Las medidas de AFJU no están resueltas, pero ya se sabe que serán «contundentes» desde el comienzo, con un conflicto que se concretará en las próximas semanas, según afirmó a El País el dirigente gremial Gustavo Signorelle. «No se descarta nada», aseguró.

En el menú de medidas del conflicto se encuentra la ocupación de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y de todos los juzgados del país. Signorelle señaló que «no se descarta ir a la huelga general». «Tenemos definido que no tendremos un conflicto largo y por eso no habrá medidas progresivas», agregó el dirigente gremial.

A mediados del pasado mes de febrero la SCJ fue condenada a reliquidar los haberes de unos 3.000 funcionarios a quienes la Corporación no les pagó un aumento salarial que les correspondía por ley, según AFJU. La resolución de primera instancia fue apelada por la Corporación. Actualmente, el caso está a estudio del Tribunal de Apelaciones Civil de 5° Turno, que confirmará la sentencia favorable a los trabajadores, dijeron fuentes judiciales.

Signorelle dijo que la SCJ ya comunicó a los funcionarios que en caso que la sentencia confirme el fallo de primera instancia, presentará un recurso de casación contra el fallo.

Los funcionarios sindicalizados entienden que la SCJ no puede recurrir a la casación, ya que de esa forma se convertiría en juez y parte en el proceso judicial iniciado por los funcionarios. «Sería una vergüenza que con dos sentencias en contra la SCJ termine resolviendo a su favor», dijo Signorelle.

A partir de la definición del segundo fallo, que sería alrededor del 20 de octubre, según estiman los dirigentes AFJU, el sindicato comenzará las movilizaciones.

El sindicato reclama que los poderes Ejecutivo y Legislativo se pronuncien y asuma una serie de modificaciones en la gestión del Poder Judicial que van desde el manejo de los fondos salariales hasta la redistribución de los juzgados de paz y la instalación de tribunales de apelaciones en el interior.

«Queremos revertir las políticas de la Corte con respecto a los juzgados de paz en el interior y generar cambios en la gestión», dijo Signorelle.

En los hechos, las medidas de AFJU dejarían en soledad a jueces y fiscales dado que la asociación de actuarios también se sumará al conflicto.

«¿Quién podría entender que hay garantías con esta SCJ? Sería una posición bastante ingenua y si algo no somos es ingenuos?», aseveró Signorelle.

«Venimos hablando de esto hace siete años, desde que llegó el gobierno de izquierda. La pelea para nosotros es que el Poder Judicial acompañe el ritmo de lo que es un gobierno progresista y no que vaya en dirección contraria; ese es el gran problema que tenemos», añadió el sindicalista.

ACTUARIOS.

Por otro lado, los ministros de la SCJ evalúan «las consecuencias funcionales» de las medidas gremiales de los actuarios, que desde ayer no tramitan expedientes en los que el demandante sea el Estado, dijo el presidente de la Corporación, Daniel Gutiérrez.

«La regla es que si se hace paro se descuenta, pero esta es una situación especial porque es acotado a algunos casos», indicó Gutiérrez a El País.

El viernes pasado, la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay resolvió que no realizará «ninguna actuación actuarial» en los juicios donde el demandante sea el Estado.

La medida de los actuarios es en reclamo de que se apruebe un aumento en su sueldo base y en su partida de perfeccionamiento académico, en el marco de la Rendición de Cuentas que esta semana terminará de aprobar la Cámara de Senadores.

Corte: Evalúa si las medidas gremiales de los actuarios ameritan aplicar sanciones.

JUEZ FALLÓ CONTRA LA CORTE

El pasado 23 febrero, el juez civil Alejandro Recarey condenó a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a reliquidar los haberes de unos 3.000 funcionarios administrativos y actuarios por un total de $ 100 millones (lo que equivale a unos US$ 5 millones). La acción judicial se realizó en reclamo de que la Corporación pague el aumento salarial establecido en el «enganche» del sueldo de los funcionarios al de los jueces, cosa que se estableció en el artículo 289 de la ley de Presupuesto del gobierno de Tabaré Vázquez.

Según la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), que realizó el juicio en conjunto con la Asociación de Actuarios Judiciales del Uruguay (Adaju), la SCJ no cumplió con los aumentos de 26% en los meses de enero, febrero y marzo de 2011 y de 12% en abril del año pasado. Así, para los trabajadores del grado administrativo más bajo, la condena implicaría cobrar unos $ 20 mil, según estimaciones gremiales.

Los funcionarios reclamaron a la SCJ el pago de un porcentaje que, según alegan, les corresponde de la equiparación salarial que cobraron los magistrados, en función de lo que previó un artículo de la Ley de Presupuesto del gobierno pasado (2005 – 2010).

El argumento de los funcionarios es que al no recibir el aumento se viola una norma que estableció un «enganche» porcentual entre el salario de los funcionarios y del subdirector general de Servicios Administrativos del Poder Judicial.

La Corporación pagó el aumento solamente en marzo de 2011, ya que luego de una polémica con el Poder Ejecutivo, el Parlamento aprobó una ley interpretativa que dejó sin efecto los incrementos. Los aumentos eran proporcionales a los sueldos de los ministros de la SCJ, que habían sido equiparados a los salarios de los ministros de Estado.

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