Luego del polémico fallo divido del Tribunal Constitucional peruano que ordenó la excarcelación del dictador Alberto Fujimori, las organizaciones de toda América que integran la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) se sumaron al pedido dirigido hacia la Corte Interamericana de DD.HH (CorteIDH) para que anule esta decisión que pondría en libertad al ex-presidente.

El ex presidente del Perú, Alberto Fujimori, cumplía condena de 25 años por crímenes de lesa humanidad por los casos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, donde 25 personas fueron asesinadas y 5 heridas. A esto también se suman el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, junto a otras 4 condenas de entre 6 y 8 años cada una por diversos delitos de peculado doloso, usurpación de funciones y corrupción.

Tras la decisión la Sentencia 78/2022 del Tribunal Constitucional del Perú, que restituye los efectos de la Resolución Suprema 281-2017-JUS a través de la cual se acepta el indulto y la puesta en libertad del dictador, la FIDH solicita, a través de una carta abierta enviada a la Corte IDH, que intervenga nuevamente y recuerda que «dichos crímenes tuvieron lugar durante una época de gran inestabilidad política en el país, en el marco del autogolpe de Estado de Fujimori (1992-2000), bajo el que se cometieron serias violaciones a los derechos humanos, a través de crímenes como secuestros, esterilizaciones forzosas y ejecuciones extrajudiciales».

A su vez, el escrito recuerda que ya “en 2018 la Corte IDH emitió una resolución en la supervisión de cumplimiento de sentencia de los casos de Barrios Altos y La Cantuta en la que señala que la ejecución de la condena forma parte del derecho de las víctimas al acceso a la justicia, ya que los beneficios pueden conllevar impunidad”.

Sin embargo, la Corte señaló que, si la cárcel agrava la situación de salud del condenado poniendo en riesgo su integridad, se tendría que hacer una ponderación de la posibilidad de indulto, pero siempre siguiendo unos estándares.

«Estos incluyen el cumplimiento de una parte considerable de la condena y el pago de la reparación civil impuesta; la rehabilitación del condenado y su reconocimiento de la gravedad de los crímenes cometidos; la participación y conducta del condenado en el proceso de esclarecimiento de la verdad; y los efectos del indulto y posterior liberación anticipada sobre las víctimas, sus familiares y a nivel social», explica la misiva.

Los estándares no han sido analizados en la Sentencia 78/2022 del Tribunal Constitucional, irrespetando la resolución de la Corte IDH y sus interpretaciones de la Convención Americana, así como los principios del derecho internacional o ius cogens.

En este marco, las organizaciones de DD.HH solicitan a la Corte IDH que “reafirme estos elementos que deben guiar toda solicitud de indulto, y que también anule la resolución del Tribunal Constitucional del Perú que permite el indulto de Alberto Fujimori sin tomar en cuenta estos estándares. Esta decisión debe realizarse desde la propia Corte Interamericana, evitando una resolución que obligue a las víctimas y sus familiares a recurrir a través de la justicia interna, alargando innecesariamente su lucha por el pleno disfrute del acceso a la justicia”.

La solicitud finaliza recordando que «la práctica regional considera la prohibición del indulto en casos de graves violaciones de derechos humanos, en respeto al principio de proporcionalidad en la fijación de las penas y su ejecución».

La carta abierta de la Federación Internacional de Derechos Humanos tiene como co-firmantes organismos de distintos países de la Región como Argentina, Perú, Brasil, Panamá, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Guatemala República Dominicana, México, Colombia, Chile y EE.UU.