Tras la decisión del Parlamento de Ecuador de aprobar el pasado martes un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso por malversación de fondos públicos, el titular de la FETMyP y secretario de Condiciones y Medio Ambiente de trabajo de la CLATE, Wilson Álvarez Bedon, analizó la grave crisis política que atraviesa su país.
El pasado martes 9 de mayo, la Asamblea Nacional ecuatoriana aprobó con 88 votos a favor el comienzo del juicio político contra el Presidente de ese país. Ahora, el pleno del cuerpo deberá volver a reunir un mínimo de 92 votos para confirmar su destitución.
La resolución se alcanzó gracias al respaldo de varias agrupaciones políticas, sobre todo de la correísta Unión por la Esperanza, el Partido Social Cristiano y el movimiento indígena Pachakutik, así como de independientes. En contra del juicio, que aún no tiene fecha de inicio, votaron 23 diputados y cinco se abstuvieron.
«La Asamblea Nacional ha dicho que va a reunir los votos para avanzar contra este gobierno corrupto de Guillermo Lasso, pero nosotros sabemos que ya hay negociaciones entre los distintos partidos políticos, hay posibles intercambios de cargos y entrega de Ministerios, asi que no tenemos mucha esperanza de que avance esta voluntad que el pueblo expresa en las calles: que se vayan todos», expresó el dirigente de la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Municipales y Provinciales y la CLATE.
Álvarez Bedon recordó también que ya en la movilización realizada el pasado 1° de Mayo en el marco del Día Internacional de las y los trabajadores, las organizaciones sindicales habían reclamado la urgente convocatoria a una referendum para resolver la crisis institucional y política en el Ecuador: «Este gobierno del banquero Lasso está entregado a los narcos . Es un gobierno corrupto que ha hecho mucho daño, ha engañado a la población y gobierna únicamente para un pequeño grupo de ricos, banqueros y empresarios. A los 18 millones de ecuatorianos nos han llevado a más miseria, mas migraciones, y muchos compatriotas muriendo por la guerra narco en las ciudades de la costa».
A esto agregó denunció también que el Gobierno ecuatoriano, en sus anuncios de combatir el narcotráfico, ha comenzado a aplicar políticas por decreto para militarizar algunas ciudades y regiones del país «y sin embargo crece cotidianamente la inseguridad». Y concluyó Álvarez Bedon: «Esos decretos, esas políticas, no lograrán frenar la protesta social, de los trabajadores, de los pueblos originarios, que seguimos en pie de lucha reclamando por nuestros derechos».
El juicio político a Lasso
La solicitud aprobada en primera instancia en el ámbito legislativo es la de «enjuiciar políticamente al presidente de la República por la infracción constitucional de peculado», señaló el texto votado por una amplia mayoría de los 116 legisladores de la Asamblea Nacional presentes en la sesión.
Según la acusación, «se evidencia el desvío o distracción de los fondos» generados por la empresa estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con compañías privadas, como Amazonas Tanker, con las que tenía relación contractual para el transporte de crudo.
El siguiente paso es que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, continúe con el trámite del proceso de juicio político acorde al artículo 92 y siguientes de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Según el artículo 142 de dicha norma, luego de la aprobación por más de 70 votos, tal como se alcanzó este martes, se debe convocar a una nueva sesión para que los parlamentarios se pronuncien a favor o en contra de la censura y destitución del presidente.
Lasso podrá ser sancionado y, en caso de ser destituido, el vicepresidente asumiría la primera magistratura hasta el año 2025. Más temprano, el ministerio de Gobierno señaló que el proceso legislativo carecía de validez. Sin embargo, Lasso ya habría anunciado en otras ocasiones que asistirá al juicio, avalado también por la Corte Constitucional, porque es su «obligación poner la cara ante el pueblo». Sin embargo, también advirtió que entre sus facultades constitucionales está la de disolver la Asamblea Nacional por una sola vez y dentro de sus primeros tres años de gestión, para dar paso a elecciones generales anticipadas con miras a completar el período de cuatro años, lo que se denomina «muerte cruzada».
Esta es la segunda ocasión en que la Asamblea Nacional, donde la oposición es mayoría pero está dispersa, pretende remover del cargo al mandatario.
