El silencio de Humala y el envalentonamiento de ciertos
dirigentes empresariales confirman también la información a la que hemos podido
acceder los gremios, como la dación en los próximos días de normas provenientes
del Ejecutivo que ampliarían los efectos del régimen Mypes a todos los
trabajadores y trabajadoras, además de efectuar cambios a la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo, como quitar la supervisión al Ministerio de Trabajo y
eliminar la sanción a los empresarios que pongan en riesgo la vida de sus
trabajadores. 

Esto demuestra que el empresariado peruano, como históricamente lo ha hecho,
busca enfrentar la crisis financiera internacional acorralando políticamente al
Presidente para obtener prebendas a través de leyes que les garanticen
exoneraciones o el abaratamiento de la mano de obra, a diferencia de lo que
ocurre en otros países, donde el consenso social se direcciona a proteger el
consumo interno por medio de medidas destinadas a promover el empleo con
derechos. 

Con este marco político se justifica la lucha de los estatales contra la Ley
del Servicio Civil, norma que vulnera los derechos laborales, como lo confirmó
la OIT, institución que le hizo 132 observaciones al proyecto y que el gobierno
se negó a levantar. También se suman las demandas de los trabajadores textiles,
agroindustriales, services, contratas, autoempleados, trabajadoras del hogar,
etc, quienes recibieron compromisos del actual mandatario para corregir los
despropósitos de las leyes que regulan sus relaciones laborales y que hasta el
momento siguen sufriendo la injusticia de acceder a derechos plenos y remuneraciones
dignas.

Frente a ello, y como acción previa a la Jornada Nacional de Lucha del 4 de
julio, la CGTP ha solicitado al Presidente una audiencia para encontrar
solución a los problemas sociales y laborales que afectan a las millones de
familias, debido a que los ministros y demás niveles de gobierno han demostrado
su incapacidad para brindar respuestas concretas a las exigencias de los
trabajadores y los ciudadanos afectados por un modelo socio económico que
impide la justicia social. Esperamos ser recibidos por el mandatario, tal como
lo hizo con los empresarios y los partidos políticos.

Finalmente, alertamos a la población sobre la aprobación de una Ley que
promueve la privatización de las empresas públicas del agua. Este despropósito
como se puede comprobar en Tumbes puede conllevar al encarecimiento del acceso
al recurso hídrico perjudicando principalmente a los más pobres.

Por Mario Huamán Rivera, secretario general de la Central
General de Trabajadores del Perú (CGTP)