El presidente de la Confederación de Servidores Públicos de Brasil (CSPB) y vicepresidente 1 de CLATE, João Domingos Gomes dos Santos, advirtió que la propuesta de Reforma Administrativa que tramita en el Congreso Nacional afectará a los trabajadores del sector público y a los usuarios de los servicios. Gremios y centrales sindicales preparan movilizaciones en rechazo al proyecto.

La Confederación de Servidores Públicos de Brasil, integrante de CLATE, inició una amplia campaña para advertir sobre los retrocesos que contiene el proyecto de Reforma Administrativa presentado la semana pasada por el diputado Pedro Paulo Carvalho, del Partido Social Democrático.

“Cuanto más nos ahondamos en el análisis de la reforma administrativa que tramita en la Cámara de Diputados, más nos convencemos de que es ilegal por su inconstitucionalidad, es inejecutable porque propone cosas increíbles, como, por ejemplo, la Tabla Única Salarial para todos los niveles del Estado y los Tres Poderes. Es inoportuna y perjudica a los actuales y a los futuros servidores públicos. También afectará el funcionamiento de la administración pública y, por lo tanto, a los usuarios de los servicios públicos”, explicó el titular de la CSPB, João Domingos Gomes dos Santos, en un video difundido por redes sociales.

“También queremos advertir sobre el riesgo de que haya un golpe legislativo en la Cámara de Diputados, como ya ocurrió antes. Hay fuertes rumores de que el presidente de la Cámara intentará llevar el proyecto directamente a la sesión plenaria, sin debatirlo con el movimiento sindical, con la sociedad, con los estados y municipios”, señaló el dirigente.

La campaña impulsada por la CSPB incluye la realización de debates con los sindicatos de todo el país y la difusión de videos cortos para explicar los daños que causará la reforma. También se llevará a cabo una gran movilización en Brasiliael próximo 29 de octubre.

Unidad en la lucha y máxima alerta

Este miércoles se llevó a cabo una reunión de emergencia del Frente Parlamentario Mixto en Defensa del Servicio Público en la Cámara de Diputados. Allí, parlamentarios progresistas y dirigentes sindicales del sector público —entre ellos, el Director de Relaciones Institucionales de la CSPB y secretario de Relaciones con los Pueblos Afrodescendientes de CLATE, João Paulo Ribeiro “JP”, — elaboraron estrategias de acción contra la tramitación y aprobación del texto de la Reforma Administrativa en el Congreso Nacional.

Entre las principales medidas acordadas se encuentran movilizaciones en el Congreso Nacional, en los aeropuertos, en las redes sociales, en las calles y la creación de Foros Estatales para coordinar esas acciones.

Según el dirigente de la CSPB, João Paulo Ribeiro “JP”, quien estuvo presente en el encuentro, las acciones de presión se intensificarán. “Se decidió que ahora vamos a enfocarnos en movilizar y ejercer presión en los aeropuertos. El lunes por la tarde ya iniciaremos las acciones en los estados. Los martes por la mañana estaremos listos en el aeropuerto de Brasilia. Los miércoles también, durante toda la mañana, habrá gente movilizada allí. La estrategia es mantener la vigilia y la presión de forma permanente”, afirmó “JP”.

Además de las protestas en los aeropuertos y en el Congreso, frente al Anexo II de la Cámara de Diputados, otra línea de acción será la creación de “Foros Estatales de Lucha de los Servidores Públicos” para descentralizar y ampliar la resistencia a la propuesta.

“JP” destacó la importancia de la unidad entre los diferentes frentes de resistencia. “La unidad y la lucha de los servidores públicos es una sola. No podemos tener dos frentes actuando de forma separada. La lucha es la misma, la lucha es justa”, defendió el director.

Los tres pilares de la propuesta y sus riesgos

Los cuatro ejes de la propuesta —Estrategia, Profesionalización, Transformación Digital y “Eliminación de Privilegios”— esconden, según el análisis de la CSPB, trampas que pueden transformar radicalmente la naturaleza del servicio público.

Eje crítico: La profesionalización que precariza
De los 70 puntos de la propuesta, 26 están en el eje de la “Profesionalización”, donde se concentran algunos de los mayores puntos de preocupación:

• Fin de la progresión por tiempo de servicio: La progresión en la carrera quedaría totalmente condicionada a evaluaciones de desempeño, un mecanismo subjetivo que abre espacio a arbitrariedades y persecuciones.
  
• Vínculo estatutario por tiempo determinado: Crea la figura del servidor “temporal” por hasta 5 años, representando un retroceso hacia la lógica del clientelismo y la inestabilidad.
  
• Período de prueba ampliado: La estabilidad pasaría a estar “condicionada a la aptitud demostrada”, volviendo más inseguro el acceso al cuadro permanente.
  
• Tabla salarial unificada y carreras extensas: La propuesta establece salarios iniciales bajos (máximo del 50% del tope) y amplía los niveles de progresión a un mínimo de 20, lo que en la práctica puede reducir la remuneración a lo largo de toda la carrera y desincentivar la capacitación.
  

Meritocracia, bonificaciones y el fantasma de la austeridad
La propuesta introduce una lógica de gestión por resultados, con elementos preocupantes:

• Bonificación por resultados: La creación de una “decimocuarta nómina” para distribución meritocrática puede generar un ambiente de competencia interna y desvirtuar la naturaleza del servicio público, donde las metas cuantitativas no siempre reflejan la calidad de la atención a la población.
  
• Evaluación de desempeño sin participación sindical: La falta de previsión para la participación de las entidades representativas en la elaboración de los criterios de evaluación constituye un grave déficit democrático.
  
• Enfoque en metas financieras: El énfasis excesivo en la eficiencia fiscal y la revisión del gasto puede llevar al debilitamiento de servicios universales esenciales, como la salud y la educación, especialmente en momentos de alta demanda.
  

Lo que se presenta como “eliminación de privilegios” y sus efectos colaterales

A pesar de incluir puntos con atractivo popular, como el fin de las vacaciones de 60 días y los límites a las indemnizaciones, la CSPB advierte que este eje también afecta derechos consolidados de la mayoría de los servidores:

• Fin de los adicionales por tiempo de servicio.
  
• Prohibición de convertir vacaciones y días libres en compensación económica.
  
• Restricciones a los adicionales por insalubridad y peligrosidad.
  

La CSPB identifica los siguientes puntos prioritarios de alerta para la movilización:

• Amenaza al Pacto Federativo: La imposición de reglas nacionales únicas desconoce las particularidades de los estados y municipios, haciendo inviable la gestión local.
  
• Debilitamiento de la estabilidad: La vinculación de derechos fundamentales a evaluaciones de desempeño no reglamentadas y sin participación sindical abre la puerta a la inestabilidad.
  
• Silencio sobre la negociación colectiva: La propuesta ignora por completo la necesidad de reglamentar la negociación colectiva en el sector público, un derecho constitucional esencial para la democracia interna.
  
• Trámite legislativo acelerado: La estrategia de dividir la propuesta en tres proyectos con diferentes procedimientos busca crear un hecho consumado y dificultar el análisis crítico por parte de la sociedad.