«Si no se van en 5 o 10
minutos, los vamos a sacar» fue una de las mas desatinadas
frases que esgrimió durante la última semana Patricia Bullrich,
ministra de Seguridad del gobierno nacinoal que encabeza Mauricio
Macri. La funcionaría, que allá por 2001 en el cargo de Ministra de
Seguridad Social redujo un 13 por ciento los salarios de estatales y
las jubilaciones, viene defendiendo a capa y espada este intento
ilegal de disciplinar la protesta social.

Desde ATE, la CTA y la CLATE ya
se ha tomado una postura de total rechazo frente a esta maniobra del
Gobierno, que sin lugar a dudas entra en una abierta oposición a
derechos y garantías constitucionales, y a Tratados internacionales
de Derechos Humanos con rango constitucional.

“Es un engendro”

“En primer lugar, estamos ante
una medida del Gobierno que es ilegal porque en el ordenamiento
jurídico argentino no existe la figura del protocolo”, indicó
Juan Carlos Capurro, y agregó: “No se puede legislar mas que a
través del Congreso Nacional, y mucho menos por medio de una
creación ficticia, como en este caso”.

El reconocido abogado penalista
entiende que el “protocolo antipiquetes” carece de legalidad, y
que el mismo “está buscando pasar por encima la legislación de
nuestro país”.

Este protocolo habilita a las
fuerzas de seguridad a reprimir sin orden judicial basándose en el
artículo 194 del Código Penal impuesto por la dictadura de Onganía
e intentan cercenar el derecho a la protesta, dándole más poder de
fuego a las fuerzas de seguridad para reprimir cualquier
manifestación social.

Como elemento punitivo, el
protocolo advierte que ante un corte se aplicará las penas del
artículo 194 del Código Penal o las contravenciones previstas en
cada jurisdicción. El artículo 194 establece que «será
reprimido con prisión de tres meses a dos años» el que
«impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de
los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de
comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias
energéticas».

“El artículo 194 ya fue
declarado inaplicable en abundante jurisprudencia de todo el país.
Incluso a partir de acciones judiciales que hemos iniciado desde ATE
y CTA, donde la justicia ha fallado a nuestro favor”, detalló.

“El protocolo se subleva contra
el Poder Judicial”

“Las distintas instancias
judiciales, e incluso la Corte Suprema, deberán expedirse en
relación a la constitucionalidad de este llamado protocolo. Sin
embargo, y esto es lo mas aberrante, ni siquiera se trata de una Ley
o reglamentación de Ley votada por el Congreso. Y entendemos que
esto es lo primero a destacar: pretenden decir cómo y de qué forma
debe actuar la policía, cuando esta es una potestad constitucional
de los jueces a partir de la legislación existente”, explicó
Capurro, y sentenció: “Por lo tanto, este protocolo se subleva
contra el Poder Judicial al intentar desviar facultades que sólo
corresponden a un juez”.

Grave atentado a la libertad de
prensa

Fueron numerosos los actores
sociales y organizaciones del campo popular que en pocos días ya
rechazaron el protocolo. Incluso el Sindicato de Prensa de Buenos
Aires (SiPreBA) dio a conocer un comunicado donde repudia el mismo.
El pronunciamiento fue aprobado por unanimidad durante la segunda
asamblea general de la organización que se realizó en la sede de
ATE Nacional. “Particularmente nos preocupa que se busque la
censura como forma de cobertura para el proceder violento de la
policía. Según la nueva disposición “para los medios de
comunicación se establecerá una zona determinada, donde se
garantice la protección de su integridad física, y no interfieran
con el procedimiento”. Los trabajadores de prensa no aceptamos
“liberar la zona” para que la policía reprima sin que queden
evidencias. No nos van a encerrar en un corralito”, afirma el
documento emanado de dicha asamblea.

“Son muy graves las
restricciones que ponen al periodismo. Lo que se quiere hacer es
encubrir las eventuales comisiones de delitos por parte de fuerzas
de seguridad. Me refiero concretamente a tapar imágenes o
testimonios que documenten hechos represivos”, explicó Capurro.

“En los últimos tiempos hay
dos casos clave que reflejan cuál es el lugar que pueden ocupar los
medios de comunicación en el esclarecimiento de delistos como estos.
Uno fue la “Masacre de Avellaneda”, donde gracias al fotógrafo
Pepe Mateos pudimos verle la cara y enjuiciar a los asesinos de los
dirigentes sociales Maximiliano Kosteki y Darío Santillan; y el otro
fue el homicidio de Mariano Ferreyra, a manos de una patota de la
burocracia sindical amparada por las fuerzas de seguridad. En ambos
casos fueron los registros periodísticos los que impidieron que se
mienta y manipule la verdad”, relató el abogado penalista.

En otro hecho mas cerca en el
tiempo, Capurro recordó: “El otro día en la “villa 11-14”
pasó lo mismo: Gendarmería disparó de forma deliberada y con saña
contra unos niños que ensayaban con su murga, y fue gracias a las
fotos y videos de los vecinos que se demostró que ahí no había
razón alguna para utilizar la fuerza policial, y mucho menos de
aquella forma”.

“Se está buscando perfeccionar
la cadena de encubrimiento”, fustigó, y agregó: “Si lo que
buscan es que sólo exista una versión oficial de los hechos,
estamos en un problema grave”.