La orden de despejar el bloqueo selectivo que distintas organizaciones
sociales mantenían allí desde hace unos días, con el objetivo de impedir
el paso de camiones con insumos para el yacimiento de Bajo La
Alumbrera, fue impartida por la fiscal Silvia Alvarez, a pesar de que la
manifestación tenía lugar en el cruce de las rutas nacionales 40 y 60,
en jurisdicción federal.
En un hecho que generó actos de repudio en varios puntos del país,
tras ser desalojados del campamento que habían montado hace 12 días en
Cerro Negro, aproximadamente 40 ambientalistas fueron obligados a
subirse a un colectivo para ser «escoltados» por una fuerte custodia
policial hasta fuera del territorio catamarqueño. En tanto, tras el
desalojo otros manifestantes se trasladaron hasta la cercana localidad
de Tinogasta, mientras que un tercer grupo terminó refugiándose en San
Blas de Los Sauces, provincia de La Rioja.
«Vino una fiscal con una orden de desalojo del Poder Judicial de la
provincia, mientras había una patota traída para agredir a los
asambleístas. Estaban claramente en connivencia con la policía, y nos
tuvimos que bajar de la ruta porque si nos oponíamos iban a desalojarnos

con la policía y la patota. Lograron su objetivo de hacer pasar un
camión con explosivos que estaba en la ruta (lo que además es ilegal)»,
relató Alejandro Pérez, uno de los asambleístas.
El joven, quien más tarde fue obligado a permanecer en un ómnibus
junto a otros asambleístas para ser escoltados por la policía hasta que
abandonen territorio catamarqueño, denunció que «hubo patotas y gente
traída bajo presión para presionar a la asamblea. Hay algo de impotencia

pero la lucha está acompañada en todo el país y va a continuar,
vamos a mantener la dignidad bien en alto», agregó.

La patota de Alumbrera
A su turno, Darío Moreno, integrante de la Asamblea Nacional Cerro
Negro, relató a EL SIGLO que «una patota de unas 80 personas al servicio

de Minera Alumbrera junto a la infantería provincial nos desalojaron y
nos obligaron a movernos de la ruta hasta el campamento, pero después
empezaron a arrojarnos piedras y otros elementos. Más tarde, nos
obligaron retirarnos de Catamarca con una escolta policial para
llevarnos más allá de La Rioja», acotó.
Según Moreno, «se produjo el desalojo con una orden firmada por la
Fiscal catamarqueña Silvia Alvarez, con el aval del subsecretario de
Seguridad de la provincia Juan Pablo Morales, pese a que estábamos
realizando un bloqueo selectivo en rutas nacionales, por lo que con esta medida
claramente violaron jurisdicción de la Justicia Federal.
Quisieron meterme preso junto a otros compañeros. Estamos ante un grave
problema», lamentó Moreno.
Por su parte, la asambleísta Eugenia Murcia, en diálogo con la
agencia Noticias Argentinas, aseguró: «La mayoría de las personas que
estaban en el acampe fueron llevadas a San Blas de los Sauces, en La
Rioja, pero el último grupo que iba en colectivo fue interceptado y
agredido a piedrazos y golpes por una patota pro minera».
Al cierre de esta edición, se había perdido por completo el contacto
telefónico con los representantes de las organizaciones sociales y
ambientales que mantenían el bloqueo en Cerro Negro «en defensa del agua

y del medio ambiente» y «en contra de la megaminería contaminante»,
como consignas principales.
De acuerdo a las últimas noticias, los asambleístas iban a ser
escoltados por las fuerzas de seguridad, hasta la provincia de Córdoba
(atravesando la provincia de La Rioja) para luego ser puestos en
libertad. Del “operativo de expulsión” de los manifestantes que
protestaban contra Minera Alumbrera participaron móviles de la Policía
de Catamarca y de La Rioja (cuando el colectivo atravesó ese
territorio), conjuntamente con una camioneta de la Gendarmería Nacional.
Roberto Leguita, inspector principal mayor de la Policía de La Rioja, explicó a
la prensa que el micro que trasladaba a los asambleístas
estaba siendo escoltado “para evitar que haya enfrentamientos” con
grupos que defienden la actividad minera y que en unos 10 vehículos
seguían la marcha de la caravana.

