Conflictividad social, reforma estructural y crisis de gobernabilidad a seis meses del gobierno de Rodrigo Paz Pereira en la Estado Plurinacional de Bolivia.
Por Ariel Basteiro*
Bolivia atraviesa nuevamente un escenario de fuerte conflictividad política y social, en un contexto que remite a las etapas previas a la llegada al gobierno de Evo Morales en 2006.
Durante las décadas de 1980, 1990 y comienzos de los 2000, el país estuvo marcado por una elevada inestabilidad institucional, permanentes movilizaciones populares y una profunda confrontación entre organizaciones sociales y gobiernos alineados con políticas neoliberales impulsadas por el FMI y los Estados Unidos.
La llegada de Evo Morales significó una etapa de relativa estabilidad política y control de la conflictividad callejera mediante la articulación con organizaciones sindicales, campesinas, indígenas y movimientos sociales nucleados en el denominado “Pacto de Unidad”. Incluso tras la crisis derivada del golpe cívico-policial-militar-eclesiástico de 2019, Bolivia no había vuelto a experimentar niveles de tensión comparables a los actuales.
Sin embargo, apenas seis meses de la llegada de Rodrigo Paz Pereira a la presidencia, el país enfrenta una combinación de crisis económica, pérdida acelerada de legitimidad y debilidad institucional que vuelve a colocar a Bolivia en un escenario de alta inestabilidad política y social.
Un gobierno sin capacidad de articulación
Desde su llegada al poder, Rodrigo Paz no logró estabilizar la economía ni construir mecanismos sólidos de diálogo con los principales actores políticos, sindicales, empresariales y sociales del país. El gobierno tampoco presentó un plan nacional consistente para resolver la crisis cambiaria, el desabastecimiento de combustibles y el deterioro de las expectativas económicas.
En diciembre de 2025 se levantó parcialmente la subvención a los combustibles, medida inicialmente aceptada por parte de la población luego de dos años de faltantes de nafta y diésel. Sin embargo, desde comienzos de este año crecieron las denuncias por la mala calidad de la gasolina y los daños provocados al parque automotor. Un estudio impulsado por la Universidad Pública de La Paz concluyó que el combustible contiene niveles de goma ocho veces superiores a lo permitido.
La situación del diésel continúa afectando especialmente al agro y a las cooperativas mineras. A esto se suma un déficit fiscal cercano al 15% del PIB y la presión de organismos internacionales para avanzar en una devaluación y en la eliminación total de subsidios.
La debilidad política del oficialismo también quedó reflejada en las elecciones locales de marzo, donde apenas obtuvo 2 de las 9 gobernaciones y 39 de las 335 alcaldías del país. En cinco departamentos el voto nulo superó al oficialismo.
Además, el Gobierno no posee mayoría parlamentaria y su bancada se encuentra dividida en al menos cuatro facciones.
La relación entre el Presidente y el Vicepresidente aparece completamente fracturada, con un gabinete dividido y crecientes tensiones internas que profundizan la sensación de parálisis política.
La conflictividad social y el retorno de las movilizaciones
Durante las últimas semanas confluyeron simultáneamente múltiples protestas y reclamos sociales. La Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos docentes y cooperativas mineras exigen aumentos salariales y rechazan posibles privatizaciones de empresas estatales. Los transportistas protestan por el aumento de combustibles y la mala calidad de la gasolina.
Sectores interculturales e indígenas reclaman por tierras y exigen la derogación de leyes agrarias que consideran perjudiciales para pequeños productores, mientras que cámaras empresariales y grandes productores agrupados en CAINCO rechazan esas modificaciones.
Las juntas vecinales de El Alto denuncian desabastecimiento, inflación y deterioro del costo de vida, mientras persisten bloqueos en regiones estratégicas como Yungas, Desaguadero, Caranavi y Oruro, dejando prácticamente sitiada a la ciudad de La Paz.
En enero de 2026 el Gobierno debió derogar el Decreto 5503 – comparado por la oposición con el DNU 70/2023 argentino- debido a las movilizaciones sociales. Más recientemente, también derogó la Ley de Conversión de pequeña a mediana propiedad agraria. Sin embargo, lejos de desactivar el conflicto, las protestas escalaron y comenzaron a exigir directamente la renuncia del Presidente.
A este cuadro se suma la reaparición de discursos autonomistas en sectores de la denominada “Media Luna” -Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija y Chuquisaca- evocando tensiones separatistas similares a las vividas durante el primer gobierno de Evo Morales.
El retorno de Evo Morales al centro de la escena
En medio de la crisis, Evo Morales volvió a ocupar un lugar central en la política boliviana. Militantes de “Evo Pueblo”, el nuevo espacio político impulsado por el ex presidente, iniciaron una marcha de aproximadamente 190 kilómetros desde el altiplano hacia La Paz.
La movilización coincide con el inicio del juicio contra Morales por un supuesto caso de trata agravada de personas, proceso que sus seguidores consideran una persecución política y judicial.
Morales afirmó que la marcha cuenta con el acompañamiento de organizaciones históricas como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), además de sindicatos ya movilizados como la COB y el magisterio.
El ex mandatario sostuvo que las reformas impulsadas por Rodrigo Paz buscan avanzar hacia la privatización de recursos naturales y servicios básicos. También remarcó que el conflicto actual ya no responde únicamente a diferencias ideológicas sino a la defensa de la “canasta básica familiar”.
Reforma constitucional y giro económico
Frente a la crisis, el Gobierno anunció la creación de una comisión para impulsar una reforma parcial de la Constitución de 2009 con el objetivo declarado de facilitar inversiones privadas y destrabar la economía boliviana.
Un escenario abierto e imprevisible
El nivel de conflictividad en los ultimos días no se redujo, los niveles de movilización en el Altiplano son muy altos, no se da el mismo panorama en lo que se conoce como tierras bajas, Santa Cruz, Tarija, Pando , Beni, pero vale pena aclarar que siempre la conflictividad se da con mayor dimensión en el departamento de La Paz donde funciona la sede del Gobierno.
Esa movilización ya generó represión y hasta denuncias, por parte de las organizaciones sociales, de 2 muertos y cientos de heridos. Parecería que no hay marcha atrás para las organizaciones como la COB o las organizaciones de campesinos, que iniciaron el reclamo por reivindindicaciones puntuales y hoy solicitan la renuncia del Presidente, quien se encuentra en una situación sumamente delicada a tan sólo 6 meses de iniciado su mandato.
En medio de semejante caos, el gobierno de derecha argentino vuelve a inmiscuirse en asuntos internos, como lo hizo en su momento el gobierno de Mauricio Macri. El poder ejecutivo argentino encabezado por Javier Milei vuelve a mandar, contrabandeando, un cargamento de municiones y gases lacrimógenos para Bolivia con el objetivo de ayudar a reprimir el reclamo popular.
Vale recordar que aquella experiencia del Golpe del año 2019 dio inicio a una profunda investigación, luego reflejada en un libro al que titulé «Radiografía de una canallada», que cuenta de qué manera se organizó ese contrabando de armas.
Este nuevo hecho, protagonizado ahora por el gobierno de Milei, impulsará una nueva denuncia que ya inició el diputado boliviano Rolando Pacheco, que denuncia «una nueva canallada de un Gobierno de derecha argentino con el pueblo boliviano y su nación».
Mientras tanto, en Bolivia, el pueblo vuelve a su historia: resolver sus reivindicaciones en la lucha..
*Ex embajador argentino en Bolivia (2012-2015 y 2021-2023)
