septiembre 2012

La manifestación, que fue convocada por la Confederación de la Clase
trabajadora (CCT) y la Federación de Sindicatos de Funcionarios de las
Universidades Nacionales (FESIFUNA), se concentró frente al Panteón de
los Héroes y posteriormente marchó hasta el Congreso Nacional, donde los dirigentes entregaron al presidente de la Comisión Bicameral del Presupuesto, diputado Amado Florentín, una nota conteniendo las
reivindicaciones de los trabajadores y un pedido de audiencia para
hablar sobre el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN).
“Repudiamos la orientación económica contenida en el PGN, presentado por el Poder
Ejecutivo al Congreso, principalmente en lo referente a la decisión del
gobierno de no otorgar ningún reajuste salarial a los funcionarios públicos, así como la reducción drástica de
programas de asistencia social para nuestro pueblo”, dijo el presidente de la CCT, Julio López.

Al respecto, recordó que son los trabajadores del Estado los que, con su esfuerzo cotidiano, sostienen y garantizan el funcionamiento del aparato estatal. “El rol que cumplen para la sociedad, por lo tanto, es de carácter estratégico”, afirmó López.
“Es de conocimiento público el nivel de desvalorización salarial, por efectos inflacionarios, provenientes del incremento de los costos de los alimentos como carne, lácteos, verduras, frutas, panificados, y de
otros componentes de la canasta familiar como el gas, los medicamentos los vestidos, etc.”, agregó.

Según López, el reajuste salarial del 20% para todos los Trabajadores del
Estado es sólo para paliar la devaluación acumulada del poder
adquisitivo de los salarios pues actualmente el salario mínimo debería
estar por encima de los tres millones de guaraníes mensuales. 

Solidaridad
Los manifestantes expresaron también su solidaridad con los gremios que
están en lucha, como los de Hacienda, de la Salud, la Secretaría de
Acción Social, del Ministerio de Justicia y Trabajo y los Docentes y
reclamaron la reincorporación de los despedidos.
 Resaltaron especialmente la lucha de nueve trabajadoras y trabajadores
penitenciarios que son contratados y recurrieron, desde el jueves
pasado, a la extrema medida de la huelga de hambre reclamando el
cumplimiento de un compromiso asumido, por parte del Ministerio, de
apurar el decreto de nombramiento de 10 funcionarios.
Explicaron, por otra parte, que existen 2.000 trabajadoras y trabajadores
despedidos por el sólo hecho de haber comenzado a trabajar en la función pública durante el gobierno de Fernando Lugo. “Nos solidarizamos con todas y todos ellos a la vez que repudiamos tal aberrante hecho, que viola la Constitución Nacional, los convenios internacionales y las leyes nacionales”, dijeron.

También reclamaron el fin de la represión y persecución sindical, política e ideológica en las instituciones del Estado.
Al respecto, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la SAS (SITRASAS), Genaro Palacios, explicó que existe una intensa campaña de caza de brujas contra “los zurdos”, trabajadores que por sus posiciones
políticas e ideológicas o simplemente por pertenecer al sindicato, son despedidos o mantenidos en el “frízer”.

Tortura sicológica en la SAS
Comentó, asimismo, el caso de 11 trabajadoras y trabajadores de Asunción que desde hace tres meses son perseguidos pues se les destinó a estar en una verdadera celda de castigo, sin ningún tipo de tarea, durante las ocho
horas de trabajo. En este caso, las autoridades de la SAS realizan una sistemática tortura psicológica.
 “Esta persecución también viola abiertamente la Constitución, las leyes y los convenios internacionales firmados por el Estado paraguayo”, dijo Palacios.
La movilización también reclamó seguro médico para todos los contratados
así como el nombramiento de todas y todos aquellos contratados que
tengan más de 2 años de antigüedad; que el Presupuesto General de Gastos contemple rubros suficientes para guarderías infantiles en todas las instituciones, además de la cobertura de todos los beneficios contenidos en los contratos colectivos.
Exigió la reducción del aporte jubilatorio del 16 al 9,5% y que el Estado
cumpla con el aporte patronal del 10%, al igual que en sector privado y
que las pensiones graciables salgan de la Caja parlamentaria y no de los trabajadores.
¿De donde sacar el dinero?
Para tener los rubros presupuestarios, los trabajadores proponen que el Estado recurra a los ingresos que arrojará el cobro del IRP y que inicie los trámites necesarios para el estudio y la aprobación del impuesto a la exportación desoja y de carne así como un impuesto progresivo al latifundio. Proponemos también que se restituya el impuesto a la renta de las empresas del 30 por ciento. Recordaron, finalmente, que el Paraguay está pagando más de un millón de dólares por día, más de 400 millones de dólares al año, de deuda externa, una
deuda ilegítima que ya se pagó toda pero que sigue creciendo. “Es hora
de declarar una moratoria unilateral de esa deuda”, dijeron.