Distintas organizaciones sindicales y del ámbito de la Justicia del Trabajo han expresado su rechazo a la propuesta de Reforma Laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei. El titular de ATE, organización que integra la CLATE, expresó que «se trata de una regresión sin precedentes y no podemos permitir que se apruebe». Laboralistas también criticaron la propuesta.
«Detrás del concepto de modernización se esconde más explotación y precarización. Intentan debilitar la protección de los trabajadores, atacar y fragmentar a los sindicatos. Los convenios colectivos son una conquista histórica del movimiento obrero y tienen que saber que estamos dispuestos a defenderlos hasta las últimas consecuencias”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina al ser consultado por esta iniciativa que aún no ha sido presentada ante el Poder Legislativo pero ya cosecha rechazos en distintos ámbitos laborales y judiciales.
Según pudo averiguar el sindicato, adherido a la CLATE, el proyecto que el Gobierno argentino está redactando incluye la extensión de la jornada laboral a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, la existencia de acuerdos de trabajo por empresa en lugar de por actividad, aumentos salariales por productividad, entre otros puntos que se barajan. El mismo sería presentado en el Congreso luego del 10 de diciembre, cuando asuman los nuevos legisladores, según anunció el recientemente nombrado Jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni.
«Los salarios dinámicos son una trampa. La idea de pagar por mérito aumenta las desigualdades y amplía la brecha de género. En realidad lo que quieren es premiar la docilidad y no el esfuerzo de los trabajadores», agregó Rodolfo Aguiar.
«Tiene que quedar claro que no nos negamos a que se implemente una reforma laboral. El problema acá es quién la discute, porque modernizar en serio sería, por ejemplo, repensar la jornada laboral que en el mundo tiende a reducirse, garantizar la igualdad de oportunidades e incorporar la digitalización sin pérdida de derechos. Estamos de acuerdo con una reforma que amplíe derechos, pero no con esta que está redactada a medida de las grandes patronales y solo para elevar sus márgenes de rentabilidad. La mayoría de los trabajadores son pobres y los empresarios todos ricos. En la Argentina alguna vez nos vamos a tener que animar a discutir la riqueza para poder terminar con la pobreza. Es fácil, si quisieran y para superar rápidamente la crisis del mercado laboral tendrían que derogar la Ley Bases», concluyó el titular de ATE Nacional.
Cabe destacar que desde que asumió Javier Milei, la desocupación subió de 5,7 a 7,6%, lo que representa más de 2,3 millones de personas.
Por su parte, el presidente de CLATE, Julio Fuentes, recordó que «en Argentina, con un 40% de trabajadores que no están registrados, el costo laboral para los empresarios es cada vez más bajo. Desde el retorno de la democracia en nuestro país se viene con el mismo argumento de que hay que bajar el costo y con eso se va a generar más empleo. Pero nada de eso sucede y está a la vista». Para el dirigente, «la inoperancia, la falta de inversión, un empresariado nacional inoperante y gobiernos ineficientes dan como resultado estas crisis económicas que venimos sufriendo hace 40 años. Porque está demostrado que por más que tengan mano de obra esclava, el empresariado argentino es poco competitivo, es inoperante».
Advertencia de Laboralistas
En ese mismo sentido se han expresado representantes legales de trabajadores y trabajadoras nucleados en la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas de la Argentina (AAL). Matías Cremonte, asesor letrado de la CLATE y titular de la Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL), brindó una nota este fin de semana al diario «Tiempo Argentino» en la que explicó que «el objetivo es el de cumplir con el viejo anhelo de los empresarios argentinos de darle preeminencia a la negociación colectiva por empresa. ¿Qué significa esto? Hoy los salarios se fijan en el convenio por rama de actividad. La negociación por empresa solo puede superar esos pisos. El Secretario de Trabajo, Julio Cordero, dijo que eso debe funcionar como un techo y que la negociación por empresa puede acordar salarios inferiores a los de la actividad».
Consultado por las declaraciones de buena parte de los empresarios argentinos y funcionarios y legisladores del gobierno de Javier Milei sobre que esta Reforma terminaría con la llamada «industria del juicio», Cremonte, quien también es vocal de la AAL de Argentina, reconoció que: «El gran problema de los juicios laborales no es la tasa de interés o la forma de actualización de ese crédito, sino que duran siete años cuando deberían durar 6 meses. El tema de la llamada “industria del juicio” es el grado de ilegalidad que hay en el mercado de trabajo. Un 40% de la mano de obra en Argentina está en la informalidad. Son 6 millones de personas que todos los días pueden iniciar un juicio laboral por infinidad de motivos. Sin embargo, la estadística de inicio de juicios es infinitamente inferior a esa potencialidad. Estadísticamente, no existe. Está descartado el ‘carancheo’. En todo caso, hay una industria del incumplimiento por parte de los empresarios. La justicia no da abasto porque no tiene recursos. Es resultado de una concepción clasista de los gobiernos que no garantizan que la justicia laboral funcione».
Finalmente, al ser consultado sobre si existe posibilidad de frenar esta iniciativa, Cremonte explicó que «la mejor herramienta que tiene el movimiento obrero argentino para oponerse a las políticas es el derecho de huelga, la libertad de expresión y el derecho a la manifestación».
