La nueva coalición de
partidos de derecha, que quedó conformada el pasado 1º de mayo en el Congreso,
consolidó cinco proyectos de ajuste que había en el parlamento, y que habían
sido ampliamente rechazados en el año 2000, en una sola iniciativa que expresa lo
peor de las políticas neoliberales, informó Olman Chinchilla en relación al
proyecto conocido como Ley para Racionalizar el Gasto Público.
En el mismo sentido se
manifestó todo el arco sindical costarricense, que hizo público su rechazo con una
convocatoria a la Huelga General en todo el país, que se hará efectiva si las
fuerzas políticas no retiran el proyecto del Congreso. La convocatoria, además de
la adhesión de la Federación Nacional de Trabajadores Públicos (FENOTRAP) y la
Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), cuenta con el
apoyo del Colectivo Sindical Patria Justa, el Sindicato de Trabajadores de la
Educación, la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de
Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) y la Central Social Juanito Mora Porras
(CSJMP).
El proyecto de ley
contempla disposiciones que derogan derechos laborales ya consagrados en el
ordenamiento jurídico local por la Corte Suprema de Justicia y habilita
cesantías masivas y suspensión de convenios colectivos. En la ley que quieren
votar hay un capítulo que establece que serán revisadas las convenciones
colectivas, y aquellas que no pudieran ser revisadas por falta de acuerdo
quedarán derogadas, sostuvo el Secretario General de FENOTRAP.
Con esta medida se
pretende eliminar el déficit fiscal e impulsar el superávit, con el objetivo de
alcanzar una meta de ahorro cercana a un billón de colones. Según denuncian los
sindicatos esto se lograría con el despido masivo de 60.000 trabajadores de la
administración central y mediante recortes presupuestarios en servicios
públicos esenciales.
