En una reunión con la ministra de la Secretaría de Relaciones Institucionales de Brasil, Gleisi Hoffmann, el presidente de la Confederación de Servidores Públicos de ese país, João Domingos Gomes dos Santos, exigió avances en la reglamentación del Convenio 151 de la OIT.
El titular de la Confederación de Servidores Públicos de Brasil (CSPB) y vicepresidente 1⁰ de CLATE, João Domingos Gomes dos Santos, participó el pasado 9 de mayo de un encuentro simbólico con la ministra Gleisi Hoffmann, junto a otros representantes sindicales brasileños.
La reunión se llevó a cabo en la sede del Sindicato de Metalúrgicos del área metropolitana de San Pablo conocida como el “ABC”, por los nombres de las ciudades que formaron originalmente la región: Santo André, São Bernardo do Campo y São Caetano. El ABC fue el primer centro de la industria automotriz brasileña y es considerado la cuna del sindicalismo brasileño.
En el encuentro, João Domingos exigió que el gobierno brasileño se esfuerce más para reglamentar el Convenio 151, sancionado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace 47 años, pero aún sin efectos prácticos en Brasil.
Demanda histórica y urgente
João Domingos recordó que, en 2014, un consenso entre las centrales sindicales y el gobierno de Dilma Rousseff casi resultó en una reglamentación, la cual fue interrumpida por el golpe político e ignorada durante los gobiernos de Temer y de Bolsonaro. «En 2023, reconstruimos el acuerdo con un Grupo de Trabajo (GT) liderado por el Ministerio de Gestión, pero el proyecto sigue detenido en la Oficina Ejecutiva del Presidente de la República por discusiones semánticas inaceptables», criticó.
El presidente de la CSPB advirtió que, de no haber avances, el movimiento sindical volverá a presentar una denuncia contra Brasil ante la OIT en junio, denunciando el incumplimiento del Convenio 151, que garantiza derechos de negociación colectiva a los servidores públicos. «El gobierno de Lula tiene la oportunidad de dejar un legado histórico, pero llevamos dos años y medio sin respuestas», destacó.
Respuesta de la ministra y próximos pasos
Según João Domingos, la ministra Gleisi Hoffmann demostró sensibilidad ante el tema, pero parecía desconocer la lentitud del proceso. «Se comprometió a agendar una nueva reunión para evitar la incomodidad de una denuncia internacional», afirmó. La CSPB, junto con otras centrales, mantendrá la presión para que el proyecto sea enviado al Congreso aún en 2024.
«No podemos esperar medio siglo más por derechos básicos», reforzó Domingos, destacando que la reglamentación sería un marco para 18 millones de servidores públicos. La CSPB promete movilizar a sus bases y aumentar la presión social en caso de que el gobierno no cumpla su promesa.
