La Central Puertorriqueña de Trabajadores y la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE), organización integrante de CLATE, celebraron el pasado 26 de marzo una Conferencia de Prensa, en el Colegio de Abogados de Puerto Rico, para denunciar lo que ellos catalogan como un “plan oculto del Gobierno” para liquidar las corporaciones públicas y agencias del Gobierno.

Prensa CLATE

El Presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores, Pedro Irene Maymí, quien también preside la Unión Independiente de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, y el Secretario General de la Coordinadora Unitaria de Trabajadores del Estado, Federico Torres Montalvo, dieron a conocer el plan para el “Nuevo Gobierno de Puerto Rico” elaborado por el Gobernador, Ricardo Rosselló, y su equipo de trabajo, mediante el cual eliminan prácticamente todas las corporaciones públicas.

Los detalles de este plan fueron incluidos con el Comunicado de Prensa, mediante un resumen de un documento publicado por Noticel titulado «Nuevo Gobierno- Borrador Interno».

En dicho resumen se mencionan 16 agencias que serán cerradas en los próximos tres meses. Entre éstas, se incluyen el Bosque Modelo, la Autoridad de Conservación y Desarrollo de Culebra, la Oficina Estatal de Política Pública Energética, la Oficina Estatal de Conservación Histórica, la Comisión de Desarrollo Cooperativo, la Compañía Desarrollo Integral de la Península de Cantera, la Corporación del Proyecto en la sede del Caño Martín Peña,  la Oficina de Mediación y Arbitraje y el Negociado de Conciliación y Arbitraje, del Departamento del Trabajo y ocho agencias más.

El borrador de referencia dispone que en los próximos seis meses serán cerradas las siguientes agencias: Banco Desarrollo Económico, Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura, Corporación de Seguros Agrícolas y Parques Nacionales, (estos últimos serán transferidos a los municipios). Se indica también que entre los próximos seis meses la corporación de la WIPR será vendida y dentro de un año será cerrada la Comisión Industrial y la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC).

Asimismo, dicho borrador señala que en un año o más serán vendidas la Administración de la Corporación por Accidentes Automovilísticos, la Corporación del Fondo del Seguro del Estado, el Centro Comprensivo de Cáncer, la Corporación del Centro de Bellas Artes, la Corporación del Conservatorio de Música y la Escuela de Artes Plásticas.

Se informa también que en menos de tres meses serán privatizados, mediante contratos de APP, el Instituto de Estadísticas, el Departamento de Corrección y Colecturías.  Identifica al Sistema de Retiro como una agencia a ser privatizada en menos de seis meses.

Por último, dicho borrador identifica a las siguientes agencias, las cuales serán privatizadas mediante contratos o APP dentro de un año o más: Hospital Cardiovascular, Hospital Universitario, Autoridad de Edificios Públicos, Aeropuertos Regionales, Puertos Marítimos, Autoridad de Transportación Marítima, Autoridad de Energía Eléctrica, Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y la Autoridad de Carreteras.

“Este plan que fue preparado el 9 de octubre de 2017 y revisado el 26 de octubre de 2017, según se desprende de dichos documentos, permanecieron ocultos hasta que un medio de la prensa lo dio a conocer. El pasado viernes el Gobernador dijo a la prensa que someterán a la Junta de Control Fiscal junto al Plan Fiscal, una propuesta de reducción de agencias mediante la cual se propone reducir de 118 a 35 agencias y que el mismo impactará a 100 mil trabajadores”,  dijo el Presidente de la CPT, Pedro Irene Maymí. La información que el Gobernador ofreció a la prensa indica que este plan será para completarlo en seis años y que afectará a 100 mil trabajadores, pero no dio detalles del contenido del “Plan”.

El vicepresidente de la CPT, Emilio Nieves Torres, quien también participó en la Conferencia de Prensa, dijo que “la reestructuración del Gobierno debe ir dirigida a eliminar los altos salarios de funcionarios que dirigen agencias y corporaciones, eliminar contratos millonarios por servicios profesionales innecesarios, eliminar incentivos a empresas que incumplen con aumentar la fuerza trabajadora, y eliminar las leyes de cabotaje, entre otras medidas”.

Los líderes sindicales concluyeron que este plan, sumado a la Reforma Laboral propuesta por el Ejecutivo, es una “locura y una torpeza gubernamental que profundizará la crisis económica y llevará a la clase trabajadora y al Pueblo en general a la miseria”.  Y aseguraron: “La combatiremos de todas las formas posible”.