El próximo martes 5 de febrero a las 9 hs en los tribunales de la provincia los compañeros del CDP mendocino Raquel Blas, Secretaria General y Roberto Macho, Secretario Adjunto, serán sometidos a un juicio oral y público. Se trata de un proceso por supuestas amenazas a funcionarios del Gobierno provincial ocurridas en diciembre de 2009 cuando se
realizaba una asamblea en la Casa de Gobierno.
La venganza de la política contra Raquel Blas, titula una editorial del diario local MDZonline, que explica: Una causa casi sin pruebas pasó todos los filtros institucionales y llegó a juicio oral. Nadie la vio ni escuchó amenazar, pero puede ser condenada. Y esta es la sensación que perciben tanto medios como la sociedad mendocina. Sobre todo porque de todos los presentes aquel 17 de diciembre de 2009, sólo uno atestiguaría que habría escuchado a Raquel Blas decir lo que se le acusa decir.
Los gobiernos y los patrones buscan amedrentar para que los compañeros se atemoricen y abandonen el camino de la lucha, pero no les da resultado, porque la protesta sigue. Hombres y mujeres de todo el país salen a
protestar y a reivindicar mejores condiciones de vida, mejores condiciones salariales y de trabajo, a través de las paritarias. O sea que el reclamo sigue permanentemente a pesar de lo que se busca con esto, que es desalentar la lucha y la organización de los trabajadores y de los sectores populares, aseguró a El Trabajador del Estado Julio
Fuentes, Secretario General de ATE, quien se encuentra en Mendoza junto a otros dirigentes del gremio y la CTA para respaldar y solidarizarse con Blas y Macho. Dicha comitiva nacional, acompañada por los compañeros
internacionales (fundamentalmente de ANEF, Chile), se reunirá este lunes 4 de febrero con los abogados del CDP que representan a los dirigentes mendocinos.
Hugo Godoy, Secretario Adjunto de ATE, calificó el proceso judicial como un mamarracho hasta desde lo jurídico porque no se sostiene en absoluto, y agregó: Está claro que esta es una persecución política más, que
implica la judicialización del conflicto social en búsqueda de presionar a dirigentes sociales y sindicales para que no ejerzamos nuestro legítimo derecho y responsabilidad. Es por esto que una vez terminada esta situación, de la que sin dudas esperamos una resolución favorable, los jueces deberían ser llevados a juicio político por no haber cumplido con sus deberes.
Este tipo de accionar se viene viendo desde que Carlos Menem les dio la orden pública a todos los fiscales de la Argentina de aplicar el código penal a las protestas sociales. Es así como surge este proceso de judicialización de los reclamos sociales en la República Argentina. Y siguen siendo muchos los fiscales y jueces, lamentablemente, cómplices de esta maniobra. A los problemas sociales hay que resolverlos en el plano de la política, con diálogo, y con soluciones y respuestas a los conflictos, y no aplicando un código penal que lógicamente transforma a
los dirigentes sociales en delincuentes, porque ese código no está preparado para resolver un reclamo colectivo, opinó Fuentes. Hay que recordar que durante la visita del Director General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Guy Ryder, hace una semana, ATE transmitió y denunció este y otros casos en los que se sigue obedeciendo la orden perversa que el entonces presidente, Carlos Menem, dio a todos los fiscales.
Además los referentes nacionales de ATE, el martes se sumarán para manifestar
su apoyo Pablo Micheli, Secretario General de la CTA; Silvia León,
Secretaria de Organización CDN ATE; Marta Galante, directora del
Departamento de Igualdad de Género y Oportunidades; Héctor Méndez,
director del Departamento de Relaciones Institucionales del CDN ATE;
Carmen Luz Scaff, Presidenta de la Federación Nacional de Salud Pública
de Chile, y miembro de ANEF (Agrupación Nacional de Empleados Fiscales); Darma López, presidenta de la Asociación Funcionarios de Salud Seremi (Secretaría Regional Ministerial Valparaíso); Normando Ocampo,
Secretario General de ATE La Rioja; Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Río Negro; Hugo Leglise, Secretario General de ATE San Juan; Juan Arroyo, Secretario General de ATE Salta; María Teresa Romero,
Secretaria General de ATE Córdoba; Raúl Varela, Secretario General de ATE San Luis; y Gabriela Arroyo, Delegada Normalizadora de ATE Formosa.
Aquel 2009
El hecho que hizo llegar a Blas al banquillo y a Roberto Macho data de 2009 cuando en una caliente tarde de diciembre los gremialistas se encontraron cara a cara con el ministro de Hacienda, Adrián Cerroni y el subsecretario de Salud, Pedro Masman. El tema de la reunión fue discutir por qué el gobierno no cumplió con un acuerdo paritario
homologado que tenía que ver con los salarios, la provisión de insumos para hospitales y la incorporación de personal contratado.
El acta paritaria se había acordado en abril de 2009 y ocho meses después, desde ATE, hartos del incumplimiento, fueron a Casa de Gobierno.
En ese encuentro, Masman aseguró que escuchó la siguiente frase de parte de
Blas: «Si esto no lo arreglan, voy a salir a hablar con la gente afuera, que ya están rompiendo cosas, y no sé lo que puede llegar a pasar acá arriba». El subsecretario de Salud es la única persona que como testigo confirmó estas supuestas amenazas.
PRENSA ATE 04/02/2013
