«En este panorama, nosotros entendemos que hace falta
una respuesta muy contundente de todo el mundo del trabajo, que abarca a los
trabajadores públicos y privados, 
desocupados, jubilados» precisó Blasco. «Debemos también denunciar
fuertemente toda la galería de herramientas que tiene el Estado para reprimir
la protesta social. Por eso es importante la derogación de la ley
antiterrorista, y todas las normas nacionales y provinciales que son hijas de
esa ley madre que cobija a un montón de herramientas represivas, algunas mas
obscenas que otras, y que tiene en la Justicia las patas más importantes para
actuar con la criminalización de la protesta social».
Respecto de los trabajadores judiciales, Blasco informó que
aún no se han registrado despidos «afortunadamente,  en primer lugar porque en las jurisdicciones
están faltando trabajadores, y por lo tanto sería complicado pues los jueces
son los que pondrían el grito en el cielo si se redujeran las plantas de
personal».
Y en el tema salarial, el dirigente judicial explicó que
«salvo 4 o 5 provincias donde hay paritarias y donde se habilita la
negociación formalmente con grandísimas dificultades, en la gran mayoría del
país no existe la negociación colectiva». «Tenemos denuncias en la
OIT, e incluso el organismo internacional se ha pronunciado favor de nuestra
demanda, pero seguimos igual. En estos momentos estamos intensificando las
gestiones para que finalmente tengamos una ley paritaria nacional que sirva de
referencia, de piso de derechos, para todos los trabajadores judiciales del
país».
Además de las filiales más importantes, como la Asociación
Judicial Bonaerense, se sumaron los compañeros de Tierra del Fuego que continúan
en paro por tiempo indeterminado por temas previsionales y salariales junto al
resto de los sindicatos estatales.