La
dirigente, de 43 años y madre de cuatro hijos, obtuvo en abril del 2015 el
premio Goldman, el mayor reconocimiento mundial en materia de defensa del medio
ambiente. La distinción fue fruto de la valiente lucha que encabezó Berta Cáceres entre 2013 y 2014, y que finalmente impediría
la edificación de una represa hidroeléctrica en el occidental río Gualcarque,
sagrado para los Lenca, comunidad a la que pertenecía. La iniciativa tenía el aval
de nada menos que el Banco Mundial, y pretendía ser ejecutada por la estatal
china Sinohydro, una de las más grandes constructoras mundiales, asociada a
capitales nacionales como la empresa hondureña DESA (Desarrollos Energéticos
SA).
Desde un
principio el proyecto no sólo afectaba directamente al pueblo Lenca y su
territorio, sino que había comenzado sin consulta previa, violando de este modo diversos tratados internacionales (Convenio 169
de la OIT) que protegen los derechos de los pueblos originarios. En respuesta
los pobladores bloquearon rutas para
impedir el paso de las maquinarias para la construcción de la represa. Tras 21
meses apostados -resistiendo intentos de desalojo y la violencia ejercida por
la seguridad privada de las empresas y las fuerzas armadas-, finalmente campesinos
y trabajadores consiguieron la paralización y suspensión de la obra.
Cáceres, cofundadora en 1993 del Consejo
de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), también luchó contra otros
proyectos de represas, uno en el mismo río de Agua Zarca, de la empresa
estadounidense y canadiense Blue Energy, que igual que la primera violentaba el
ambiente y también el convenio 169 de la OIT, que exige la consulta libre,
previa e informada a los pueblos indígenas ante iniciativas que afecten sus
territorios ancestrales.
Ya hacía
tiempo que Cáceres venía denunciando abusos
de empresas transnacionales en su país y mantenía su lucha a pesar de las
constantes amenazas. Incluso una semana previa a su homicidio denunció en conferencia
de prensa las amenazas sufridas.
«En
este país impune, responsable de graves violaciones de derechos humanos, los que luchamos por la tierra, por el
agua, por el territorio para la vida, para que no caiga en manos privadas y sea
destruido, ponemos la vida en riesgo. Aquí es muy fácil que a uno lo maten.
El coste que pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que tenemos una
fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que
estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de
luchar», había afirmado Berta Cáceres en junio de 2015.
Cerca de la
una de la madrugada de este jueves 3 de marzo, desconocidos entraron en su vivienda
de la ciudad de La Esperanza, cabecera del suroccidental departamento de
Intibucá. La activista fue asesinada en
su casa a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había
instado al Gobierno en 2009 a brindarle una protección policial que no recibió.
El riesgoso afán por defender lo
propio
Según el
informe de Global Witness, en 2014
fueron asesinados 116 activistas medioambientales en 17 países, un 20% más que
en 2013. Esto implica que más de dos personas mueren cada semana en el
mundo por defender sus tierras, sus ríos o sus bosques frente a la explotación.
En dicha investigación, titulada «¿Cuántos más?», señala a Honduras como el país más peligroso per
cápita para estos activistas. 40% de los asesinados son miembros de pueblos originarios,
como el Lenca, al que pertenecía Berta Cáceres. En el mismo sentido, el
informe de Frontline Defenders, documenta que en 2015, por lo menos, 156
defensoras y defensores de derechos humanos fueron asesinados.
En los
últimos años, al uso excesivo e ilegal de
la violencia por parte de las fuerzas policiales y militares de Honduras, se
sumó el auge de numerosas empresas de seguridad privada. Y no es casual: Según
la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (OHCHR), el
número de guardas de seguridad privados es cinco veces superior al de policías,
existen unas 700 empresas de este tipo en el país y la mayoría de ellas
pertenecen a antiguos altos cargos de la policía o el ejército.
