El presidente de CLATE, Julio Fuentes, participó del XX Encuentro Latinoamericano de Abogadas y Abogados de Trabajadores (ELAT 2026), que se llevó a cabo el 6 y 7 de noviembre en la Universidad de Valparaíso, Chile. También estuvo presente el titular de la ANEF, José Pérez Debelli.
El encuentro, organizado por la Asociación Gremial de Abogadas y Abogados Laboralistas de Chile (AGAL) junto con la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas (ALAL), reunió a delegaciones de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Honduras, México y Cuba. Además, participaron representantes de la Canadian Association of Labour Lawyers (Asociación Canadiense de Abogados Laboralistas).
El acto inaugural contó con las palabras de Matías Cremonte, presidente de ALAL, de la presidenta de AGAL, Carmen Espinoza, y autoridades de la Universidad de Valparaíso.
La huelga como derecho fundamental
El presidente de CLATE, Julio Fuentes, participó del encuentro, junto al titular de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) de Chile, José Pérez Debelli. Ambos dirigentes sindicales aportaron sus experiencias en el panel sobre «Derecho Colectivo del Trabajo frente a las restricciones a la libertad sindical y la acción colectiva: La huelga como derecho fundamental».
Declaración de Valparaíso
Al finalizar el encuentro, se aprobó una declaración final frente al asedio a los derechos democráticos: «Los abogados y abogadas laboralistas reunidos en el ELAT expresamos nuestra preocupación por el avance de la extrema derecha en el continente y en el mundo y su ataque sistemático al Estado de Derecho», expresan las delegaciones.
«Consideramos que la extrema derecha no es un accidente, sino una respuesta autoritaria del capital para disciplinar a los pueblos en momentos de crisis, impulsada por un neoliberalismo radical que busca desregular la economía y, sometidos al mercado, acabar con los derechos sociales conquistados por la clase trabajadora, a través de una reingeniería de los derechos para que dejen de ser universales e inalienables y volverse condicionales a la nacionalidad, a la alineación ideológica o a la conducta penal», señalan.
Asimismo, advierten que «esta ofensiva capitalista utiliza la digitalización y el sesgo de los sistemas algorítmicos no solo para profundizar la precarización y la deslaboralización encubierta bajo falsos autonomismos, sino como un mecanismo tecnopolítico orientado a fragmentar la identidad colectiva de la clase trabajadora y neutralizar su capacidad de organización sindical».
Y añaden: «Es necesario trasladar el debate hacia la justicia material: garantizar salarios que aseguren el derecho a una vida digna, y políticas públicas que aseguren la vivienda, la salud pública, la jornada laboral digna y la justicia socio-ambiental. Todo desde una mirada interseccional y con enfoque de género».
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