La CLATE emitió un comunicado en apoyo a la iniciativa del presidente argentino, Alberto Fernández, de enjuiciar a los responsables del endeudamiento ilegítimo de la Argentina durante la gestión Macri.
El comunicado, que lleva la firma de Julio Fuentes, presidente de la CLATE y Horacio Fernández, Secretario de Estudios, Estadística e Investigación de la misma, inicia manifestando el histórico repudio al endeudamiento perpetuo al que han sido sometidos los países de la región con las consecuencias de pobreza que han ofrendado nuestros pueblos en el altar de una impagable deuda pública contraída a sus espaldas.
“En efecto, hay una clara relación entre los procesos de endeudamiento y las estrategias de valoración financiera de estos grupos y la fuga de capitales. Relación que no podría concretarse sin la clara complicidad del sistema político” manifiesta la proclama.
En la cuestión argentina, el texto destaca que el mismo ya había sido denunciado penalmente en el 2019 por Claudio Lozano, actual director del Banco de la Nación y Johnatan Baldivieso, fue respaldado por un amplio marco de organizaciones sociales y políticas.
También señala las malversaciones institucionales del acuerdo ya que fue realizado a espaldas del Congreso y sin documentación administrativa que respalde o autorice la necesidad de acudir al FMI ni el monto del endeudamiento.
“Al mismo tiempo en el mismo período que ingresaron al país desembolsos hasta U$S 44.490 millones se fugaron U$S 36.380 millones. Cabe destacar que los estatutos del organismo internacional prohíben préstamos a países que registren fuga de capitales”.
“Así mismo el cuestionado acuerdo establecía un plazo de devolución de cuatro años que se iniciaba en el corriente y concentraba pagos por montos aproximados a los 20.000 millones de dólares durante el 2022 y el 2023, cifras totalmente inalcanzables de pagar por Argentina”.
A su vez, la carta destaca la magnitud del préstamo para la incapacidad de pago de la Argentina: “el más alto otorgado por el organismo, también superó ampliamente la capacidad prestable que por estatutos y de acuerdo a su cuota societaria correspondía a nuestro país”
“Creemos más que justificada la calificación de bochornosos con la que más arriba nos referíamos al acuerdo, y destacamos la profunda importancia de iniciar las investigaciones judiciales que anunció el presidente argentino para desnudar las responsabilidades penales de los funcionarios que intervinieron. Así mismo poner en evidencia la complicidad del organismo internacional permitirá reforzar la posición negociadora del país ante el mismo”.
“Afirmamos una vez mas que “las deudas se pagan, las estafas no”, auditar a fondo el endeudamiento en nuestros países de forma de dejar claramente establecidas las responsabilidades administrativas y penales de funcionarios, así como la complicidad que pudieran existir de los acreedores.
“Permitir de tal forma liberar recursos que hoy se destinan al pago de una deuda eterna y destinarlos a combatir las condiciones de hambre y pobreza que hoy golpean a gran parte de nuestros pueblos”.
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