El financiamiento del seguro de salud se hace en forma tripartita,
entre el Estado, los patronos y la población trabajadora. Sin embargo,
en los últimos 15 o 20 años en la práctica ha estado sostenida por el
sector asalariado nacional, ya que como es de sobra conocido por la
población, las obligaciones del Estado y de algunos patronos no han sido
cumplidas a cabalidad. Por ello y dado que sin cacao no hay chocolate,
el tema de la recaudación y de los ingresos, debe ser abordado objetivamente
y con la debida prioridad.
En todo caso, aún si se lograran resolver los problemas de
recaudación y de ingresos que tiene la Caja, aún persistirían problemas
muy serios en relación con el seguro de salud, los cuales deben ser
atendidos, en particular los relativos a la calidad de los servicios
(como lo muestran las largas filas o las quejas ante el maltrato de
experimenta mucha de la población asegurada), la corrupción (como en el
caso del almacenamiento de medicamentos que llegó a la renuncia del
Gerente de Logística, el cual, sin embargo, recibió como premio su
nombramiento como Director de Pensiones). Por lo tanto, es necesario un
enfoque integral que considere ingresos y gastos, así como cantidad y
calidad de los servicios.
Estamos en un momento que impone un urgente debate nacional, que
permita revisar las falencias actuales que enfrenta la Caja
Costarricense del Seguro Social, tanto en lo interno como en lo externo.
Solo grandes acuerdos sociales para el mejoramiento sustancial de los
servicios de salud pública que brinda la Caja a los habitantes de Costa
Rica, la rescatará de quienes quieren quedarse con el lucrativo negocio
de la enfermedad.
Esto debe hacerse desde un criterio muy claro: el compromiso con la
recuperación y fortalecimiento de la Caja, que, en este contexto, es el
compromiso con el sistema de seguridad social de Costa Rica y, por lo
tanto, con el derecho a la salud del pueblo costarricense. Ese
compromiso debe estar por encima de intereses gremiales o corporativos
como también por encima de banderas partidistas.
LOS TRES GRANDES CONFLICTOS QUE CARCOMEN A LA CAJA
La crisis actual del Seguro de Salud se manifiesta en lo financiero,
pero se origina tanto en serios problemas de gestión -como lo
evidencian las listas de espera para cirugías, exámenes de diagnóstico y
citas con especialistas- como también en situaciones políticas y
manejos gremiales que lo han afectado. Esta realidad perjudica la
equidad y la oportunidad de los servicios que recibe la población
asegurada.
Creemos firmemente que los grandes problemas de la Caja,
se origina en tres tipos de conflictos de interés:
1. El conflicto existente entre el interés público y los intereses
político-partidarios. Este conflicto ha producido, por ejemplo, que la
jerarquía institucional le perdone deudas al Estado; o que se haya
contratado más de 10 mil personas en cargos administrativos a nivel
central justo en la coyuntura en la que se discutía en nuestro país el
tratado de libre comercio con los Estados Unidos.
2. El conflicto existente entre el interés público y los intereses
mercantiles de quienes hacen jugoso negocio con la salud (o más bien,
enfermedad) de las personas. Este conflicto ha producido, por ejemplo,
que se siga contratando servicios privados a un costo altísimo, como en
el caso del radioterapia, en lugar de realizar las inversiones que
permitan a la Caja prestar esos servicios de forma directa a un menor
costo. Incluso ocurre que en muchos casos, la Caja contrate servicios a
las mismas personas que trabajan para la Caja. Se genera así un negocio
redondo: el no resolver problemas durante el horario de trabajo permite
luego venderle servicios a la Caja
Y este es solo un ejemplo.
