La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó este por abrumadora mayoría una resolución para exigir el fin del embargo económico y comercial estadounidense contra Cuba que ya ha superado seis décadas, apoyada por 187 países y únicamente se opusieron dos: Estados Unidos e Israel. Ucrania, se abstuvo.
La resolución de la Isla presentada por su canciller Bruno Rodríguez Parrilla, denunció las violaciones contra el derecho a la vida, la educación, el progreso y el bienestar de los cubanos provocadas por el bloqueo de Estados Unidos. Sus efectos no han cesado ni un solo día y son conocidos por el 80% de la población cubana, que solo conoce un país con bloqueo.

“El Gobierno de Estados Unidos miente y hace un enorme daño a los esfuerzos internacionales para combatir el terrorismo, cuando acusa a Cuba, sin fundamento alguno de ser un país patrocinador de ese flagelo. No existe una sola política de Cuba dirigida a amenazar la seguridad nacional de EE.UU., ni que interfiera en sus asuntos internos o afecte el bienestar de sus ciudadanos”, subrayó Rodríguez Parrilla.

La acción genocida que afecta directamente a toda la población cubana en un pleno despropósito para provocar el colapso económico del país con el objetivo político de buscar deliberadamente infligir perjuicios a la población y crear inestabilidad, recalcó el ministro de Exteriores.
Además destacó los efectos recrudecidos del bloqueo sobre las exportaciones de Cuba y la permanente persecución de Estados Unidos a las operaciones bancario-financieras del país, junto a los elevados costos por reubicación geográfica del comercio, las afectaciones a la producción y los servicios que se prestan a la población como también los obstáculos que enfrenta Cuba para acceder a tecnologías de avanzada.

Año tras año desde 1992, el máximo órgano de deliberación de las Naciones Unidas ha solicitado a Estados Unidos que levante las sanciones a la isla caribeña sin éxito hasta la fecha. La resolución sometida por Cuba, «insta una vez más a los Estados en los que existen y continúan aplicándose leyes y medidas de ese tipo a que, en el plazo más breve posible y de acuerdo con su ordenamiento jurídico, tomen las medidas necesarias para derogarlas o dejarlas sin efecto». También pide al Secretario General de la ONU, Antonio Gutiérrez, que continúe preparando informe anual sobre los efectos del embargo, como el de este año (A/78/84), que sirvió de base para la deliberación.





