En el marco del Congreso Cincuentenario de la CLATE, realizado en Cartagena de Indias, Colombia, a fines del mes de febrero pasado, los delegados aprobaron una serie de documentos de trabajo y acción en distintas áreas estratégicas para la Confederación. Uno de ellos es el referido a la problemática de las migraciones en la región y el mundo. Acordaron desarrollar políticas para proteger a los trabajadores que deben migrar en busca de una mejor calidad de vida.
El documento indica que, según los datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay en la actualidad unos 232 millones de trabajadores y trabajadoras migrantes en el mundo, lo que representa el 31,1% de la población mundial, y se estima que la globalización, los cambios demográficos, los conflictos, las desigualdades de los ingresos y el cambio climático impulsarán cada vez a más trabajadores y sus familias a cruzar las fronteras en busca de empleo y seguridad.
En general, la mayor parte de la migración en el mundo está relacionada con la búsqueda de trabajo: más del 90% de todos los migrantes internacionales está constituido por los trabajadores y sus familias. Se estima que uno de cada 8 migrantes tiene entre 15 y 24 años. Además, el 48% de los migrantes internacionales son mujeres.
Actualmente son los asiáticos quienes conforman el grupo más numeroso de personas que residen fuera de su lugar de nacimiento, en segundo lugar, se ubican los africanos y en tercer lugar, los latinoamericanos. Estados Unidos es el principal destino para los migrantes de la región y de otras partes del mundo. La población inmigrante en ese país era de 45 millones de personas en 2015, esto es aproximadamente el 13,9% de la población del país (PewResearch Center 2015a, 2015b).
Según el último Censo de Población de EE.UU., realizado en 2011, de los 21,2 millones de migrantes latinoamericanos, el 63% eran mexicanos, el 15,5% caribeños (puertorriqueños, cubanos y dominicanos), el 13% sudamericanos y el 7,9 % centroamericanos (U.S. Census Bureau, 2011).
A raíz de estos datos, el documento aprobado por la CLATE denuncia también que «la criminalización de la migración genera un Estado que permite a los gobiernos avanzar con sus políticas de exclusión, de violación de derechos fundamentales y desprotege aún más a los migrantes y, en consecuencia, a toda la clase trabajadora».
Es por ello que «es fundamental el rol de los sindicatos y su incidencia, tanto en la disputa de sentidos como en las políticas públicas para la defensa de los derechos de las personas trabajadoras migrantes, pero también para garantizar las condiciones de trabajo de los trabajadores estatales que día a día desarrollan sus tareas en contacto directo con migrantes y trabajadores de frontera».
Finalmente, la CLATE indica que «nuestras organizaciones deben ser capaces de contraponer una perspectiva de las migraciones desde el enfoque de derechos y desde la clase, haciendo propia y teniendo incidencia en la aplicación de la normativa internacional sobre las migraciones, tanto de la OIT como de Naciones Unidas, el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, pero también siendo parte de las estrategias de protección de los trabajadores migrantes mediante la promoción de la cooperación transnacional entre organizaciones de trabajadores, para la organización y afiliación de personas trabajadoras migrantes en sindicatos y proteger sus derechos mediante negociaciones colectivas y otros resultados de diálogo social bipartito y tripartito así como a través de buenas prácticas en asistencia legal».
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