3. El conflicto existente entre el interés púbico y el interés
gremial. Algunos de los gremios de la Caja están actualmente
defendiendo situaciones desfavorables para la población asegurada. Por
ejemplo, en lugar de buscar que la hora ordinaria se remunere bien para
todos, se defienden que unos pocos profesionales en ciencias médicas
ganen más de 10 millones de colones al mes. Esto se hace mediante
abultadas jornadas extraordinarias como guardias médicas y
disponibilidades que disparan el gasto en esta partida presupuestaria y
que no guardan relación con las listas de espera que son verdaderamente
uno de los talones de Aquiles del sistema. Estas jornadas
extraordinarias devienen permanentes, con lo que se bloquea la creación
de segundos y terceros turnos. Este círculo vicioso impide que la
mayoría de los centros de atención de la Caja abiertos las 24 horas
logren un verdadero impacto en la efectividad, calidad y humanización de
los servicios. También impide la contratación de personas jóvenes.
Todos estos conflictos entre el interés público (de toda la
población asegurada) y de unos pocos (políticos, vendedores de servicios
y especialistas inescrupulosos), que afectan directamente lo que hace y
deja de hacer la Caja, tanto hacia dentro como en sus relaciones
externas, deben ser abordados con transparencia y objetividad. De ello
depende que sobreviva y se recupere el modelo de salud universal y
solidario.
MEDIDAS URGENTES PARA RESCATAR A LA CAJA Y A LA SEGURIDAD SOCIAL
Las medidas para abordar estos problemas son múltiples y requieren
de una visión integral del problema. Sin embargo, primero lo primero:
debemos empezar por los temas más urgentes. A continuación identificamos
las 10 principales medidas que se requiere poner en marcha para ordenar la Caja,
para enfrentar y eliminar los tres conflictos antes indicados. Siendo esto apenas
lo más urgente es nuestro propósito darle continuidad a este proceso para
posteriormente formular propuestas que resuelvan problemas ya no urgentes
pero si de carácter estructural y con consecuencias a largo plazo.
1. Dar absoluta prioridad institucional a la implementación del
expediente electrónico en un plazo de 6 meses, utilizando los recursos
humanos y tecnológicos institucionalmente desarrollados, para lo cual
debe conformarse una comisión que diseñe un plan piloto urgente para los
hospitales nacionales clase A. Este instrumento es fundamental para
visibilizar y corregir los problemas existentes en el nivel de los
servicios. Lo necesita tanto la población asegurada, como la
administración y los órganos de control. Lo hemos financiado ya varias
veces y, sin embargo, es parte del futuro que en la Caja nunca llega.
2. En seis meses transparentar las listas de espera e incorporar la
participación de la gente en el seguimiento y control, incluyendo
cirugías, exámenes de diagnóstico y citas con especialistas. El avance
de este proceso deberá ser informado por cada Director Médico y/o
Director Financiero Administrativo en cada unidad programática del país a
las organizaciones sociales y a las Juntas de Salud.
3. Acordar y ordenar en un plazo de 30 días la centralización de las
compras de medicamentos e insumos médicos y permitir el seguimiento
público de estas compras, de acuerdo con las potestades otorgadas a la
Junta Directiva y que se encuentran establecidas en la ley, y conforme
al plan nacional de inversiones que debe comprender estos elementos y
que debe ser puesto en conocimiento del público. El traslado o
descentralización de los procesos de compras institucionales ha generado
gran ineficiencia en la contratación, así como el crecimiento de los
costos por la imposibilidad de generar economías de escala por compras
de gran volumen a nivel central.
4. Controlar el cumplimiento de los horarios y de la productividad,
en particular de los/as profesionales de las ciencias médicas y
establecer controles reales para el pago de las guardias y las
disponibilidades médicas, ya que estos rubros son los verdaderos
disparadores del gasto en la partida de servicios personales del
presupuesto de la Caja.
5. Establecer la prohibición de tener simultáneamente práctica
pública y privada para evitar el conflicto de intereses por parte de
profesionales médicos.
6. Eliminar el tiempo extraordinario como forma permanente de pago
de jornada y crear nuevas plazas en segundos y terceros turnos para que
los hospitales y otros centros de atención sigan funcionando las 24
horas y se optimice la utilización de los recursos, procurando generar
un impacto real en la atención de los y las asegurados/as.
