Hizo hincapié en la cesantía del compañero Walter Chilo de Córdoba; la
persecusión sindical a Francisco Gómez de Santa Cruz y Horacio Juárez

de La Rioja; el procesamiento a cuatro compañeros judiciales bonaerenses;

y los conflictos sectoriales de las provincias de Mendoza y del Chubut,
entre otros temas.
“A los trabajadores judiciales –sostuvo– se nos intenta quebrar por
hambre, por despidos, iniciando causas penales ó instalando el terror
para que paralicemos nuestra lucha por derecho a discutir paritaria y a
garantizar un salario que respete el principio constitucional de “a
igual tarea, igual remuneración”.
Luego de hacer referencias a la crisis capitalista mundial y a sus
repercusiones en la Argentina, el dirigente judicial pasó a enumerar los casos.
“A los judiciales se nos está persiguiendo brutalmente, en La Rioja,

a nuestro secretario general Horacio Juárez, de ATJLR, se intenta su
cesantía a pesar de ser el máximo representante de una organización con
personería gremial.
“En Santa Cruz se inician diversos sumarios a integrantes de la
conducción de nuestro gremio y se promueve la pérdida del fuero sindical a

los fines de proceder a la cesantía de nuestro secretario general,
Francisco Gómez, de la AGEJSC ’3 DE JULIO’.
“En esa misma línea de acción, el Superior de Justicia de Córdoba
acaba de notificar la cesantía del compañero Walter Chilo, secretario

de Organización de AGEPJ, que integra el sector de Policía Judicial que
hace ya muchos años están afiliados a nuestra organización, los que
oportunamente habían elegido como delegado al compañero Chilo, al cual
se le iniciaron tres sumarios, básicamente, por su participación en
asambleas convocadas por el gremio. En una situación similar están otros

17 integrantes del mismo sector de trabajo, los que han sido
suspendidos.
“En la provincia de Buenos Aires los trabajadores organizados en la
Asociación Judicial Bonaerense están protagonizando una lucha muy
importante, con más de sesenta días de paro; la cuestión salarial es un
tema central en el conflicto. En los años ’90 se derogó el sistema de
porcentualidad salarial, que garantizaba una relación armónica entre el
salario de los jueces y los trabajadores, a partir de ese momento se
instaló la política de privilegio en favor de los jueces; hoy, el juez
de la corte de la provincia de Buenos Aires recibe una remuneración de
82.000 pesos, mientras el ingresante el Poder Judicial es remunerado con 3.500 pesos.
“Desde 1994 –historió Mendibil– la Constitución de la provincia
garantiza a discutir convenios colectivos de trabajo a los judiciales,
pero hasta la fecha ha sido imposible concretar este derecho, ya que
nunca se discutió en el ámbito legislativo un proyecto de ley que
reglamentara el mismo».
Agregó también que desde 1994 la Constitución provincial garantiza la puesta

en marcha de un ORGANO IMPARCIAL para la resolución de los
conflictos de los trabajadores estatales y judiciales. Hasta la fecha
–denunció– no se ha aprobado ningún proyecto de ley que instrumente

