Se elevó a juicio una causa abierta contra dirigentes y militantes de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) de la provincia de Córdoba que, tras una jornada de reclamo social y un operativo policial desmedido, fueron detenidos y trasladados a una unidad carcelaria.
La Fiscalía de la Justicia provincial presentó el requerimiento de elevación a juicio en la causa abierta por los hechos ocurridos el 28 de agosto del año pasado frente a la Secretaría de Políticas Sociales de la Municipalidad de Córdoba. Esta causa fue denunciada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Córdoba “como una grave maniobra de criminalización de la protesta social basada en una investigación plagada de inconsistencias, contradicciones y omisiones deliberadas”.
Entre las personas detenidas se encontraba Federico Giuliani, secretario general de ATE Córdoba y de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-A) en la provincia, quien permaneció 24 horas esposado a la cama de un hospital, en un hecho de extrema gravedad institucional. También fue detenida Silvia Alcoba, secretaria Adjunta de la CTA-A Córdoba, junto a otros militantes y trabajadores que participaron de la jornada de protesta.
El avance de esta causa judicial no puede entenderse de manera aislada. Se trata de un intento de disciplinar a las organizaciones sociales, sindicales y populares que se movilizan frente al ajuste y el deterioro de las condiciones de vida. La secuencia de represión, detenciones arbitrarias, dirigentes esposados, traslado al penal de Bouwer y una causa judicial plagada de irregularidades evidencia una estrategia que busca criminalizar la protesta social.
Frente a este escenario, desde la ATE reafirmaron que no aceptarán la persecución judicial contra quienes luchan por los derechos del pueblo y manifestaron que “defender el derecho a protestar, es defender la Democracia”.
