Aysén: La directiva regional de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), señaló que el dictamen del Contralor General de la República, que ordena reincorporar a la Presidenta de la Asociación de Funcionarios del Serviu – Seremi de Vivienda, Natacha Pot, abre un futuro de esperanza para el trabajo de los dirigentes sindicales en la región.

 

 

“¿Todos quienes votaron por el Presidente Sebastián Piñera aprueban las prácticas antisindicales al interior del Estado? Lo dudo mucho. Los convenios internacionales obligan al Estado chileno a respetar el sindicalismo que los trabajadores hacemos desde nuestras organizaciones, y ese respeto se ha vulnerado sistemáticamente desde marzo del 2010”, señaló el presidente regional de la ANEF Aysén, Julio López. El dirigente señaló que por esa persecución es que el dictamen del Contralor General de la República se vuelve tan importante, ya que puede marcar el inicio de una nueva etapa para los trabajadores fiscales.

 

 

Cabe recordar que el  lunes 20 de agosto, después de varios meses de espera, la dirigenta supo que la Contraloría, en Santiago, había fallado a su favor. La noticia fue comunicada personalmente por el Presidente Nacional de la ANEF, Raúl de la Puente, a la directiva regional de la organización, quienes a su vez se trasladaron hasta el domicilio de Pot para mostrarle el dictamen, firmado por la máxima autoridad del órgano contralor, Ramiro Mendoza.

 

 

La normal carrera funcionaria de la joven arquitecto fue interrumpida por las autoridades de gobierno, cuando en mayo del año pasado la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Baja, presidida por el Diputado Sergio Ojeda, la citó a declarar. Ello tras las acusaciones de irregularidades que hicieron funcionarios del Ministerio de Vivienda en la región, denunciando que en la aprobación del proyecto Hidroaysén, las autoridades de confianza política del gobierno habían actuado contra la ley.

 

 

Durante su declaración, la funcionaria ratificó los dichos de su colega, el arquitecto Fernando Miranda y de la encargada de la oficina de partes, Susana Niccodemi. Los tres señalaron a los parlamentarios que habían presenciado diversos hechos que hacían pensar que el Seremi de Vivienda (Nicolás Terrazas) no actuó con apego a la ley, ya que a pesar de tener intereses en la tramitación del proyecto hidroeléctrico, siguió manteniendo comunicación y reuniones con personal de la empresa interesada, es decir, Hidroaysén. Tras la investigación de rigor, después de reunir mucha documentación y recibir decenas de testimonios, la comisión de Derechos Humanos presentó un informe que fue votado y aprobado por la Cámara de Diputados. Las conclusiones eran tan irrefutables que incluso los Diputados Alinco y Sandoval, votaron a favor. En resumen, el informe de los parlamentarios ratificó la denuncia de los funcionarios públicos.

 

 

Lamentablemente, era tarde para los trabajadores que dieron su testimonio. A pesar de la solicitud formal que el Diputado Ojeda despachara al gobierno, pidiendo que no hubiese represalias contra los funcionarios, estas se dieron igual. Fernando Miranda, acosado laboralmente por su jefatura, decidió renunciar al cargo, enviando una carta al Ministro de Vivienda, informando lo que había vivido tras su declaración. Nunca recibió respuesta del Ministro. A Susana Niccodemi le fue peor. El gobierno no le renovó el contrato, modalidad utilizada masivamente desde marzo del 2010 para despedir a los funcionarios públicos. Por ello, quedó cesante desde el primer día de enero del 2012. Además, tanto Miranda como Niccodemi fueron sometidos a sumarios por parte de sus jefes.

 

 

Por su parte, Natacha Pot obtuvo la mayor votación en la elección dirigentes de la asociación de funcionarios que agrupa a los trabajadores del Serviu – Seremi de Vivienda, de la Región de Aysén. No obstante aquello, y la ley que ampara a los dirigentes sindicales para evitar precisamente este tipo de revanchas de parte del gobierno de turno, las autoridades regionales del Minvu la despidieron. Emplearon para ello una táctica diferente a la que usaron con Susana Niccodemi. A la arquitecto le informaron que su cargo había sufrido una “modificación de perfil”, por lo que su profesión y competencias laborales no se ajustaban a las necesidades del servicio. En consecuencia, a mediados de noviembre del 2011, se le ponía término anticipado al contrato que tenía fecha de término el 31 de diciembre y que, en circunstancias normales, debía haberse renovado, al igual que en el caso de Niccodemi, por todo el año 2012.

 

 

A pesar de los reclamos de los propios funcionarios, y los de la ANEF regional y nacional, el gobierno no respetó el fuero sindical de Natacha Pot.

 

 

En el marco de la movilización regional “Tu Problema es mi Problema”, los dirigentes del sector público decidieron pedirle al gobierno que, en señal de buena voluntad y como muestra de la disposición a avanzar, se reincorporara a los tres dirigentes sindicales despedidos el 2011 en los servicios públicos de la región de Aysén; Héctor Aguilera, Karen Zúñiga y Natacha Pot. A pesar de ello, en el mes de agosto el Subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda, trajo una negativa respuesta: no se reincorporaría a los dirigentes porque, en palabras de la autoridad, el gobierno “respetaba las decisiones de los jefes de servicio”.

 

 

Antes de ello, el caso de la dirigenta del Serviu había sufrido otro revés. La Contraloría Regional había rechazado una presentación en que se le solicitaba que se respetara el fuero garantizado por ley. Ello había llevado a la ANEF Regional a solicitar el respaldo de la directiva nacional de la organización. Finalmente, se presentó un recurso de reposición que obligaba al órgano contralor a re estudiar el caso.

 

 

“Sabemos que esto marca un triunfo para todos los dirigentes sindicales del Estado, en el país. Cuando el dictamen llegó a manos del Presidente Nacional de la ANEF, lo leyó de inmediato y nos llamó para pedirnos que le entregáramos un abrazo y sus felicitaciones a Natacha”, comentan los dirigentes locales de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales.

 

 

La propia Natacha Pot señaló que el triunfo de su caso es para ella una ratificación de lo que debe ser un funcionario público. “Uno sabe lo que está bien y lo que está mal, y esto es lo que debemos hacer los funcionarios públicos, ser honestos y trabajar por el bien común, no por intereses particulares o contra la ley”, comentó.

 

 

Por su parte, la directiva regional de la ANEF hizo un llamado a los funcionarios públicos a mirar el futuro con optimismo, ya que a su parecer, el tiempo de las injusticias debe ir quedando poco a poco en el pasado, agradeciendo el trabajo desarrollado por los abogados como Viviana Betancourt, y el respaldo de la directiva de la ANEF y su Presidente, Raúl de la Puente. “Hemos sufrido la persecución en diferentes formas. No sólo los trabajadores, sino también los dirigentes. Está el caso de Natacha y también el de  Karen Zúñiga, Héctor Aguilera. Ellos son nuestro ejemplo, porque jamás se han rendido. La adversidad nos ha unido y no debemos olvidar que somos más, muchos más y el tiempo del dolor, está dando paso al tiempo de la justicia para los trabajadores”, concluyeron.

 

 

 

Fuente: www.anefregionaysen.cl