PRIMERO. El pasado jueves 8 de noviembre de 2012 hubo una manifestación
ciudadana, con presencia de personas de distintas partes del país,
incluyendo población campesina, mujeres, niños y niñas, que tomaron
parte de su tiempo para defender lo que es de todos y de todas: la
Seguridad Social y enfatizar en la grave situación que ésta enfrenta.
Como lo documenta diversa información periodística, esta manifestación
ciudadana fue atendida con violencia.

SEGUNDO. Las decisiones político-policiales adoptadas por las autoridades, tanto del Ministerio de Seguridad Pública como desde la propia Casa
Presidencial, para emplear a efectivos de la Fuerza Pública contra los y las manifestantes, merecen nuestra más enérgica condena; a la vez que
reiteramos que nuestra Patria necesita y merece una Policía Civilista,
de alto profesionalismo y bien remunerada.

TERCERO. Una Fuerza Pública de estas características requiere la invocación
persistente y respetuosa al diálogo; la tolerancia y paciencia
franciscana ante todos los episodios de la manifestación de orden
pacífico; la inmutabilidad ante los exabruptos verbales que pudieran
(aunque no necesariamente), ocurrir. En suma, la Fuera Pública lejos de
coaccionar, debe permitir la expresión libre de la queja ciudadana.

CUARTO. Los deplorables hechos que comentamos reflejaron exactamente lo
contrario. En consecuencia, los altos mandos policiales y
gubernamentales le deben a la ciudadanía una explicación de los
fundamentos que tuvieron para emitir la orden de reprimir, que llevó al
enfrentamiento violento contra la gente en manifestación.

QUINTO. Desde hace años, la Avenida Segunda ha sido la vía en que, por
excelencia, transita la gente que, con base en diversas motivaciones,
ejerce lo que desde esta organización acuñamos como la “DEMOCRACIA DE LA CALLE”. Sin embargo, si no nos falla la memoria, jamás había sido lanzada
contra la gente en manifestación, acción policial alguna, mientras se
hace uso cívico de esa avenida. ¿Por qué sí ocurrió en esta ocasión?…

SEXTO. Para nadie es un secreto que hay en ebullición un descontento popular y ciudadano que responde a diversas motivaciones. Se hace en este
contexto urgente contar con mecanismos de Diálogo Social con Negociación Efectiva. Sin embargo, La Presidenta Chinchilla y su Gobierno mina toda posibilidad de avanzar en esa dirección, al punto de que cuando hay un
acuerdo supuestamente en firme, lo deshonra; como lo muestran tres casos ocurridos en tan solo unas pocas semanas: la Reforma Procesal Laboral,
la ley contra el fotocopiado y la “Ley Mordaza”.

SÉPTIMO. Podemos en este marco interpretar la acción policial cuestionada, como
un giro hacia el empleo de la fuerza desmedida e irracional contra la
gente que protesta. Así las cosas, nosotros pensamos que los y las
policías “de abajo”, quienes siguen estando pésimamente mal
pagados, no tienen la obligación moral ni ética de agredir a quienes,
integrantes de su misma clase, se manifiestan a favor de causas sociales que, también, de un modo u otro, son en concernirles.

OCTAVO. La desobediencia, en estas situaciones extremas cuando se ordena
reprimir a ciudadanos pacíficos que protestan, incluyendo personas
adultas mayores, niños y niñas es, más bien, un valor democrático de
naturaleza cívica; tal y como en aquellos dolorosos momentos de las fase más cruda de la guerra civil salvadoreña, llevó a ese gran hombre de
bien, asesinado por estar a favor de su pueblo, a indicarle a las
fuerzas represivas del régimen que no tenían que obedecer a las órdenes
de agresión contra sus iguales de clase. Nos referimos a monseñor Oscar
Arnulfo Romero.

NOVENO. Nosotros expresamos nuestra solidaridad con las ilustres personas
diputadas, integrantes del denominado Primer Poder de la República cuya
inmunidad otorgada por el poder popular fue violentada. La señora
legisladora Carmen María Granados Fernández y los señores legisladores
Claudio Monge Pereira, José María Villalta-Florez Estrada y Juan Carlos
Mendoza García, han indicado que su papel fue de mediación ante la
crudeza que estaba ya exhibiendo el enfrentamiento.

DÉCIMO. Se puede o no coincidir con el pensamiento político-partidista de cada
una de estas ilustres personas. Lo que no se puede es negar su condición diferente en el marco del todavía vigente Estado de Derecho
costarricense. A no ser que alguien esté pensando que ya éste es un
obstáculo que debe eliminarse…

ONCEAVO. La ANEP lamenta, también, que efectivos policiales a quienes se les dio la
incorrecta orden de reprimir, hayan salido heridos, tanto en su
humanidad física como en su integridad psicoemocional. Estas personas
trabajadoras, integrantes de los mandos “rasos” de la Fuerza Pública, siguen sufriendo una gran discriminación salarial pues “ponen el pecho y arriesgan su pellejo” por salarios hasta diez veces menos que lo que ganan los que les dieron las órdenes de reprimir.

DOCEAVO. El Gobierno debe verse en el espejo por un largo rato, y ojalá
reconozca que lo que se ve tiene enormes problemas, tal y como la
mayoría de la gente lo reconoce ya. Si el Gobierno hace de la
desconexión a los reclamos ciudadanos una “virtud”, es de
esperar que muchos tristes episodios se asomen en el futuro. Señora
Presidenta: rectifique ya su camino y abra, de una vez por todas, las
anchas avenidas del diálogo social verdadero, tal y como usted lo
ofreció en un día ya olvidado hace poco más de dos años. *

TRECEAVO.* El cumplimiento de los derechos laborales está urgido de la reforma
procesal laboral; los derechos ciudadanos a la salud y la seguridad
social exigen que los altos mandos de la Caja Costarricense de Seguro
Social (CCSS), asuman ya sus responsabilidades señaladas ya por unos y por otras; el fundamento democrático más
preciado como lo es la libertad de expresión exige la derogatoria de la “ley mordaza”. Estos son sólo algunos ejemplos que casi a todos y a todas nos parecen
extremadamente urgentes y evidentes. Sólo falta usted, señora
Presidenta: ¡Súmese! Nunca es tarde para hacer lo correcto.

CATORCEAVO. Finalmente, hacemos un llamado a todas las fuerzas sindicales, sociales y cívicas para que juntemos los esfuerzos más honestos y transparentes a fin de que construyamos una agenda compartida de lucha y así, en gran unidad popular y social, salgamos en miles y miles, por todas las calles de este país.

fuente: Unidad de Inforamación de ANEP