Al cumplirse cinco años de la multitudinaria protesta que colmó las calles de Chile para reclamar un cambio en el modelo económico y social, distintas organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos, entre ellos la ANEF miembro de la CLATE, emitieron una declaración pública.

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de Chile, integrante de la Confederación, ratificó junto a las demás organizaciones que firman la Declaración, la demanda por justicia y reparación para las víctimas de la represión por parte de las Fuerzas de Seguridad contra las y los manifestantes, que de manera masiva marcharon por las calles del país para plasmar un importante protagonismo en una ola de protestas desatadas el 18 de octubre del 2019. La misma marcó un nuevo récord en la magnitud de participación, que excedió al antecedente registrado hacia el fin de la dictadura militar en el año 1990.

También recuerda que el reclamo comenzó en contra del aumento del precio del boleto del metro en Santiago, lo cual condujo a una demanda colectiva por un modelo económico más justo y el afianzamiento de los derechos sociales.

“A cinco años de la Revuelta Social, reivindicamos la plena vigencia de las demandas por cambios estructurales y un nuevo modelo de sociedad que termine con la concentración del poder económico, el abuso institucionalizado y la injusta desigualdad, abriendo paso a la recuperación de la soberanía política a través de una Nueva Constitución legítima en su origen, que permita el ejercicio de la soberanía económica a través de la recuperación de las riquezas básicas, permitiendo superar el actual Estado Subsidiario que constituye un obstáculo insalvable para el debido resguardo y garantía de los derechos humanos, así como para alcanzar el pleno ejercicio de nuestros derechos sociales básicos, como son el Derecho a la Salud, a la Educación, a la Seguridad Social, a una Remuneración justa, Vivienda digna, entre otros derechos fundamentales”, cita la declaración.

Las agrupaciones firmantes, señalaron la intención por parte del sector de la derecha en Chile de imponer una estigmatización con un relato negativo del estallido social: “Durante estos años los sectores políticos de Derecha y Ultraderecha, representativos del poder empresarial, en alianza con los grandes medios de comunicación, han intentado imponer un relato negativo del estallido social, calificándolo de estallido delictual, buscando así deslegitimar toda forma de protesta social y estigmatizar a quienes nos manifestamos especialmente a partir de octubre de 2019″. Así mismo, resaltan la inacción del Gobierno de Gabriel Boric en este sentido.

“Nos encontramos viviendo una ofensiva de las fuerzas conservadoras y neofascistas, que promueven políticas regresivas en materia de avances democráticos y de derechos humanos a nivel global. En Chile, esta realidad se expresa en las trabas permanentes a cualquier cambio orientado a mejorar las condiciones de vida de la población profundizando las desigualdades, así como en el respaldo de leyes y prácticas represivas especialmente enfocadas en la criminalización de las justas demandas de estudiantes, pobladores y del pueblo mapuche”.

«El objetivo de esta narrativa es inhibir la justa lucha del pueblo de Chile por lograr transformaciones sociales que terminen con el injusto orden social heredado de la dictadura cívico militar y administrado luego por sucesivos gobiernos”.

Las protestas de aquel octubre se caracterizaron por marchas pacíficas y masivas marcadas por la violencia desmedida por parte de las Fuerzas de Seguridad con el habitual accionar de la represión, el cual dejó 34 muertos y miles de heridos, según el reporte oficial.

La Justicia de Chile inició la investigación a los altos mandos de las fuerzas de seguridad y se abrieron 10.142 casos por la violencia policial ejercida, “de los cuales sólo 38 procesos han concluido con condenas para los autores, que corresponde solamente al 0.47% del total de los casos denunciados”, según datos de Amnistía Internacional.

“Esto demuestra que el Ministerio Público ha incumplido con su deber de investigar y el Poder Judicial, de sancionar, instalando y normalizando así la impunidad. A esto se suma el escándalo conocido como Caso Audios Hermosilla-Chadwick-Guerra, situación que confirma la grave crisis de las Instituciones, así como su falta de legitimidad denunciada durante la revuelta social, realidad que se ha profundizado durante estos años”.

El activismo también se pronunció con críticas a Gabriel Boric: “El actual Presidente de la República, a su vez, desestimó su compromiso de realizar una reforma profunda de Carabineros, institución policial responsable de la gran mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas, respaldando además férreamente a su Director General, Ricardo Yáñez Reveco, imputado en numerosos procesos judiciales y ante la Corte Penal Internacional, al igual que Sebastián Piñera y otras autoridades responsables de la represión. Recordemos que durante su campaña presidencial advirtió que Sebastián Piñera sería perseguido en instancias internacionales por ser el principal responsable de los crímenes cometidos durante el estallido social. De manera también contradictoria, en sus exequias realizó un reprochable discurso en que lo calificó como un verdadero demócrata, digno de ser reconocido, afectando con esta aseveración especialmente a las víctimas que han vivido durante todo este periodo un constante proceso de revictimización y abandono del Estado. Es evidente y preocupante constatar que se ha incumplido la promesa de campaña y a la vez, una obligación internacional, de implementar una política de reparación integral a las víctimas de acuerdo con los estándares internacionales de derechos humanos que regulan la materia”.

Para leer la declaración completa haz click en este link:
Declaración de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos de Chile a cinco años del estallido social