La CLATE se solidariza con los y las dirigentes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Mendoza, Roberto Macho, Adriana Iranzo, Roberto Podio y Romina Castro, imputados por la justicia provincial por encabezar un reclamo por salarios y condiciones laborales dignas durante el año 2022, en un conflicto que tuvo una duración de más de 80 días.
El presidente de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), Julio Fuentes, expresó su enérgico repudio a la criminalización de la protesta en la provincia de Mendoza y se solidarizó con los dirigentes imputados.
«Rechazamos la persecución contra nuestras compañeras y compañeros mendocinos, quienes están siendo judicializados por el solo hecho de manifestarse por mejores condiciones laborales y salarios dignos, en una clara violación de los convenios internacionales que protegen la libertad sindical, el derecho a huelga y a la protesta», expresó Fuentes.
También se pronunció el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar: “El proceso de criminalización de la protesta en el país es gravísimo. Nos solidarizamos con nuestro Secretario General, Roberto Macho, nuestra Secretaria Adjunta, Adriana Iranzo, y en ellos con todos los dirigentes que están siendo perseguidos en Mendoza», señaló el dirigente.
«No podemos naturalizar que se judicialice a dirigentes sindicales sólo por peticionar en la vía pública. Cuando un Gobierno recurre a procesos judiciales o represivos contra quienes reclaman por sus derechos, queda en evidencia que no tiene la legitimidad para implementar sus políticas”, agregó.
Para ATE las imputaciones que pesan sobre ellos forman parte de la criminalización de la protesta que los gobiernos imponen como una forma de disciplinamiento contra quienes luchan por la dignidad de las y los trabajadores.
Respecto a las imputaciones contra la dirigencia, desde el Consejo Directivo Provincial de Mendoza se detalló que “nuestros referentes sindicales fueron verdaderos presos políticos de este gobierno, luego de ser reprimidos, imputados y condenados por luchar por salarios dignos para los trabajadores municipales de la ciudad de Mendoza, en plena pandemia”.
Asimismo, agregaron que el encarcelamiento del Secretario General y la detención de otras dirigentes gremiales surgió tras encabezar un conflicto en el año 2022, “que nos llevó a manifestarnos más de 80 días en las calles y lugares de trabajo de toda la provincia en reclamo por mejoras salariales urgentes para las bases”.
Mientras se cuestionan las acciones represivas que se extienden en varias jurisdicciones la conducción provincial, enfatizó que “desde hace años sigue pasando exactamente lo mismo. El régimen gubernamental actual de la provincia condena si estás en contra de las políticas salariales que ellos imparten. El resultado de esto no deja mucho por prever, ya que vas imputado, perseguido y preso”.
