La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de Chile, miembro de CLATE, se movilizará este martes 19 de mayo en Valparaíso contra el denominado proyecto de «Reconstrucción Nacional», que tramita en el Congreso Nacional.

Tras la aprobación del texto en la Comisión de Hacienda, en una tramitación exprés y sin respuestas concretas a las graves falencias y advertencias respecto de su sustentabilidad fiscal, la Cámara de Diputadas y Diputados iniciará, este martes 19 de mayo, la primera votación del Proyecto de Ley, mal llamado de “Reconstrucción”, impulsado por el gobierno de José Antonio Kast.

Para la ANEF, este texto legal es, en realidad, una Reforma Tributaria fiscalmente insolvente, que transfiere 3 billones de pesos anuales de recaudación tributaria directamente a los bolsillos del 1% de mayores ingresos de nuestra sociedad, debilita el Estado, vulnera derechos sociales y laborales, y pone en riesgo la institucionalidad ambiental.

Para expresar su rechazo, la ANEF convoca a sus bases a una Jornada de Movilización y Lucha para este martes 19 de mayo en todo el país, en coordinación con la Central Unitaria de Trabajadores/as (CUT) y el movimiento social y estudiantil.

En Valparaíso, la movilización será en las inmediaciones del Congreso Nacional y se llevará a cabo en simultáneo con la sesión de la Cámara de Diputados. Allí, las organizaciones exigirán que los legisladores voten en contra de esta iniciativa que condena al país a una espiral de recortes y erosión de servicios públicos. También habrá movilizaciones en otras provincias y regiones.

En su comunicado, la ANEF advierte sobre las consecuencias de este proyecto de ley:

• Debilita la recaudación fiscal y transfiere miles de millones de pesos anuales al 1% de mayores ingresos, en detrimento de la salud, educación, protección social y tamaño del Estado.
• Amenaza la institucionalidad ambiental, al priorizar la agilización de permisos sobre la participación ciudadana, la RCE y la protección de territorios de alto riesgo.
• Pone en riesgo la salud pública, la atención primaria y a los adultos mayores, al condicionar el financiamiento de servicios esenciales a una agenda fiscal que favorece la inversión privada sobre el bienestar de las mayorías.
• Expone a la Educación Pública, en todos sus niveles, al desfinanciamiento permanente, particularmente pone en riesgo a los sistemas de Educación Inicial y a las instituciones de Protección de niños, niñas y adolescentes.
• Precariza el empleo juvenil y reduce apoyo estatal a juventudes, organizaciones sociales y políticas de desarrollo inclusivo.

«Avancemos en un desarrollo para todos y todas con más y mejor Estado, con derechos sociales y laborales para todos y todas», finaliza la convocatoria.