En medio de una sucesión de escándalos presidenciales que incluyen estafas multimillonarias con criptomonedas, corrupción y entrevistas arregladas, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Argentina se movilizó en la ciudad de Buenos Aires frente la sede central del PAMI (Programa de Atención Médica Integral) una institución que atiende la salud de más de ocho millones de jubilados y pensionados. También lo hicieron frente al Ministerio de Capital Humano.
El presidente de la CLATE, Julio Fuentes, presente en la movilización de este mediodía expresó que “este gobierno con sus políticas de ajuste quiere desmantelar al PAMI, transferir lo que sea negocio a los privados y dejar a la mayoría de los jubilados argentinos en la calle, sin ningún tipo de asistencia”.
Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, expresó: “Tenemos que evitar que sigan saqueando el presupuesto de la obra social y dejando a millones de jubilados abandonados y sin prestaciones. El PAMI es una de las obras sociales más grandes y su principio fundante fue siempre la solidaridad y ahora la están convirtiendo en una simple coordinadora de negocios con las corporaciones médicas privadas que son las únicas beneficiadas”.
“Tenemos que multiplicar las protestas en todas las oficinas del país no sólo para evitar su cierre sino para lograr su definitiva normalización y que se cumpla con la Constitución y la ley restituyendo al PAMI a sus verdaderos dueños que son los jubilados. La obra social debe ser gestionada por un directorio con participación de los trabajadores activos y pasivos”, señaló Aguiar.
“La autoridad presidencial está resquebrajada y la imagen del Gobierno debilitada. Los estatales no le podemos dar tregua. Tenemos que aumentar la confrontación en todo el país”, enfatizó el dirigente sindical argentino.
Movilización a Capital Humano
Durante la misma jornada, el sindicato estatal realizó una movilización al Ministerio de Capital Humano denunciando la drástica reducción y eliminación de políticas sociales, como así también por la amenaza de 2.800 despidos a fin de mes.
“El Gobierno pretende seguir desmantelando todos los programas y las políticas sociales destinadas a la contención y asistencia de las franjas sociales más vulneradas. A fin de mes en este sector vencen casi 3 mil contratos y esos vínculos deben ser todos renovados de manera automática. La destrucción de estos puestos de empleo se traducirá en una inmediata pérdida de derechos para una enorme franja de la sociedad”, concluyó Rodolfo Aguiar.
Fuente: www.ate.org.ar
