Eran aproximadamente 3600 funcionarios los que iban a quedar sin bono a final de este mes por la discordancia entre la medición de cumplimiento de metas realizada por  Altoya y la de los funcionarios. Un bono que en términos prácticos equivale a 1,5 sueldos y se paga una vez por año a diferencia con otros Servicios Públicos. 

“Creo que pudo haber existido una diferencia técnica, pero esto se exacerbó como una forma de castigo al Ministerio Público. Han habido muchas diferencias en el ámbito de la persecución penal entre la institución y el gobierno, entre lo que el gobierno estima que debe ser la persecución penal y lo que la institución hace con respecto a la persecución penal, acciones que no satisfacen al mundo político, al gobierno específicamente y esto fue un intento de pasar la cuenta por un año difícil”, explica la directora de la FENAMIP, Natalia Césped.

Es así como el día viernes 8 a las 13.00 horas la misión se cumplió. Un logro conseguido a  un día  de la reunión con el ministro Chadwick, quien finalmente realizó las gestiones para que se cancelara el bono.

Cabe señalar, que el Ministerio de Hacienda daba por cumplidas las metas y el tema técnico que se suscitó entre el Fiscal Nacional y la consultora (Altoya) y se resolvió en términos jurídicos. “Como era un tema técnico y no un tema de productividad, decidieron darle una salida jurídica, es decir, una interpretación jurídica para no tener problemas con Contraloría”, expresa Natalia.

Tras el conflicto, la próxima tarea de FENAMIP se dirige hacia la reformulación de la ley 20.240 que regula el sistema de incentivos al desempeño de los fiscales y de los funcionarios del Ministerio Público, que según los funcionarios es una ley rígida y que no se ajusta a la real forma de trabajo del ministerio.

FENAMIP agrupa:

Asociación de la Fiscalía Oriente

Asociación Fiscalía Occidente

Asociación Fiscalía Centro Norte

Asociación Fiscalía Sur

Asociación Fiscalía Atacama

Asociación Fiscalía  Rancagua

Fuente: ANEF Chile