Un desalojo ilegal
El fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
(que tiene jurisdicción sobre nuestra provincia, Santiago del Estero y
Catamarca), Antonio Gustavo Gómez, se mostró «muy preocupado por lo que
está ocurriendo en Cerro Negro».
En este sentido, advirtió que «la Justicia provincial, a través de
una fiscal, decidió intervenir en un territorio nacional, como lo es la
intersección de las rutas 40 y 60, donde la jurisprudencia de la propia
Corte Suprema estableció como exclusiva y excluyente de la Justicia
Federal».
En declaraciones a nuestro diario, Gómez sostuvo que «preocupa que
este tipo de actitudes sean tomadas por la Justicia de Catamarca cuando
la Cámara Federal de Tucumán dijo que los cortes de ruta selectivos no
implican un hecho delictivo. Por si todo esto fuera poco, la
intervención policial contó con el apoyo aparente de fuerzas
para-policiales», agregó el fiscal.
Por otro lado, el fiscal federal aseveró que «el traslado compulsivo
de la gente que estaba en el lugar, subiéndolos a un colectivo para
sacarlos del territorio catamarqueño, vulnera los derechos del libre
tránsito que garantiza nuestra Constitución Nacional».
El magistrado expresó su repudio a «esta nueva manera de avasallar
los derechos ciudadanos» y dijo esperar «que no se vuelvan a repetir,
porque daría lugar a un verdadero conflicto de poderes, entre la
Justicia Federal y la Justicia de la Provincia de Catamarca».
Repudio nacional
El insólito accionar de la policía catamarqueña, por orden de la
fiscal Alvarez, generó actos de repudio en distintos puntos del país.

En Córdoba, manifestantes de distintas organizaciones sociales y
ambientales se concentraron en el tradicional Patio Olmos para expresar
su solidaridad con los manifestantes reprimidos en Catamarca. En tanto,
en Buenos Aires, se produjo una movilización hacia la Casa de Catamarca,

mientras que un grupo de ambientalistas, que adhirió al bloqueo
nacional en Cerro Negro, marchó hasta el Obelisco porteño.
Ayer a la mañana, cuando los rumores de desalojo comenzaban a
circular, dirigentes políticos junto al premio Nobel de la Paz, Adolfo
Pérez Esquivel y organizaciones sociales que participaban de la protesta

contra Minera Alumbrera elevaron sendos planteos a la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación y a la Defensoría del Pueblo.
En el escrito, pidieron «proteger los derechos humanos de las
personas y familias que se encuentran acampando en Cerro Negro» y
exigieron que «cesen los casos de criminalización de la protesta
social».
Además de Pérez Esquivel, acompañaron las presentaciones los diputados
nacionales Jorge Cardelli (Proyecto Sur), Victoria Donda (Libres del
Sur), Roy Cortina (Partido Socialista) y Omar Duclós (Partido GEN).
También adhirieron organizaciones como Colectivo por la Igualdad,

Amigos de la Tierra Argentina y Conciencia Solidaria, entre otras.
El pedido a la Corte de Justicia, que recientemente se pronunció a
favor de la Ley de Glaciares, consiste en «tutelar y proteger los
derechos fundamentales de las personas que ejercen su derecho a
peticionar, a protestar, a reunirse, a manifestarse públicamente, a
proteger la salud y la vida de los habitantes de nuestras comunidades y
cumplen con su obligación de defender al ambiente y la Naturaleza».
* Equipo de Comunicación de la CTA Nacional ?????????? ???????