña Marielle Franco, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), y el chofer Anderson Pedro Gomes fueron asesinados a balazos en la noche de este miércoles 14 de marzo en el barrio Estacio, en el centro de Río de Janeiro. Marielle, de 38 años, era reconocida por su lucha por los derechos humanos y había sido nombrada como relatora para controlar la intervención militar decretada por el presidente Michel Temer en ese estado. El domingo había denunciado en las redes sociales el accionar violento de la Policía Militar en un operativo en la favela de Acarí.

El titular de la CSPB, João Domingos Gomes dos Santos, clasificó el hecho como «una tragedia intolerable» y “un cobarde acto de barbarie”, que no puede ser confundido con un crimen común. “Este asesinato nos demuestra que estamos viviendo no sólo una lucha de clases entre la élite y la pobreza, sino que estamos casi en un estado de guerra civil, donde hay un Estado paralelo y un Estado omiso y ausente”, manifestó el dirigente.

Domingos afirmó que Marielle “era una líder social, una referente de la lucha contra la discriminación de las minorías y una militante de la causa negra”. Además, agregó que “era una política altamente cualificada” y recordó que fue la quinta concejal más votada de la ciudad en las elecciones de 2016, con más de 46 mil votos de su comunidad.

“Marielle tuvo la tuvo la valentía de denunciar el crimen organizado, representado por las milicias, organizaciones paramilitares, que bajo el pretexto de sofocar el narcotráfico en las favelas se terminan convirtiendo en organizaciones criminales y están ligadas al aparato policial del Estado”, explicó el dirigente.

Los hechos

 Marielle Franco regresaba del barrio de Lapa, donde había participado del acto “Jóvenes negras moviendo la estructura”, cuando un automóvil se puso a un costado de su vehículo, le disparó varios tiros y se dio a la fuga. La concejal y el conductor fallecieron en el acto, mientras que una asesora de prensa que estaba en el vehículo fue herida sin gravedad.

La policía de Rio de Janeiro investiga el caso y trabaja con la hipótesis de una ejecución. La policía identificó al menos nueve tiros en la carrocería y los vidrios del vehículo. Actos y movilizaciones fueron convocadas este jueves en las principales ciudades de Brasil para repudiar este asesinato, que causó conmoción en todo el país y en el mundo.

Hace dos semanas, Marielle Franco asumió la función de relatora de la Comisión de la Cámara de Concejales de Río,
creada para vigilar la actuación de las tropas a cargo de la intervención militar decretada por Temer, una medida sin precedentes desde el retorno de la democracia en 1985. El 10 de marzo, denunció en las redes sociales una
operación policial en la favela de Acarí. «El 41 Batallón de la Policía Militar está aterrorizando y violentando a los habitantes de Acarí (..). Es algo que ocurre desde siempre y con la intervención es peor», escribió.

Discurso fascista

El titular de la CSPB manifestó su preocupación por el “recrudecimiento del discurso fascista” en el país. “Las redes sociales se llenaron de mensajes racistas y, sobre todo, fascistas, apoyando este asesinato y criminalizando la lucha social. Estamos bajo una fuerte influencia del discurso y la práctica fascista en Brasil”, expresó. 

Y agregó: “Este es un año electoral y estamos en un momento crucial. ¿Quién va a vencer? ¿El discurso fascista creciente en Brasil o la reacción de la sociedad brasileña en contra de esta avalancha cruel representada por el gobierno Temer por medio de sus instituciones políticas? Esta es la dimensión de esta tragedia humana”.

Otras reacciones

El presidente de la Federación de Servidores Públicos del Estado de Río Grande do Sul (FESSERGS) y secretario general adjunto de CLATE, Sergio Arnoud, manifestó “su total repudio a la brutal ejecución de la concejal”, a quien calificó como una “importante líder asesinada en el mes de la mujer”.

“Este feminicidio, ocurrido durante la demagógica intervención militar federal, demuestra el fracaso del Estado Mínimo, donde los recursos públicos son canalizados al sistema financiero. Y lo poco que sobra es secuestrado por la corrupción. ¡Exigimos justicia, combate a la corrupción y más Estado!”, expresó la FESSERGS, afiliada a la CSPB, por medio de un comunicado.

Asimismo, Julio Fuentes, presidente de CLATE condenó «la violencia política en Brasil contra los movimientos populares que se inicia con la destitución de la presidenta legítima Dilma Rousseff, continua con el intento de proscripción de la candidatura presidencial de Lula da Silva y se extiende con la persecución y asesinato de líderes sociales».