Mediante un comunicado, la Unión del Personal Jerárquico del Banco de la Provincia de Buenos Aires (UPJ), organización integrante de CLATE, confirmó su adhesión al paro nacional bancario convocado para este jueves 23 de febrero por la Asociación Bancaria de Argentina, en el marco de la negociación paritaria 2023.

Los trabajadores y trabajadoras del sector bancario de Argentina realizarán este jueves un paro nacional de 24 horas para exigir una negociación paritaria justa y responsable, que garantice salarios dignos. Los gremios reclaman una revisión de las paritarias del año 2022, en la que obtuvieron un aumento salarial inferior al índice de inflación, y exigen que esa pérdida se compense en el incremento del 2023. Además, piden que el sector empresario «se haga cargo de parte del Impuesto a las Ganancias que hoy pagan los trabajadores», para que los incrementos no sean absorbidos por el tributo.

«El sistema financiero todos los años pone trabas para llegar a un acuerdo en el porcentaje de aumento de los asalariados. Nuestra lucha es por un porcentaje respetable, digno, que esté acordé con la inflación que hemos estado sufriendo y para no perder el poder adquisitivo de nuestro salario», explicó el secretario general de la UPJ, Guillermo Lugones.

El dirigente señaló, además, que uno de los principales reclamos del gremio que agrupa al personal jerárquico del Banco Provincia es la derogación de la Ley 15008, aprobada por el anterior gobierno provincial, que modificó el régimen jubilatorio de las trabajadoras y trabajadores de esa entidad.

Lugones calificó como «nefasta» esa norma, sancionada en el año 2017 por la entonces gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, bajo la gestión del presidente Mauricio Macri. «Con esa ley, el empleador no solo tiene que pagarle el salario a los trabajadores, sino también el salario a los jubilados, porque la ley esta hecha de tal forma que la Caja de jubilaciones propia del Banco Provincia no puede abonar la totalidad de los salarios de los jubilados. Lo tiene que hacer le banco».

En ese sentido, Lugones afirmó que se trata de «una ley que se ha dictado para desfinanciar el banco hasta que llegue el momento en que la institución no tenga los recursos suficientes y se declare en quiebra o necesite asistencia de capital privado». Y agregó: «El objetivo es sacarle la cancha a esta entidad estatal que trabaja en pos de financiar la producción de la provincia y de asistir las actividades del pueblo, para dejar vía libre a capitales privados«.

Asimismo, el titular de la UPJ afirmó que la Ley 15008 cercena una serie de derechos de los trabajadores y trabajadoras de la institución, entre ellos, la edad jubilatoria de las mujeres, que se elevó a 65 años.