La Confederación Sindical de CCOO y su federación sectorial FITEQA, tras conocer la decisión del Gobierno argentino de nacionalizar YPF, ha expresado su desacuerdo y rechazo a una medida que causará graves perjuicios a los accionistas, sobre todo a los pequeños accionistas, a los trabajadores y a la economía española, en un momento especialmente delicado por la situación de crisis y recesión por la que atraviesa, y por la presión de los mercados financieros y especulativos. CCOO advierte que la decisión puede debilitar la estructura industrial de la empresa YPF y deteriorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de REPSOL. Recuerda en su declaración que CCOO es una organización sindical fuertemente implantada en las empresas de Repsol en España y que ha seguido desde su inicio el conflicto suscitado por el Gobierno de Argentina en relación con la filial de la empresa española en aquel país.

Denuncia CCOO que la decisión del Gobierno argentino, que hasta noviembre de 2011 bendecía la gestión llevada a cabo en YPF, contrasta con la de los gobiernos de Bolivia, Venezuela o Brasil, que han alcanzado acuerdos con Repsol para seguir con la actividad industrial y las inversiones en sus respectivos países. Unos acuerdos que han contado con el apoyo de los trabajadores y de los sindicatos que los representan.

«No debe olvidarse, precisa CCOO, que hoy Repsol es una empresa global, que se puso de manifiesto con ocasión del llamado «corralito» argentino, que en su momento llevó a los sindicatos españoles a firmar un convenio de congelación salarial en España, con garantías de respetar el empleo y las inversiones en Argentina, cuando otras empresas optaron por abandonar el país».

Por último, CCOO reitera su oposición a la decisión del Gobierno argentino, que califica de grave error, y evaluará los esfuerzos del Ejecutivo español y de la dirección de la empresa para defender los intereses  sociales, políticos, económicos y jurídicos que están en juego.

UGT condena la expropiación de las acciones de Repsol en YPF

El sindicato muestra su preocupación por el impacto sobre el empleo directo o indirecto ligado a la multinacional

 UGT condena la expropiación argentina de las acciones de Repsol en YPF y muestra su preocupación por el impacto que la medida puede traer sobre la economía española y, sobre todo, sobre el empleo directo e indirecto ligado a la multinacional Repsol. El sindicato insta al gobierno argentino a que abra un proceso de negociación para alcanzar una solución consensuada al problema generado y reclama al gobierno español que promueva la implicación al máximo nivel de las instituciones competentes de la UE.

Para UGT, la expropiación del 51% del accionariado de la empresa española Repsol (dejándolo en un minoritario 6%) constituye una agresión inaceptable a los intereses económicos españoles, que tiene graves consecuencias inmediatas, pero sobre todo a medio y largo plazo.

Resulta evidente el trasfondo hostil de la actuación, en la medida en que la nacionalización decidida afecta únicamente a la parte accionarial propiedad de Repsol, y no al 25% que posee el grupo Petersen, propiedad de la familia argentina Eskenazy, ni al restante 17% en manos de otros accionistas. Es decir, se trata de una actuación que no busca únicamente controlar la mayoría de la empresa energética, sino de hacerlo estrictamente contra los intereses de la empresa española.

Más allá de las razones aducidas por el Gobierno argentino, y que desde UGT no entramos a valorar, una decisión unilateral de este tipo no tiene cabida en el marco legal internacional, por cuanto vulnera no solo los pactos y acuerdos alcanzados en su momento por el propio gobierno argentino y la multinacional española en 1998, cuando ésta desembarcó en YPF en una operación realizada por el propio gobierno argentino, sino también los tratados internacionales que salvaguardan la seguridad jurídica internacional. Este es un valor imprescindible para alentar las inversiones extranjeras, y la acción de la Presidenta Kirchner genera una fuerte desconfianza sobre la fiabilidad de Argentina como país que sin duda provocará graves consecuencias económicas y financieras.

Por todo ello, UGT rechaza la medida adoptada unilateralmente por el gobierno argentino, y muestra su preocupación por el impacto que la misma puede tener sobre la economía española, sobre los pequeños accionistas de la empresa en todo el mundo (algo que, en el caso de los españoles, puede castigar aún más sus mermados niveles de renta y su capacidad financiera) y, sobre todo, sobre el empleo directo e indirecto ligado a la multinacional Repsol.

Desde UGT requerimos al gobierno argentino para que abra un proceso de negociación que permita alcanzar una solución consensuada al problema que ha generado, y que cumpla sus acuerdos y restituya la seguridad jurídica rota. Esta es la única vía para recuperar la confianza de los inversores internacionales en su país, con el que España mantiene fraternales relaciones bidireccionales de gran calado económico, social y cultural.

Asimismo, reclamamos al gobierno español la máxima información y transparencia en la gestión de este asunto, y una actuación firme pero prudente y exenta de gestos y declaraciones altisonantes. Igualmente, el gobierno español debe promover la implicación al máximo nivel de las instituciones competentes de la Unión Europea, para que ejerzan toda su capacidad de influencia y de presión a nivel internacional ante este ataque a una empresa relevante de uno de sus socios.