Los gremios de las empresas estatales del Uruguay, entre ellos, la Unión Ferroviaria y la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, miembros de CLATE, se movilizaron este miércoles en Montevideo, en el marco del paro nacional convocado por la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE).

Las organizaciones que agrupan a trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas del Uruguay realizaron este 23 de julio un paro nacional en todo el país, para exigir el ingreso de personal genuino y el fin de las tercerizaciones, la recuperación del salario real, el desarrollo de la carrera funcional, más inversión en las empresas públicas y el aumento del presupuesto destinado al sector.

En Montevideo, los gremios que integran la Mesa Sindical Coordinadora de Entes (MSCE), marcharon desde la sede del Poder Ejecutivo, en la Plaza Independencia, hasta la sede del Ministerio de Economía y Finanzas, en la intersección de las calles Paraguay y Colonia.

La consigna central de la jornada fue: “Defender a las empresas públicas es poner al pueblo primero. Los servicios públicos son un derecho”. Participaron delegaciones sindicales de todo el país, que respaldaron los reclamos de la MSCE.

Durante el acto hicieron uso de la palabra Carolina Spilman, vicepresidenta del PIT-CNT con especial atención a la agenda de género y representante del Sindicato Único de las Telecomunicaciones (SUTEL), y Georgy Martínez, secretario general de la Unión Ferroviaria.

Spilman: “Cada derecho se defiende con lucha”

Carolina Spilman sostuvo que, ante el ajuste y la precarización del patrimonio público, “la clase trabajadora responde con organización y lucha colectiva”.

Afirmó que defender las empresas públicas es defender el país, los derechos y el futuro. “No estamos dispuestos a seguir viviendo en un país para pocos. Paramos porque las empresas públicas son del pueblo y se defienden”.

La dirigente sindical reivindicó el rol estratégico de las empresas del Estado, al señalar que “no son una carga”, sino “una herramienta fundamental para garantizar derechos, generar empleo de calidad y sostener la soberanía nacional”. “Cuando hablamos de empresas públicas, hablamos de patrimonio colectivo”, agregó.

«No queremos más tercerizaciones, ni contratos precarios, ni vaciamiento de funciones. Cuando el Estado se retira, crecen las desigualdades”

Carolina Spilman (SUTEL)

También rechazó el nuevo sistema de certificaciones médicas impuesto por ley, al que calificó de autoritario y sin negociación colectiva. “Es una ley que castiga a los funcionarios públicos cuando están enfermos, recortando su salario en el momento de mayor vulnerabilidad. No aceptamos que se siga ajustando a costa de la salud”, subrayó, y exigió su derogación inmediata.

Georgy Martínez: “La unidad para defender el patrimonio del pueblo”

Por su parte, el secretario general de la Unión Ferroviaria, Georgy Martínez, afirmó que los trabajadores del sector público “están en la calle en defensa de los servicios públicos y del patrimonio del pueblo”.

“Hoy estamos marcando un camino a seguir. En los tiempos que corren, la unidad no es solo una aspiración, sino una necesidad”, sostuvo Martínez. En ese marco, llamó a profundizar la unidad sindical para enfrentar el avance de las privatizaciones y los recortes.

Recordó que en 1992, junto al pueblo, el movimiento sindical logró derrotar mediante un plebiscito los intentos privatizadores impulsados por el neoliberalismo. Sin embargo -advirtió- “la victoria no fue total”, ya que “aunque no pudieron entrar por la puerta, las privatizaciones se metieron por la ventana”, dando paso a la enajenación de PLUNA y a la tercerización de servicios como limpieza y seguridad en casi todas las empresas públicas.

Martínez también alertó sobre la situación regional, al señalar que en Argentina, bajo el actual gobierno, “se han incrementado hasta en un 200% las tarifas de servicios básicos”, mientras se persigue a los trabajadores públicos “con represión y cárcel”, como ha denunciado la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales (CLATE).

