El gobierno uruguayo está viviendo desde hace unos meses su peor momento institucional, al surgir una investigación de la Justicia que señala todo un entramado de corrupción en las entrañas mismas del gobierno. 

Por Carlos Lebrato, desde Montevideo

Lo que comenzó en septiembre del 2022 como una investigación sobre la falsificación de documentación uruguaya para obtener pasaportes para ciudadanos rusos y ucranianos por parte del Jefe de Custodia del presidente uruguayo, Luis Lacalle, rápidamente se desvió a otro tipo de prácticas ilegales que llevaba adelante el principal encargado de la seguridad presidencial, que utilizaba las cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior para realizar seguimientos y utilizaba el aparato policial para hacer indagaciones y conseguir datos o “armar fichas” de diferentes dirigentes políticos y sindicales.

Según surge de filtraciones de la investigación divulgadas en el periódico La Diaria, quien fuera jefe de la custodia presidencial mandó a buscar y seguirle los pasos al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, en los momentos previos a sufrir un siniestro de tránsito. 

En los audios difundidos, el custodio envía audios y documentación personal y privada del choque al subdirector ejecutivo de policía de Montevideo y al secretario del presidente del Uruguay: “hay que matar a este hijo de puta, tengo todo armado por el general […], tengo dos policías de tránsito ahí también”, envió unos minutos más tarde.

Consultado al respecto, el presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y secretario general de CLATE, Martín Pereira, manifestó que “primero que nada solidarizarse con el compañero Abdala en este momento tan complicado. Que te vigile y persiga el Estado que debe protegerte es muy fuerte. Luego rechazar estas prácticas, es realmente lamentable vivir este tipo de persecución en plena democracia. Pero lo más preocupante es ver cómo se le quita gravedad a lo ocurrido por parte de alguna parte del gobierno. Esto que pasó es gravísimo para la democracia”.

La central sindical de Uruguay, el PIT-CNT rechazó el «seguimiento ilegítimo» a su presidente, así como todas las organizaciones sociales del Uruguay, pero para Martin Pereira es preocupante la posición adoptada por el gobierno y señala con preocupación el silencio desde la institucionalidad del Estado: “Todo lo que surge a partir de las filtraciones indica una clara intencionalidad de dañar y perjudicar a los involucrados. Se habla en algún lado de ‘hacerlos mierda’ o de ‘armar carpetas’ para presionar en un sentido u otro, esto en un Estado democrático debe ser condenado por todos y nos preocupa que no se haga. Que no se tome con la seriedad que corresponde desde legisladores del gobierno, ni desde el propio gobierno. Si no atendemos a los llamados de atención y paramos esta bola de nieve, la democracia está en juego y terminamos naturalizando algo que nunca debe ser natural: el atropello de la libertad democrática utilizando el aparato del Estado nunca puede ser minimizado, ni escondido debajo de la alfombra. Exigimos que el Estado pida disculpas, que investigue a fondo esta situación y que barra para afuera, echar a quien haya estado involucrado de una u otra forma en este hecho triste para la democracia del Uruguay”.