La ANEP está elaborando su posición oficial, bien estudiada y con profundidad.
Llamamos a nuestra dirigencia de base a participar del Consejo Consultivo
Nacional el próximo 27 de Setiembre donde se tomarán decisiones
trascendentales de la lucha a seguir.

Propuesta estatal ya genera molestia sindical

La propuesta del Gobierno para recortar pluses salariales ya genera
escozor entre los sindicalistas, y algunos amenazan con protestas
callejeras.
Albino Vargas, secretario de la Asociación Nacional de Empleados Público (ANEP), confirmó que uno de sus representantes recibió la propuesta de ley ayer.
“Ya la ANEP venía diciendo que nos preparáramos los empleados públicos porque hay
una ofensiva contra los sobresueldos en la Administración Pública (…). Me parece que están escogiendo un mal momento político para un proyecto de este calibre”, dijo.
Calificó de “grave error” que el Gobierno crea que el déficit fiscal es problema de los sobresueldos.
Más enfático, Gilbert Brown, del sindicato de Recope, no descartó protestas.
“Para eso están las luchas sociales y las calles. Nosotros no vamos a
permitir que regresemos a 1943 (antes del Código de Trabajo) (…).
Tiene que haber una respuesta contundente a este proyecto de ley que lo
que hace es confiscar derechos laborales, dijo Brown.
Alexander Ovares, de la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), dijo que la propuesta le asombra.
“Sentimos que hay asuntos muy delicados, sobre todo en el sector público
autónomo”, dijo. Sin embargo, garantizó que el 11 de setiembre
presentará una metodología de discusión en la Comisión Nacional de
Salarios.
Se intentó conocer el criterio de los sindicalistas Beatriz Ferreto, de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), y de Luis Chavarría, de Undeca, pero no atendieron las llamadas.
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Gobierno pretende cortar privilegios a empleados públicos

El Gobierno impulsa un proyecto de ley para recortar privilegios en
cesantía, anualidades, disponibilidad y dedicación exclusiva que se
pagan a los empleados del sector público.
La iniciativa también
pretende obligar a los jerarcas de todas las instituciones que tienen
una convención colectiva, a denunciar el acuerdo poco antes de que
caduque su vigencia, para renegociar los beneficios cubiertos.
La
propuesta se presentó ayer ante la Comisión Nacional de Salarios del
Sector Público, donde algunos sindicalistas ya sonaron tambores de
guerra.
El interés del Gobierno es que el texto se discuta durante seis meses y haya acuerdos.
Luego, los ministros de Hacienda, Édgar Ayales; Trabajo, Sandra Piszk; y de
Planificación, Roberto Gallardo, hicieron una exposición a la prensa y
justificaron los recortes.
Según argumentaron, existe una gran
cantidad de normas y convenios que generan desigualdades salariales
entre trabajadores con los mismos años de experiencia, las mismas
responsabilidades y los mismos atestados.
A modo de ejemplo, pero
sin indicar las instituciones, expresaron que el sueldo de un gerente de área es de ¢900.000 en una entidad y de ¢4,6 millones en otra.
También alegaron que el gasto en salarios se disparó en los últimos años. Por
ejemplo, el rubro de remuneraciones (salarios + incentivos) representa
el 36% del gasto del Gobierno Central, el 88% de la Corte y el 43% en la Caja Costarricense del Seguro Social.
Por otra parte, estos
incentivos salariales consumen el 47% del dinero correspondiente a
remuneraciones en la Universidad de Costa Rica, el 42% en la Caja y el
45% en la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).
Finalmente, el sueldo promedio de un empleado del Gobierno Central (ministerios) es 2,2 veces superior al salario promedio del sector privado. Los datos
están incluidos en un informe sobre la situación salarial del sector
público, el cual también se divulgó ayer.
La propuesta. El
anteproyecto de ley cubre a todos los empleados del sector público
(Gobierno Central, entes descentralizados y municipalidades). Los únicos excluidos de las restricciones son los bancos del Estado, el Instituto
Nacional de Seguros y el Instituto Costarricense de Electricidad “por
encontrarse en un régimen de competencia”.
En cesantía, fija un
tope máximo de 8 años. Eso sí, aquellos que tengan una norma que les
conceda el pago de más años de cesantía, “se les respetará la cantidad
de años acumulados a la fecha de entrada en vigencia” de la nueva ley.
Lo mismo ocurrirá con aquellos cubiertos por una convención colectiva,
cuyo tope de cesantía se mantendrá intacto, mientras la norma esté
vigente.
Sobre el pago de anualidades, se busca que el monto fijo para todos los trabajadores sea de 2,54%.