7. Dar contenido fiscal a todos los compromisos del Estado con la
Caja, tanto en el régimen de Enfermedad y Maternidad, como en el régimen
de Invalidez, Vejez y Muerte y eliminar los portillos legales que
permiten evadir y eludir las cuotas obrero-patronales mediante la
utilización de redes de empresas y personas jurídicas.
8. Retomar el enfoque preventivo del modelo de atención, orientación
que busca de igual forma ayudar a reducir los costos de un enfoque
curativo que solo privilegia a ciertos grupos de poder corporativo
externo e interno y que en definitiva se benefician del estado actual de
situación. Continuar con un enfoque curativo sirve como una excelente
excusa para desviar la atención de algunos problemas internos que
solamente ayudarán a mantener un estado de situación que de continuar
así conducirá a la eliminación de la Caja en su principios filosóficos y
de modelo de financiamiento.
9. Renovación inmediata de la Junta Directiva, garantizando la
inexistencia de conflictos de interés de todos sus integrantes,
incluyendo la independencia político-partidaria. A seis meses de
entregado el informe de la comisión que analizó la Caja, la opinión
pública desconoce que exista algún plan de acción, y menos aún respecto
de cómo se implementaría para atender y solucionar los problemas
identificados. En los casos en los que se ha proporcionado información
pública, como en el caso del nombramiento de las gerencias, el
procedimiento aplicado ha sido muy dudoso y las decisiones tomadas
cuestionables. Si algo caracteriza a esta Junta Directiva es su
incapacidad para dar el ejemplo en materia de transparencia y rendición
de cuentas al pueblo.
10. Anulación de concurso de antecedentes de las gerencias de la
Caja. Se gastaron 18 millones de colones para dejar tres gerentes que
eran parte de los altos mandos de la Caja y quienes, por lo tanto, han
sido parte, por acción u omisión, de las decisiones que llevaron a la
crisis de la Institución. El traslado de un Director de Recursos
Humanos a la compleja y especializada área financiera, implica no
solamente no sentar responsabilidades donde correspondía hacerlo, sino
de hecho deja la impunidad actuaciones que ameritaban sanción. Ello da
una pésima respecto de la forma como la Caja continúa siendo conducida.
Otro ejemplo de cómo se nombran actualmente a los altos funcionarios de
la Caja es el caso de Ubaldo Carrillo: cuando la presión mediática con
acusaciones de corrupción fue demasiada, en lugar de irse para su casa y
de ser sujeto de las respectivas investigaciones, se lo premió con la
Dirección de Pensiones.
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL PROCESO DE ADOPCIÓN Y EJECUCIÓN DE ESTAS MEDIDAS
La discusión, adopción y ejecución de estas y otras medidas, deben
realizarse en un proceso transparente y con activa participación
ciudadana. Es por ello que la Junta Directiva de la Caja y el Gobierno
de la República deben articular un proceso que permita a diversas
organizaciones sociales y ciudadanas, participación en la deliberación
colectiva conjuntamente con la jerarquía y las gerencias
institucionales, así como participar activamente en el control y
monitoreo sobre la ejecución de las medidas que se adopten. Es
indispensable que la población usuaria tenga voz y que su opinión sea
tenida en cuenta y respetada.
Es fundamental generar un amplio debate y reflexión de alcance
nacional, que acompañe, supervise y enriquezca la toma de decisiones
urgentes e inmediatas que permitan rescatar y fortalecer a la Caja y a
nuestro sistema solidario y universal de seguridad social.
Firmantes
Iglesia Luterana Costarricense
ILCO
Colectivo de Enfermeras pro Seguridad Social Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE-UNED)
Unión de Productores Independientes de Actividades Varias
UPIAV
Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios
UPANACIONAL
Sindicato Nacional de Enfermería
SINAE
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP
Central Social Juanito Mora Porras
CSJMP
Consorcio de Gestión de la Economía Social
CONGES
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum
CTRN
