Las calles de Haití son el escenario de protestas que exigen la dimisión del presidente Jovenel Moïse acusado de corrupción y desfalco. La respuesta oficial fue la represión. “El pueblo no puede vivir más así”, exteriorizó el dirigente de la CLATE, Jean Bonald Golinsky.

Por Mariano Vázquez (@marianovazkez)

¿Cuánto tiempo más la ciudadanía haitiana será rehén de un saqueo planificado por potencias ocupantes y gobiernos títere? ¿Cuánto tiempo más las mujeres y hombres que parieron la primera nación libre de América Latina serán carne de cañón de la violencia extranjera y local, de Estados Unidos y las misiones “humanitarias” de los organismos internacionales, de la policía, del narcotráfico, de las agencias privadas de seguridad y las mafias organizadas? No se trata de folclorizar a esta nación caribeña, por el contrario, entender que su población civil ha sido víctima desde la ocupación estadounidense de 1915 y que no le han permitido su legítima emancipación.

El gobierno de Moïse comenzó mal. Fue electo a fines de 2016 en un proceso turbio, que incluyó la suspensión de la segunda vuelta electoral sumado a la magra participación del 18 por ciento del padrón en la primera ronda. Dos años y medio después el fracaso es elocuente.

Mientras el país acumula una inflación récord, la devaluación constante de su moneda (gourde), el desempleo galopante, el costo de vida asfixiante y la ausencia de servicios básicos dignos, en las calles el pueblo se rebela en las barricadas callejeras, en los piquetes, en las huelgas masivas dejando la vida por bala policial, el presidente se aferra a su cargo solo por el sustento internacional.

Jean Bonald Golinsky, presidente de Confederación de Trabajadores del Sector Público y Privado (CTSP), quien está amenazado de muerte, dialogó con el portal web de la CLATE sobre la situación en Haití: “Moïse no tiene apoyo de la población, pero se sostiene en el poder porque lo apoyan Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Argentina, Brasil”.

“Ya no podemos seguir así, no hay trabajo, la administración pública no funciona, los niños no pueden ir a la escuela, la comida es muy cara. El país está totalmente paralizado por la ineptitud del gobierno”, denunció Golinsky.

Hace un año se produjeron los disturbios en la capital Puerto Príncipe por el alza del precio de los hidrocarburos que pretendía imponer el Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde entonces, cíclicamente, la rebelión social crece. Este mes de junio las protestas aumentaron exponencialmente luego de que la Corte Superior de Cuentas emitiera un informe que involucra a la empresa Agritrans de Moïse, a la que acusó de recibir millones de dólares de Petrocaribe (que suministra petróleo a Haití a precios preferenciales) para la ejecución de proyectos que nunca puso en marcha. Una red que además abarca a funcionarios que se beneficiaron con este desfalco.

El informe indica que entre 2008 y 2016 el Poder Ejecutivo malgastó 2.000 millones de dólares de Petrocaribe.

La socióloga y politóloga Sabine Manigat, de la Universidad Quisqueya, en una entrevista que le realizó Pablo Stefanoni y publicada en la revista Nueva Sociedad, explica que “la relación con Venezuela, ha sido una de ayuda fraterna por parte de un país que por razones históricas ha manifestado una solidaridad especial con Haití. El régimen chavista no solo se negó a participar militarmente en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) sino que contribuyó en varios proyectos de desarrollo social y propuso el programa Petrocaribe. Acerca del uso de esos fondos falta información. El informe de la Corte Superior de Cuentas lista obras nunca realizadas o incompletas, como los diez complejos deportivos no funcionales, el mercado de pescados en la capital cuya construcción se interrumpió, un viaducto apenas esbozado… Esas estafas y malas prácticas involucran a personalidades e instituciones pertenecientes al más alto nivel del aparato estatal, incluido el Presidente”.

Golinsky agrega un dato fundamental a la subsistencia del presidente haitiano: “Lo apoyan porque Moïse ha apoyado el ataque y desestabilización contra la República Bolivariana de Venezuela, y ha mostrado, como quería la OEA y los Estados Unidos, el apoyo a Juan Guaidó”. Y amplia: “El apoyo al golpe de la OEA de Luis Almagro contra el presidente Nicolás Maduro le sirve a Moïse para seguir sosteniéndose a toda costa en el poder”.

El dirigente asegura que “desde la llegada de Moïse al gobierno de Haití, el país se ha vuelto más débil, no hay trabajo, y los que tienen un salario no alcanza, es miserable”.

El presidente de la CTSP explica que “los trabajadores públicos solicitamos un aumento del salario porque las condiciones de vida son cada vez más difíciles, la crisis económica es honda y afecta principalmente a los trabajadores, por eso que decimos que este presidente se tiene que ir”.

Los números de Haití son catastróficos. Con once millones de habitantes, es la economía número 144 del mundo por volumen de su Producto Bruto Interno (PBI).

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país, lo ubica en el puesto 169 sobre 189 países.

El Índice de Percepción de la Corrupción del sector público dice que Haití está en el puesto 161 de 180 países analizados.

El 59% de la población es pobre. El 41% de su población está desempleada. Dos tercios subsisten en empleos informales.

Estos números demuestran, como lo dice Golinsky Fatal, que “hay que cambiar el modelo económico-social que aplica políticas de hambre y para eso el presidente debe irse ya”.