En audiencia realizada el 25 de noviembre en la Cámara de Diputados del Brasil, la CSPB y otras organizaciones que nuclean a trabajadores y trabajadoras del Sector Público alertaron que esta iniciativa parlamentaria se trata de un “desmantelamiento del Estado”.
El presidente de la Confederación de Servidores Públicos del Brasil y Vicepresidente 1° de la CLATE, João Domingos Gomes dos Santos, calificó la Reforma Administrativa como “inservible” y un “golpe legislativo”. En ese marco, las organizaciones sindicales anunciaron una movilización total para impedir su votación en 2025. La audiencia parlamentaria para debatir el proyecto colmó ayer el Auditorio Nereu Ramos de la casa legislativa.
La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 38/2025, conocida como “Reforma Administrativa”, fue objeto de duras críticas y de un repudio unánime ayer en la audiencia pública de la Comisión de Administración y Servicio Público de la Cámara de Diputados.
En ese marco, Gomes dos Santos fue uno de los más contundentes en su discurso. Al analizar la propuesta, afirmó: “Finalmente, al conocer la PEC 38, entendimos por qué el diputado federal Pedro Paulo (Partido Social Democrático) siempre decía que no iba a usar ni una coma de la PEC 32/2020. Comprendimos que esa motivación se debe a que la PEC 38/2025 es aún peor”. El dirigente resumió la PEC en una palabra: “inservible”.
“Es inservible porque es ilegal, ya que contiene muchos aspectos anticonstitucionales como por ejemplo la ruptura del pacto federativo. Es inservible porque es inmoral. A través de artimañas busca transformar a todo el cuerpo de servidores públicos en un gran ejército de operadores electorales”, criticó.
El líder de la CSPB agregó además: “Consigue la proeza de ser inservible dos veces: es inservible por lo que tiene y es inservible por lo que le falta”, refiriéndose a la ausencia de capítulos sobre relaciones laborales y negociación colectiva. Para él, la única salida es la movilización: “Si ellos aumentaron el calibre de 32 a 38, aumentaremos nuestra lucha para enterrar esta PEC una vez más”.
Unidad y representatividad
La dirigente Lílian Fernandes, 2ª Secretaria de la CSPB y presidenta de la CESP Central, representó al conjunto de Centrales Sindicales que organizan sus bases en la CSPB. Destacó la importancia de incluir a los servidores estatales y municipales en el debate. “Creamos la CESP Central al identificar la falta de representación y defensa de los intereses de los servidores públicos estatales y municipales. Vi a mucha gente aquí hablando de sí misma y de su carrera, pero nuestra lucha es colectiva”, dijo. Reforzó el compromiso de sus bases: “La CESP y todas las Centrales que represento en esta audiencia tienen un único objetivo: derrotar la PEC 38 por el conjunto de retrocesos que contiene”.
La lucha contra la PEC también ganó una dimensión internacional con la intervención de Tamara Barbará, responsable del área de afrodescendientes de la ISP. La dirigenta expuso ante la audiencia en nombre del Frente de Gremios Estatales de Latinoamérica y el Caribe que nuclea a la CLATE, la ISP y la UIS-SP. “Los días 20, 21 y 22 de marzo del próximo año estamos organizando el 1º Encuentro de Dirigentes Sindicales Afrodescendientes de las Américas y el Caribe en la ciudad de Salvador, capital de Bahía”, expresó. Y recordó que entre los objetivos del evento están enfrentar el racismo estructural y promover un Convenio en la OIT que atienda las necesidades de los trabajadores afrodescendientes del sector público.
Principales críticas a la PEC 38 y estrategia de movilización
Los participantes de la audiencia enumeraron una serie de riesgos asociados a la PEC 38/2025:
Fragilización del Estado: Vista como un instrumento para el desmantelamiento de políticas públicas esenciales como salud, educación y justicia.
Precarización del servicio público: Ampliación de contratos temporales y tercerizaciones, limitando concursos y reduciendo el plantel de servidores efectivos.
Pérdida de derechos: Eliminación de beneficios como adicionales por tiempo de servicio y licencias premio, sin un plan de valorización.
Ruptura del pacto federativo: Imposición de un techo rígido de gastos a estados y municipios, vulnerando su autonomía.
La estrategia de movilización planteada ayer por los oradores tiene como objetivo primordial impedir que la PEC 38 sea incluida en la agenda y votada en lo que queda de 2025. La idea es postergar la votación para 2026, año electoral, cuando la presión sobre los parlamentarios será aún mayor. El mensaje fue claro: los adversarios del servicio público serán identificados y severamente castigados en las urnas.
La audiencia respondió a un pedido de la diputada Alice Portugal (PCdoB-BA), quien destacó la complejidad y el profundo impacto de los cambios propuestos por el Grupo de Trabajo de la Reforma. La PEC 38/2025, según la parlamentaria, aún no tiene relator ni Comisión Especial designada. Además, el propio Ministerio de Gestión e Innovación en Servicios Públicos (MGI) reconoció en una nota que la reforma es “demasiado amplia y no hay consenso”, una señal de que la batalla política apenas comienza.
