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Crisis del agua en Montevideo: Central sindical reclama transparencia

Crisis del agua en Montevideo: Central sindical reclama transparencia

Uruguay sufre desde 2020 una sequía sin precedentes y el riesgo de que se acabe el agua potable en Montevideo y sus alrededores se ha vuelto dolorosamente real.

Por Carlos Lebrato, desde Montevideo

La crisis del agua, atribuida a los efectos climáticos y otros fenómenos meteorológicos, es toda una novedad para un país que desde el 2004 destacó como el primero en declarar el acceso a ese líquido como un derecho humano fundamental.

La sequía golpea con especial dureza el área metropolitana del sur uruguayo, que concentra más de la mitad de los habitantes del país. “Si no llueve, va a haber un lapso en el que el agua no sea bebible”, advirtió el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, la semana pasada. Y aunque sus reservas aumentaron levemente con algunas lluvias esta semana, hasta el jueves cubrían apenas 1,6% de la capacidad total.

Es por eso que OSE, la empresa estatal que abastece de agua potable a la población, comenzó a mezclar agua dulce y salina, aumentando la concentración de cloruro y sodio en su servicio.

Eso hizo que el agua que recibían muchos uruguayos para su consumo, entre ellos niños, niñas y mujeres embarazadas, adquiriese un sabor salado y tuviera niveles de cloruro y sodio por litro muy superiores a los límites que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Es por ello que trabajadoras y trabajadores alertaron a la población que la crisis del agua por la que atraviesa nuestro país “es gravísima”; reclamó al Poder Ejecutivo “medidas activas y transparencia” y que se sepa la verdad.

Consultada la delegada de la Secretaría de Salud del PIT-CNT, Carolina Arcuri, quien además es integrante del Ejecutivo de COFE, organización de la CLATE, destacó la “inacción del Gobierno ante una crisis tan preocupante”.

“Las y los trabajadores no somos los responsables del mal manejo que se tuvo de esto, de la poca voluntad del Gobierno para hacer frente a una crisis que todos advertimos hace meses. Exigimos que se asegure un plan concreto de abastecimiento tanto para escuelas, como para hospitales, liceos, centros de salud, entre otros. Que el Estado intervenga en el mercado de agua embotellada para regular los precios y hacerla accesible, fijando precios acordes a la realidad del Uruguay de hoy, donde 7 de cada 10 trabajadores y trabajadoras han perdido salario real en los últimos años”, señaló la dirigenta sindical.

Carolina Arcuri, Secretaria de Salud Laboral y Seguridad Laboral de la COFE y dirigenta del PIT-CNT

Siguiendo esa línea, Arcuri responsabilizó al gobierno de Lacalle Pou de maquillar la crisis: “Nos quieren hacer creer que esta crisis es producto de la sequía, pero el 50% del agua potable se perdió por la propia OSE por el mal estado de las cañerías y la falta de personal para repararlos. Todos los recortes en el Estado en las empresas públicas repercuten en el servicio y en el agua que termina llegando a nuestras casas”.

Por su parte, el ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres, aseguró días pasados, que no considera que la situación actual de emergencia hídrica amerite que las empresas se encuentren obligadas a proporcionar agua embotellada a sus empleados. «Hay una normativa vigente que habla de la obligación de brindar agua en condiciones bebibles para los trabajadores», sostuvo y agregó: «Por el momento cada empresa puede tomar la definición que corresponda».

Arcuri salió al cruce de tales declaraciones del Ministro y trasladó la preocupación del movimiento sindical uruguayo “porque la actitud del Poder Ejecutivo estaría vulnerando compromisos internacionales asumidos por el Uruguay en materia de diálogo social y negociación colectiva como así también en relación a garantizar que las y los trabajadores tengan acceso a agua potable en sus trabajos”.

«Más allá de las declaraciones sobre si el agua es bebible, no apta para embarazadas, si es intomable, reclamamos se asegure el suministro de agua para consumo que no represente un daño a la salud, es por eso que desde el PIT-CNT y particularmente desde la Secretaría de Salud reclamamos una actitud seria, independiente y no tomando parte en defensa de las empresas, y obviamente, en el marco del diálogo social, respetando los carriles correspondientes. No parece muy serio que el Ministro salga de vocero de las empresas, a protegerlas por las dudas, adelantando su opinión personal, cuando se trata de temas tan delicados como el agua potable y la salud de las personas”, remarcó Arcuri.

El Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, CONASSAT, ámbito máximo de Dialogo Social a nivel nacional integrado por Gobierno, empresarios y trabajadores, recomendó mediante resolución del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social del pasado 4 de julio se provea de agua embotellada a las y los trabajadores considerados de riesgo para el consumo del agua que suministra OSE.

Además, se acordó que se mantendrán reuniones semanales de seguimiento a nivel del CONASSAT para analizar los informes solicitados a Ministerio de Salud Pública, Obras Sanitarias del Estado y a la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, para evaluar si la recomendación debe ser una obligatoriedad que contemple el suministro de agua embotellada a todos los y las trabajadoras en los lugares de trabajo, tal como planteo la delegación de la central sindical PIT-CNT.

Asimismo se solicitó que se implemente una campaña de bien público a los efectos de brindar información clara a la ciudadanía sobre la situación en relación a las posibles consecuencias en la salud, especialmente de la población considerada de riesgo según el propio Ministerio de Salud Pública, población que utiliza medicamentos antihipertensivos y diuréticos y población con alguna de las siguientes condiciones: enfermedades renales, cirrosis, embarazadas, insuficiencia cardiaca. La próxima reunión se mantendrá el jueves 13 de julio próximo en la sede del Ministerio de Trabajo.

Así las cosas y en el marco de una situación que, a todas luces, al presidente de la República “se le fue de las manos”, tendrá que responder en el ámbito del Consejo Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo (CONASSAT) y posiblemente, ante la OIT, por las decisiones erráticas y peligrosas en el manejo de la crisis del agua.

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