Martínez saludó la reciente victoria de la Federación de Funcionarios de Obras Sanitarias del Estado (FFOSE) con la caída del proyecto Neptuno, al que calificó de “infame y privatizador”, y exigió la revisión de la ley de riego, que -dijo- “privatiza el agua, favorece a los grandes productores y contamina nuestras fuentes”.

Criticó que, cuando “la frazada es corta”, los servicios públicos sean siempre los primeros en ser recortados, mientras no se tocan “los privilegios de las patronales ni del aparato represivo”. Denunció que el sistema mantiene intactos los privilegios militares, como una Caja Militar que consume más de 600 millones de dólares anuales, mientras se destinan fondos a los cargos de confianza y a la represión, y no a asegurar servicios públicos de calidad.

“Quieren convencernos de que el Estado necesita un ajuste, y que para procesarlo hay que recortar funcionarios, disminuir inversión y políticas sociales, mientras los patrones se enriquecen y el pueblo padece”, señaló. Y recordó que fue el movimiento sindical quien sostuvo las ollas populares durante la pandemia, con firmeza y responsabilidad.

“Mientras los niños pasan hambre, barcos repletos de mercancías salen por el puerto con ganancias extraordinarias, construidas sobre la rebaja salarial”, denunció. También criticó el modelo capitalista global, que “ha empujado a la humanidad a una crisis que genera inequidad, concentración de la riqueza y exclusión”.

“Se pasa hambre en un país que exporta alimentos, mientras se entrega soberanía a grandes empresas transnacionales”.

Georgy Martínez (Unión Ferroviaria)

Martínez puso como ejemplo el contrato con UPM, firmado durante el gobierno anterior, que privatizó 250 kilómetros de vías férreas, dejó a AFE al borde del cierre y otorgó concesiones extraordinarias como la venta de energía eléctrica con precios asegurados por UTE, exoneraciones fiscales y régimen de zona franca. “Un acuerdo de entrega y genuflexión supina”, calificó.

También mencionó la situación del Correo, donde la Asociación de Funcionarios Postales reclama ingreso de personal genuino para atender la demanda actual. “La estrategia es siempre la misma: desabastecer para justificar la tercerización”, denunció.

Cuestionó la reforma jubilatoria, que eleva la edad de retiro a los 65 años, y criticó el rol de las AFAP, “que ganan millones pero pagan jubilaciones miserables”.

Denunció además la campaña propagandística que, con grandes sumas de dinero, impulsaron las AFAP para impedir la aprobación del plebiscito promovido por el PIT-CNT. “Gente que no sabe lo que es laburar desde hace años se unió como clase para operar contra la voluntad popular”, dijo.

El dirigente ferroviario destacó la lucha de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS) por el ingreso de personal y por un presupuesto que permita cumplir con su rol como centro de atención para los sectores más vulnerables.

A su vez, informó que la Unión Ferroviaria ha presentado varios proyectos de renovación del ferrocarril estatal sin comprometer al país con deudas millonarias. Denunció que, en lugar de fortalecer AFE, se la desmanteló mediante excedencias y retiros anticipados, mientras se monopolizó el ramal de salida de Montevideo.

“Quedamos 200 trabajadores, de los cuales 120 llevan más de tres años esperando ser trasladados al Ministerio de Transporte. Se pasan la pelota entre gobiernos, pero el objetivo común es desaparecer el ferrocarril público”, advirtió. “Que demuestren lo contrario invirtiendo para que la gente no quede tirada en el campo con trenes de 45 años que ya no dan más”.

El dirigente gremial exigió que el tren de pasajeros vuelva a la zona metropolitana y que el transporte de combustible y portland siga en manos de Servicios Logísticos Ferroviarios (SELF).

Martínez cerró su intervención con un llamado a mantener la independencia de clase. “Sigamos por el mismo camino, sin importar quién gobierne. La clase obrera somos nosotros”.

Fuente: PIT-CNT