Diversas
organizaciones de servidores públicos latinoamericanos viajaron a Lima del 2 al
5 de julio para solidarizarse con la lucha de los estatales peruanos contra la
ley del Servicio Civil, aprobada el por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo esa misma semana.

En
representación de la CLATE, asistió Pablo Cabrera, presidente de la Confederación
de Organizaciones de Funcionarios del Estado de Uruguay (COFE), afiliada a la
agrupación latinoamericana. La iniciativa, promovida por la Internacional de
Servicios Públicos (ISP), convocó a organizaciones de Argentina, Brasil,
Colombia, Ecuador y Uruguay. Durante cuatro días, los sindicatos invitados participaron
de las distintas actividades convocadas por los gremios estatales peruanos -CITE,
CTE y UNASSE- para debatir la nueva norma.

“Por esos días
estaba presente en el país un representante del Banco Mundial, hecho que es
importante tener en cuenta para analizar además los compromisos asumidos por el
gobierno hacia una transformación del Estado”, observó Pablo Cabrera.

La nueva ley fue aprobada por el Congreso el mismo martes 2 de julio. “Se trató de la
votación más apretada en lo que va de gobierno. El oficialismo, Perú
Posible, y algunos otros legisladores como el PPC se sumaron para llegar a los
59 votos, imponiéndose sobre los 45 votos que encabezaron el fujimorismo y la
izquierda. Hubo, además, tres abstenciones”, explicó el dirigente uruguayo.

“Con la noticia
de la sanción de la ley, el cronograma de trabajo cambió sustancialmente”, cuenta
Cabrera. Al día siguiente, miércoles 3 de julio, se realizó una reunión de los
diferentes gremios de públicos locales, en la que se planteó formalmente el
apoyo y solidaridad de las organizaciones internacionales presentes, la CLATE y
la ISP. También se llevó a cabo una marcha por las principales calles de Lima y
una rueda de prensa en apoyo a la lucha de los trabajadores peruanos.

Ese mismo día
comenzó la primera jornada del Foro Internacional en el Parlamento, a la que
asistieron referentes de la OIT y expertos peruanos en lo que se refiere al
tratamiento de los convenios internacionales y el contenido de la ley, ya que esta
vulnera derechos fundamentales como la negociación colectiva.

El jueves 4 de
julio los estatales latinoamericanos se sumaron a la gran movilización convocada
por la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP). Miles de trabajadores marcharon
por las calles de Lima hasta la Casa de Gobierno, con el fin de entregar un
documento al Presidente de la República,
Ollanta Humala.

Junto a la
clase trabajadora, marcharon también los estudiantes, en rechazo a una ley
universitaria que hace retroceder la construcción de la educación terciaria y la
participación de los estudiantes en la vida política de las universidades.

La movilización
también se reprodujo en las diferentes localidades del interior del territorio
peruano con un alcance también masivo.

Pablo cabrera
denunció la represión de la policía contra los manifestantes. “Durante varias
horas existieron enfrentamientos con la policía de a pie y a caballo, gases,
chorros de agua, palos y balas. Hubo saldo de varios heridos y tenemos que
lamentar el fallecimiento de un militante joven”, describió el presidente de COFE.

En la noche de
ese mismo jueves, se concretó el segundo día del Foro Internacional, en el que las
organizaciones presentes expusieron la situación de sus países con respecto a
la negociación colectiva y el proceso de transformación de los recursos humanos
del Estado.

“El encuentro
culminó con la elaboración de una estrategia a seguir por parte de las
organizaciones estatales peruanas, una declaración de solidaridad internacional
y el compromiso de difundir todo lo acontecido, así como alertar que esta ola
de sucesos se puede reproducir a lo largo y ancho del continente”, explicó
Pablo Cabrera.

Ley “Servir”

Los principales
dirigentes peruanos que han participado activamente de esta lucha son los
compañeros Winston Huamán, de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales
(CITE), afilada a CLATE, y José Delgado de la UNASSE. Según ellos, la nueva ley,
también conocida como “Ley Servir”, involucra a casi un millón de trabajadores
estatales.

Pablo Cabrera
explicó que la nueva norma restringe una serie de derechos laborales, como
libertad sindical y estabilidad laboral, y suma los períodos de prueba y las
evaluaciones. Por otro lado, reduce la capacidad de negociación por parte de
los sindicatos, ya que todo lo referente a salarios, presupuestos y condiciones
de trabajo sólo puede ser definido por el Ejecutivo.

“Se le permite
sólo a un 10% de los trabajadores gozar de la posibilidad de una carrera real
con ascenso. Esto no es una verdadera reforma, es excluyente y deja
principalmente a los escalafones obreros sin posibilidades”, adviertió el
dirigente uruguayo. Asimismo, apuntó que el traspaso de los trabajadores del
régimen anterior al nuevo es obligatorio, y no voluntario.

“Estamos todos
de acuerdo con la necesidad de fortalecer al Estado y la prestación de los
servicios públicos. A lo que siempre estaremos en oposición es que desde el Estado
no se dan las herramientas necesarias para lograr esos objetivos, que los
trabajadores siempre somos los culpables y desde el poder político nunca asumen
sus errores y el porqué del deterioro de las instituciones”, concluyó Cabrera.