El discurso presidencial de apertura del año legislativo da un nuevo y mayor impulso a un antiguo reclamo popular, que desde hace años brega por una profunda reforma judicial que salde el déficit democrático de la magistratura y del sistema mismo de justicia en nuestro país. Sin perjuicio de un análisis específico de los proyectos de ley en los que plasmen ese ímpetu oficial, se puede coincidir con el planteo de que se impone una mayor participación ciudadana en el diseño y composición del Poder encargado de impartir justicia. Sin embargo no perdemos nunca de vista que el modelo judicial no es ajeno ni independiente del modelo de país. Ambos aspectos se correlacionan.