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Movilización popular para apoyar el proyecto oficial de ley de Impuesto a las grandes fortunas

Movilización popular para apoyar el proyecto oficial de ley de Impuesto a las grandes fortunas

La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto que tuvo 133 votos a favor, 115 en contra y 2 abstenciones. ATE (miembro de la CLATE) y la CTA Autónoma junto a sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones políticas brindaron una contundente demostración de fuerzas este miércoles en la puerta del Congreso para apoyar el proyecto oficial de ley de Impuesto a las grandes fortunas y el de legalización del aborto. La Federación Judicial Argentina, miembro CLATE, se sumó al apoyo a los nuevos proyectos de ley.

El punto de confluencia de mayor convocatoria fue justamente el palacio legislativo, a donde el ejecutivo envió el proyecto de Aporte Extraordinario, más conocido como Impuesto a las Grandes Fortunas; la Ley de Fuego, para evitar los incendios intencionales con fines inmobiliarios; la Ley Yolanda, para capacitar a los funcionarios públicos en el cuidado del ambiente; y el esperado y demorado proyecto de legalización del Aborto, acompañado de otro de cuidados durante el embarazo y los primeros meses de vida.

Allí se movilizaron las organizaciones sociales como Barrios de Pie, el Movimiento Evita, ATE Nacional, la CTA Autónoma, la UTEP y los más de cien espacios que componen el Manifiesto por la Soberanía y el Trabajo, La Cámpora y Kolina, entre muchos otros. Estuvieron presentes Ricardo Peidro, Secretario General de la CTA-A, Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario adjunto y titular de ATE, Alejandro Garzón, Secretario Gremial de ATE, entre otrxs.

 

Garzón señaló que «apoyamos de manera contundente este impuesto porque no aceptamos el hambre en un país tan rico como el nuestro, no aceptamos que millones de niños y niñas vivan por debajo de la línea de la pobreza. No aceptamos la brutal desigualdad histórica entre ricos y pobres, por eso insistimos en que este impuesto debe ser  permanente, hoy para salir de la crisis y mañana para construir un país más justo y solidario». Por su parte, Alba Curaqueo, miembro de la CDN agregó: «Hoy es un día histórico y muy esperado por las organizaciones que venimos luchando por una real redistribución de la riqueza en Argentina. Estamos aquí participando de este apoyo masivo para que finalmente se convierta en ley este aporte de las grandes fortunas».

 

La robusta manifestación representa un envión político para el gobierno nacional de cara a un fin de año complicado por la gravísima situación social y económica y la arremetida de los grupos de poder locales y el FMI.

Durante la jornada, el mensaje del presidente Alberto Fernández fue trasmitido en pantalla gigante en la puerta del Congreso ubicada sobre Avenida entre Ríos. Fernández subrayó que «la militancia es definitivamente un acto de servicio» y valorizó su aporte en el objetivo de construir «una Argentina más solidaria», luego de un enorme endeudamiento y fuga de capitales que perjudicó al país. «Esa militancia política permitió una y otra vez que los Gobiernos populares regresaran al poder después de dictaduras o después de tiempos democráticos, donde la política no se hizo a favor de grandes mayorías, sino a favor de minorías», reflexionó.

 

El impuesto a las grandes fortunas: El proyecto impone un aporte por única vez a las personas cuyo patrimonio haya sido mayor a 200 millones de pesos al último 31 de diciembre (3,15 millones de dólares a esa fecha, 2,53 millones a la cotización oficial actual), el equivalente a casi 20 departamentos de dos ambientes en algún barrio porteño.

 

Se calcula que la recaudación del aporte extraordinario podría alcanzar los $307 mil millones. Según las proyecciones del proyecto de Presupuesto 2021, representaría alrededor de 1 punto porcentual del PIB. El monto equivale al 80% del presupuesto del Ministerio de Educación para el año próximo, a dos veces el presupuesto del Ministerio de Salud y cincuenta y dos veces el presupuesto del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad. Si hubiese formado parte del presupuesto 2020, habría alcanzado para cubrir 2,5 millones de Ingresos Familiares de Emergencia durante doce meses.

 

La FJA se suma al apoyo

La FEDERACION JUDICIAL ARGENTINA, miembro de la CLATE, en un comunicado expresó su apoyo al proyecto de ley que establece un aporte solidario y por única vez a las grandes fortunas en trámite en el Congreso nacional.


El universo de contribuyentes alcanzado es ínfimo (0,02% de una población de 45 millones de personas) sobre una base imponible que indicaría que muchas y muchos “ricos” no quedarán comprendidos por diversas razones tales como elusión y evasión impositiva, existencia de testaferros, sub-valuación fiscal, fuga de capital, etc.

No obstante lo fundamental es dar este pequeño paso, en el contexto de la grave situación económica-social que atraviesa nuestro país, a pesar de las obscenas presiones en contra por parte de los grupos de poder económico que se expresan a través de sí mismos, de algunos sectores de la oposición parlamentaria y/o de los medios de comunicación hegemónicos.

Argentina forma parte de la región donde se expresa la mayor desigualdad del planeta. Pero este dato objetivo no puede ser la excusa para naturalizar la pobreza cuya existencia expresa una real violación de los derechos humanos de los millones que la padecen.

Por lo tanto es imperiosa la aplicación de medidas que permitan avanzar lo más rápido posible en una justa distribución de la riqueza. En tal sentido deben puntualizarse algunas cuestiones urgentes como ser: definir un haber jubilatorio que respete la dignidad de ese sector de trabajadoras y trabajadores que en su mayoría cobra haberes muy por debajo de la línea de la pobreza; paritarias libres sin techo a fin de evitar la depreciación del salario por el efecto inflacionario; reforma tributaria progresiva fundada en que “quien más tiene más paga”; que la negociación con el FMI exprese los intereses populares y en tal sentido la negativa a aceptar condicionamientos de cualquier tipo que vulneren esos derechos e investigar política y penalmente la deuda contraída con este organismo como asimismo el resto de la deuda externa.

 

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