Distintas organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicales de América Latina y el Caribe han expresado su rechazo a las políticas migratorias impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump, que incluyen deportaciones masivas y tratos indignos a personas migrantes que no han conseguido su residencia legal en el país. CLATE y ALAL se suman al reclamo.
«Migrar es un derecho humano. Los conflictos bélicos, las catastrofes naturales y el desempleo o las crisis económicas impulsan las migraciones. Miles de trabajadores y trabajadoras migran de sus hogares en busca de una vida digna para ellos y sus familias. Estas políticas impulsadas por Donald Trump no sólo violan los derechos humanos de quienes han tenido que dejar su país, sino que además resultan indignantes para la condición humana y deben tener una respuesta contundente por parte de los gobiernos de la Región y los organismos internacionales que velan por los derechos de los pueblos», expresó la CLATE.
«Las personas migrantes contribuyen a los Estados receptores a partir de sus capacidades, sus conocimientos y su bagaje cultural. Es por eso que la Confederación resalta las contribuciones y el aporte mayúsculo de las personas migrantes a las comunidades, ya que éstas promueven empleo, riqueza y diversidad cultural. La CLATE también destaca la necesidad de realizar acciones que fomenten la construcción de sociedades solidarias e inclusivas, teniendo como objetivo la protección y promoción de los derechos humanos de las personas migrantes», agregó la Confederación y envió un material audiovisual elaborado en el marco de su Campaña Continental «Migrar es un derecho».
Por su parte, la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL) repudió «la decisión unilateral del Gobierno de EE.UU. que contradice los tratados internacionales que imponen el trato digno de las personas migrantes, así como los Convenios 97 y 143 de la Organización Internacional del Trabajo referido a los derechos de las y los trabajadores migrantes».
Ambas organizaciones coincidieron en remarcar que el trato indigno que se ha dado a las personas expulsadas «debe ser rechazado por toda la comunidad internacional, razón por la cual apoyamos la actitud de los gobiernos de Colombia, México y Brasil, y lamentamos la suspensión de la reunión urgente de la CELAC originalmente convocada para dar una respuesta colectiva y en unidad de nuestros pueblos».
Para las y los abogados laboralistas de la Región, los Estados Unidos de Norteamérica, impulsados en su propia crisis, están «profundizando su política imperialista con un viraje hacia al fascismo, como lo demuestran las recientes declaraciones de su presidente referidas a la expulsión del pueblo palestino de su territorio, el recrudecimiento de los bloqueos que sufren Cuba y Venezuela, así como la amenaza de intervención extranjera en Panamá y hasta en Canadá».
«En ese sentido, ratificamos que la única manera de enfrentar esas agresiones, así como de mejorar el nivel de vida de vida de las y los trabajadores es la unidad de América Latina y el Caribe. En ese camino, la solidaridad en Nuestra América es indispensable, por eso respaldaremos a cualquier nación y pueblo que sea atacado por el gobierno de Trump», culmina el comunicado emitido por ALAL al respecto de esta problemática.
