Se trata de la revista Vanguardia, Diario EL COMERCIO y el blog de la
Federación de Trabajadores de Pichincha (Fetralpi), que han revelado
información vinculada al banco incautado Cofiec. En esa información
figura el préstamo de USD 800 000 al empresario argentino Gastón Duzac.
Él fue parte de una comitiva de Delgado en febrero, pero en la
actualidad ha desaparecido sin cancelar la deuda con la Cofiec.

El 11 de septiembre, la revista Vanguardia recibió un oficio de la
Fiscalía, en que se pide al medio que remita las grabaciones y respaldos que sustentaron sus reportes sobre el caso Duzac. Esas notas empezaron a difundirse desde septiembre y revelan detalles de los nexos que mantuvo Delgado con el argentino Duzac.

Con la misma fecha, la Fiscalía firmó otro oficio dirigido a este Diario.
En ese documento, suscrito por el fiscal encargado Jorge Nogales Mena,
de la Unidad de Actuación Administrativa, se solicita que se revelen los nombres de los autores del reportaje ‘La Contraloría puso su lupa en
las declaraciones de bienes de Delgado’, reproducido el 26 de agosto.
También que entreguen los originales de las fotos y los documentos que
sustentaron la publicación. La nota fue criticada por Correa hace nueve
días, durante el homenaje a su primo, donde ya anunció que se
entablarían acciones judiciales contra este medio.

El blog de la Fetralpi fue el tercero en recibir un comunicado de la
Fiscalía. En esa misiva -pedida por Delgado- se solicita que se revele
el nombre de los autores del artículo ‘ Manejo de billetera móvil,
créditos vinculados de Cofiec y negociaciones con Irán’. Esa nota recoge información enviada por el asambleísta Cléver Jiménez (Pachakutik),
quien denuncia aparentes irregularidades en el Banco Central que
presuntamente vinculan a Delgado.

Gremios de prensa y la oposición miran con preocupación que la tarea
periodística y editorial sea judicializada desde el poder político. Paúl Mena, representante del Foro de Periodistas (FOPE), sostiene que
resulta inquietante que de los medios que han investigado casos
vinculados a Cofiec ahora reciban pedidos judiciales de información. “El Estado tiene la obligación de brindar garantías al trabajo
periodístico”. Un postura similar tiene la organización Fundamedios, que incluyó los tres oficios suscritos por la Fiscalía en una de sus
alertas de ataques contra la libertad de prensa. En ese reporte, también se subraya que otros periodistas, como Janet Hinostroza y Fausto Yépez
de Teleamazonas, han recibido amenazas por este caso.
 El asambleísta y precandidato presidencial, César Montúfar, señala que es
inconcebible que se judicialice la tarea de la prensa. “La prioridad de
los organismos judiciales y de control debería ser la investigación de
las aparentes irregularidades del fideicomiso”.