Esto porque el Ministro de Planificación y Política
Económica, Roberto Gallardo emitió declaraciones en medios de comunicación, en
los cuales aseguró que la democracia del país está empantanada por los grupos
más conservadores del país, refiriéndose al movimiento sindical.
La declaración del ministro nos inculpa a los sindicatos,
como enemigos del cambio, radicalmente opuestos a cualquier discusión y nos
traslada la responsabilidad sustancial de las consecuencias que hoy sufre el
pueblo costarricense.
Esta es una declaración de beligerancia política,
hostilidad antisindical que violenta los convenios mencionados, que establecen
que las organizaciones sindicales tenemos el derecho a organizar nuestra
administración, actividades y programas de acción y las autoridades de gobierno
deben abstenerse de toda intervención que pretenda limitar su derecho, comentó
Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.
La declaración del ministro configura un acto de censura
contra la legítima actividad de los sindicatos, que nos corresponde velar por
los derechos de la clase trabajadores y defender los pilares de la democracia
costarricense.
Es claro que sus declaraciones se refieren a que nos
oponemos al desmantelamiento y la privatización de las principales
instituciones del sector público, necesarias para el desarrollo estratégico del
país, como el Seguro Social, la educación, telecomunicaciones, los puertos,
suministros de agua potable, concesión de carreteras, minería, etc.
El ministro Gallardo considera que somos conservadores
porque no estamos de acuerdo con el proyecto de reforma tributaria, que
pretende que la carga fiscal siga recayendo sobre los sectores populares.
Porque exigimos que las empresas de zonas francas e inversión extranjera paguen
más impuestos y respeten la libertad sindical y el derecho de la clase
trabajadora a organizarse, el pago de salario mínimo, añadió Chavarría.
Esta política, de corte dictatorial y autoritario, se
refleja en la cantidad de manifestaciones y protestas que los diferentes
sectores hemos realizado y el hecho de que esta Administración pasará
tristemente a la historia como el Gobierno contra el cual se registraron mayor
cantidad de protestas y movilizaciones populares, no tuvo la mínima capacidad de
diálogo con los sectores sociales.
Pero la posición de este Gobierno no llega hasta ahí, sino
que además resulta tendenciosa, porque nos coloca a la misma altura que la
criminal evasión fiscal de más de 200 mil millones que los empresarios no
pagan.
Esta burda equiparación estigmatiza a los sindicatos, con la
finalidad de desacreditarnos ante la opinión pública, dando lugar a una
indiscutible práctica antisindical, que pretende coartar movilizaciones, que ha
sido la constante en el actual gobierno.
No es casualidad las tantas denuncias que existen en
y otros gobiernos que nunca se han cumplido, desprestigiando la democracia y la
libertad de este país y habrán muchas más posiblemente hasta llegar a aplicarse
alguna vergonzosa sanción al país por culpa de los políticos radicales.
