Las organizaciones que integran el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) del Ecuador, entre ellas, la Federación de Trabajadores Municipales y Provinciales (FETMYP), anunciaron este 24 de julio movilizaciones contra la Ley Orgánica de Integridad Pública, normativa que facilitaría despidos masivos.
Mediante una rueda de prensa, representantes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), de la Unión Nacional de Educadores (UNE) y de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), informaron que en los próximos días definirán la fecha de las protestas. «Hemos decidido tomar acciones jurídicas y de movilización», afirmó Edwin Bedoya, presidente del FUT, quien llamó a otros colectivos a sumarse a las acciones.
Según comentó, con la «mal llamada» e «inconstitucional» Ley de Integridad Pública, el gobierno del presidente Daniel Noboa busca sacar de sus puestos a unos 50 mil empleados del sector público.
En opinión del líder sindical, el objetivo del Ejecutivo es cumplir con los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que esta semana aprobó un aumento del crédito para Ecuador.
“Los recursos recientemente recibidos servirán para despedir trabajadores del sector público”, aseveró Bedoya.
A su vez, el presidente de la Federación de Trabajadores Municipales y Provinciales (FETMYP), Wilson Álvarez Bedón, expresó: «Alertamos a todos a estar unidos y atentos a lo que comuniquemos desde las organizaciones que integramos esta coordinadora, porque vamos a convocar movilizaciones y plantones para defender nuestros derechos».
Y añadió: «Nosotros hemos presentado propuestas al gobierno, pero no hemos sido escuchados. Y ahora nos imponen esta ley, porque tiene que acatar lo que pide el FMI. Pero los servidores públicos somos los que hacemos posible que el país crezca y vamos a defender nuestros puestos de trabajo».
El FUT y otras organizaciones presentaron ya ante la Corte Constitucional varias demandas contra la Ley, aprobada en junio pasado y que reforma cuerpos legales relacionados con la contratación pública, la gestión tributaria, el sector financiero y la administración estatal.
En un inicio, el proyecto de ley era específicamente para modificar el proceso de contrataciones en el sector público, sin embargo el Legislativo incorporó otros cambios, incluidas reformas penales.
Entre ellos hay cambios en el Código de la Niñez y Adolescencia, al endurecer penas para adolescentes que cometen delitos, cuya pena máxima pasa de ocho a 15 años y la prisión preventiva se extiende de 90 días a un año, algo cuestionado por organismos como Unicef.
Fuente: Prensa Latina
