El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG), organización que integra la CLATE, se pronunció sobre el ataque perpetrado por pandilleros este miércoles a un hospital de la capital guatemalteca, en el que murieron ocho personas. El dirigente denunció la falta de respuesta por parte de Ministerio de Salud y advirtió que el gobierno pretende aprovecharse de esta tragedia para privatizar el servicio de salud.

Prensa CLATE

Al menos ocho personas murieron, entre pacientes, policías y trabajadores de la salud, en un ataque armado perpetrado este miércoles por miembros de la Mara Salvatrucha en el Hospital Roosvelt, uno de los principales centros de salud de Ciudad de Guatemala.

El ataque ocurrió cuando un jefe pandillero llegó al hospital trasladado desde la cárcel para una cita médica y otros miembros de la pandilla irrumpieron disparando a mansalva para liberarlo. “Se trata de un pandillero condenado por haber cometido más de 20 asesinatos y jefe de una de las maras más sanguinarias de Latinoamérica”, informó el titular del SNTSG, Luis Alpírez.

“Los presos lograron escapar con vida, pero dejaron una secuela de terror psicológico”, señaló el dirigente, y destacó que “el Ministerio de Salud aún no ha salido a pronunciarse sobre qué práctica se debe hacer para mitigar ese terror psicológico que impera en los trabajadores de los hospitales”.

“Hay una zozobra, hay un caos”, manifestó Alpírez. “El Ministerio de Salud tiene descuidada la red hospitalaria. El sistema de salud está que colapsa porque no hay presupuesto, no hay medicamentos, no hay insumos y ahora se suma este otro problema y las autoridades no han puesto la cara para responder ni siquiera al dolor de las familias de los compañeros que murieron”, aseveró.

“No estamos diciendo que sean ellos los responsables, pero institucionalmente se debe salvaguardar la integridad, la vida, el ambiente laboral, sobre todo en un ambiente hospitalario”, aclaró.

Intento de privatización

El dirigente manifestó su preocupación, en nombre del SNTSG, ante “el proceso privatizador” que se está impulsando desde el Ministerio de Salud con el pretexto de hacer frente a esta situación. “No quisiéramos que, so pretexto de esta coyuntura, pudieran armar los hospitales con guardias de seguridad privados, porque no es esta la respuesta que el pueblo de Guatemala está esperando”, expresó.

“No quisiéramos que esta tragedia, que ha enlutado a familias de policías, de trabajadores de la salud, de personas comunes y corrientes, de pacientes del hospital, venga a abrirle la puerta nuevamente a este flagelo de privatizar la guardia», afirmó.

El dirigente argumentó que la guardia ha sido “descuidada” intencionalmente, para que las guardias privadas, “que proliferan y que son de los ex militares con dudosa reputación”, puedan apropiarse de la seguridad de los hospitales. “Hace tres años ya desterramos una plantilla de militares que llegó con ese propósito y, con nuestra movilización en las calles, logramos impedir esa militarización de los servicios públicos”, recordó Alpírez.

Antecedentes

El representante de los trabajadores de la Salud de Guatemala explicó que no es la primera vez que se realiza un ataque de este tipo. “En los últimos meses han aumentado las amenazas por parte de las Maras al traslado de reos a los hospitales. El problema no es la atención que se les pueda brindar a los prisioneros. El problema es que la proliferación de las pandillas ha sido tan evidente desde el punto de vista social que hay contradicciones entre ellos mismos. Cuando ellos salen de las cárceles, las pandillas rivales aprovechan para ajustar cuentas”, señaló.

Alpírez recordó otro ataque similar, perpetrado en el año 2015, al Hospital San Juan de Dios. “Llegaron hombres armados, irrumpieron en las emergencias y consultas externas, lanzando granadas, poniendo en riesgo la vida de la gente. Un grupo de trabajadores hizo la denuncia de que era peligroso atender a estos grupos criminales. Dos días después, asesinaron a una administrativa que tuvo el valor de presentar la denuncia ante los medios de comunicación”, relató.

Asimismo, el dirigente afirmó que “la proliferación de las pandillas es consecuencia de la descomposición social, que pudo haberse parado en el tiempo necesario, si se hubiesen establecido las reglas para un verdadero diálogo social, que respondiera a las carencias y la excusión que existen en los suburbios de las grandes ciudades,  que son un caldo de cultivo para las Mara”.

“El crimen organizado, el narcotráfico, los paramilitares, los poderes fácticos, los poderes económicos utilizan a estos jóvenes con sus fines perversos de mantener la ingobernabilidad. No se necesita ser antropólogo para entender que el problema de las pandillas fue manipulado intencionalmente por los grupos fácticos que siempre han ostentado el poder en el país”, concluyó el dirigente guatemalteco.