Julio Fuentes, secretario general nacional, agradeció en conferencia de prensa realizada en la sede sindical de la Avenida Belgrano al 2.500 «el acompañamiento de todas las instituciones en esa acción judicial y de manera profunda política».
El dirigente indicó que ello significa «la preservación de la memoria de los luchadores desaparecidos, la exigencia de justicia, el conocimiento de su historia: quiénes eran, qué hacían, de qué trabajaban, cómo era su familia».
También participaron en la conferencia de prensa representantes del Instituto Espacio para la Memoria, la Gremial de Abogados, HIJOS, Asociación Ex Detenidos y Desaparecidos y Tati Almeyda, de las Madres de Plaza Mayo Línea Fundadora, informó el gremio.
El secretario adjunto de la ATE, Hugo Godoy, precisó que «se trata del primer caso en el que la organización presentó una demanda por querella y, con seguridad, habrá otras», y sostuvo que «es una profunda responsabilidad y una deuda con el país».
La querella fue patrocinada por los abogados Pedro y Ataliva Dinavi, quienes señalaron que la desaparición de Laciar de Carrica
 el 18 de abril de 1977- se encuadró en la figura de genocidio.
Además, reseñaron que la ATE y la LADH obtuvieron «muy buenos resultados en una presentación realizada en la causa `Margarita Belén`, en Chaco», en tanto Héctor Carrica, secretario de Derechos Humanos de la ATE e hijo de Irma, indicó que la querella comenzó hoy porque «la defensa de los derechos humanos es política de Estado, por lo que hay que reconstruir la memoria colectiva».
Marcelo Duhalde, hermano del recientemente fallecido Eduardo Luis Duhalde, confirmó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación será querellante, también, en esta causa por desaparición.
Irma Laciar de Carrica fue una histórica dirigente de la ATE y responsable del servicio de presos políticos y búsqueda de desaparecidos de la Tendencia Revolucionaria del peronismo.
Comenzó su actividad gremial en la ATE en la década del ‘50 y fue varias veces delegada sindical; también fue docente en las cátedras de Medicina para el Trabajo (1972-1973) e integró el equipo de Derechos Humanos de la CGT de los Argentinos.
Durante el gobierno de Isabel Perón fue despedida y comenzó a ser perseguida por los grupos que conformaron la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) y, durante ese lapso y luego del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, ofreció apoyo a los familiares de los presos políticos y colaboró en la búsqueda de desaparecidos.