Una ola de protestas fue desatada en el país a partir del primer intento de aprobación del presupuesto nacional 2021. Si bien, las manifestaciones pausaron la aprobación de este, fueron severamente reprimidas en el país agudizando los niveles de inestabilidad en el país. La crisis sigue abierta.

El Congreso, en su mayoría integrado por sectores oficialistas y partidos afines al presidente Alejandro Giammattei, aprobó el pasado martes un presupuesto de casi 12.800 millones de dólares. Si bien no contemplaba medidas de inclusión social, educación y salud en el marco de la pandemia que viene dejando un saldo de más de 4000 muertos y 120 mil contagiados, si incluía partidas para la obra ligadas a empresas constructoras.

Durante el transcurso del fin de semana, miles de guatemaltecas y guatemaltecos se movilizaron exigiendo la renuncia del presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei. Por otra parte se llevó adelante la toma del parlamento, que fue incendiado en repudio al presupuesto nacional.

En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas solicitó al Gobierno de Guatemala que inicie una investigación frente a las protestas del día sábado, en las que hubo un uso excesivo de las fuerzas policiales en la represión a los manifestantes.

Arturo Mesías Ortiz, Secretario general de Federación Nacional de Trabajadores Estatales de Guatemala (FENASTEG), miembro de CLATE, al ser consultado expresó que “las protestas en Guatemala tienen su origen en la falta de transparencia en las políticas de Gobierno, la opacidad en el manejo de presupuesto asignado  para hacerle frente a la pandemia de Covid-19, las crisis generadas por las variables climatológicas Eta y Lota… A esto se suman, las divergencias de poder entre el presidente y el vice presidente de la República: la creación de una oficina denominada centro de Gobierno, dirigida por personas de confianza del presidente con salarios exagerados y que ahora le amplían su presupuesto, lo cual lesiona la institucionalidad del Estado de Guatemala”.

El dirigente de una de las organizaciones miembro en Guatemala, Mesías Ortíz, señaló que “la aprobación de presupuesto para el 2021 en el que los puntos de discordia para la población lo constituyen las disfunciones de asignaciones en los que le quitan presupuesto a la Universidad de San Carlos, que es el ente público de la educación superior, a la Procuraduría de los Derechos Humanos, Organismo Judicial, al Ministerio de Salud, y se asignan presupuestos dudosos en su manejo a organizaciones en las que evidentemente se favorece al clientelismo y el pago de favores a los referentes políticos de la actual administración”.

“Se presume que se infiltraron agentes de Seguridad del Estado disfrazados de manifestantes, por la falta de acción para evitar el vandalismo e incendios, lo que género actitud silenciosa y cómplice con estos hechos de destrucción del patrimonio público y privado, provocando la captura de más de 40 manifestantes y otros llevados a centros hospitalarios ante la violencia generada para repeler la protesta, por parte de la fuerza pública”, señaló. Y agregó que “a esta hora el Congreso de la República se vio obligado a retirar el presupuesto que genera discordia y provocó la protesta, pero esto sólo es la punta del iceberg, por el momento se espera que se escuche las divergencias y correcciones de dicho proyecto de presupuesto”.