este instituto fundamental para atender las controversias de los
trabajadores con su patronal (Corte provincial, Poder Ejecutivo).
“En 1992 la AJB promovió un recurso de inconstitucionalidad ante un
decreto del entonces gobernador que derogaba la Ley de Porcentualidad.
Pasaron 19 años y recién en el 2011 una Corte de conjueces resolvió
favorablemente nuestro recurso, sentencia que fue recurrida por el
Fiscal de Estado lo que hace que hoy ni siquiera sepamos donde está el
expediente”.
Señaló luego Mendibil que en el 2007 la AJB promovió una acción de
amparo ante el juez Rezzónico por los descuentos a los días de huelga,
“él mismo dictó sentencia favorable a nuestro requerimiento, la que fue
apelada y la Cámara la revocó rápidamente, esta resolución fue apelada
por los trabajadores y la causa se encuentra paralizada hace más de tres años”.
“Esta suma de inequidades y de claras violaciones a derechos
consagrados en nuestra Constitución Nacional y provincial –enfatizó
Mendibil– está siendo enfrentada por los trabajadores judiciales
organizados en la AJB: la respuesta de la Corte ha sido alinearse
incondicionalmente con el Poder Ejecutivo y sancionar con brutales
descuentos de $ 5.000 y, en algunos casos, de hasta de más de $ 10.000
pesos, condenando a miles de compañeros a no cobrar su salario o en su
defecto recibir sumas de 60 o 80 pesos, los que deberán afrontar como
jefes o jefas de familia las obligaciones alimentarías y de
sobrevivencia durante los meses de junio y julio. Y hasta incluso se ha
llegado a inventar causas penales por parte del Ejecutivo y de la Corte
provincial para procesar a cuatro compeñros judiciales por su lucha en
este largo conflicto”.
«Está muy claro –sintetizó al finalizar su intervención en la primera parte

de su exposición– que a los trabajadores judiciales se nos
intenta quebrar por hambre, por despidos, iniciando causas penales ó
instalando el terror para que paralicemos nuestra lucha por el derecho

a discutir paritaria y a garantizar un salario que respete el principio
constitucional de ’a igual tarea, igual remuneración’».
Santiago del Estero
En otra parte de su exposición, el Secretario General de la FJA se
refirió al proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados de la
provincia de Santiago del Estero, que propone la creación de un juzgado
de derechos reales y ambiental de primera y segunda nominación con
asiento en la ciudad capital. “Se trata –sostuvo– de una clara maniobra
de suprimir del mapa jurisdiccional (art. 10 del Proyecto de Ley) al
juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional y un juzgado en lo
Civil y Comercial de la Jurisdicción de Monte Quemado, departamento
Copo».
“Esto –agregó– es una maniobra orquestada desde el Poder Ejecutivo
local a cargo del Gobernador Zamora, diciendo que hay poca actividad
judicial en el juzgado a suprimir, pero en realidad, lo que se esconde
es la disputa por las tierras ocupadas y que son de tenencia de
pobladores de la zona que hoy son desplazados por los nuevos
terratenientes (sojeros) y que significó la muerte del compañero
Ferreira, militante del MOCASE en un paraje cercano a Monte Quemado».

Lo que quieren –dijo– es “centralizar y reducir la diversidad de
opiniones”, frase que integra los fundamentos del Proyecto de Ley, pero
en realidad lo que intentan es impedir el acceso a la justicia de
ciudadanos con muy pocos recursos que son permanentemente agredidos por
el poder económico de turno para su desplazamiento.
«En este caso –señaló finalmente Mendibil– la Federación Judicial
Argentina sugiere una inmediata intervención de legisladores nacionales
presentado iniciativas en el ámbito nacional y también visitando el
lugar para tomar pleno conocimiento de la opinión que tiene la comunidad sobre esta cuestión».
Entre los diputados nacionales presentes se encontraban Fernando
“Pino” Solanas, Jorge Cardelli y Alcira Argumedo de Proyecto Sur; Roy
Cortina y Ricardo Cuccovillo del Partido Socialista; Omar Duclós del
GEN; Ricardo Gil Lavedra y Juan Pedro Tunessi de la UCR. Como así
también de referentes políticos, sociales y sindicales como Vilma Ripoll del MST;

Amancay Ardura de la CCC; Daniel Menéndez de Barrios de Pie;
Mario Cafiero de Proyecto Sur; Mario Mazzitelli del Partido Socialista
Aunténtico; y los dirigentes de la CTA Nacional Manuel Gutiérrez;
Guillermo Pacagnini y Darío Perillo, entre otros.
Víctor Mendibil estuvo acompañado en el Congreso de la Nación por el
secretario de Prensa de la FJA y Secretario Adjunto de AEJBA Judiciales
de la Ciudad de Buenos Aires, Matías Fachal.